Pintaba como una inversión inmobiliaria redonda, pero se transformó en una causa por corrupción de las más firmes que cursan en los juzgados de Comodoro Py. El fiscal federal Guillermo Marijuán llamó finalmente este lunes a indagatoria al exministro del Interior, Rogelio Frigerio, a quien investiga por una serie de negocios vinculados a empresas constructoras amigas, a las que habría beneficiado como funcionario a cambio de retornos. 

Lo que la justicia investiga desde fines del año pasado es cómo hizo el ex funcionario y actual diputado nacional por Entre Ríos para adquirir una ganancia del 100 por ciento en dólares a través de dos inversiones “en pozo” en los barrios de Chacarita y Belgrano, vinculadas a dos sociedades anónimas ligadas entre sí, a las que además benefició aprobando la subasta pública de uno de los terrenos donde se está construyendo uno de esos edificios.

La mecánica del supuesto delito es compleja y se inscribe en el marco de otros procesos de compra y venta de terrenos públicos en los sectores más caros de la Ciudad de Buenos Aires a un puñado de empresas privadas durante el gobierno de Mauricio Macri, denunciados en su momento por la Oficina Anticorrupción (OA). El ex presidente también está siendo investigado por haber rematado tierras públicas por más de 16 mil millones de pesos, mediante decretos de necesidad y urgencia firmados durante los seis últimos meses de su mandato, algo que prohíbe la ley de ética pública. 

Según la denuncia, que data de fines del año pasado, Frigerio incorporó en su declaración jurada de 2017 un crédito millonario, por $3.298.000, con la firma Koolhaas SA, que data de julio de ese año. Pocos días antes, el 26 de junio de 2017, la misma firma se adjudicó mediante una subasta pública un inmueble público de 5.092 M2 en Fitz Roy al 800, en el barrio de Chacarita, por unos USD 13.600.000 de dólares.  

El propio exministro aprobó esa operación a través de la Decisión Administrativa 430/2017. Según la investigación que desarrolló la OA, ese crédito original que figuraba en la declaración jurada de Frigerio era en verdad una inversión en pozo para el edificio que se levantaría en ese mismo lugar. 

La prueba es fulminante y previene el boleto de compraventa, que está incorporado a la causa. De acuerdo a ese documento -que también firma otro exfuncionario, Alejandro Oscar Caldarelli- Frigerio habría pagado U$D 1293,75 el m2 en pozo, pero una de las cláusulas le da un valor de “reembolso” de U$D 2.300. La justicia investiga sí, tal como dice la OA, la operatoria del actual diputado por Entre Ríos “podría haber generado una ganancia excesiva del 77 por ciento en dólares”. “No podría descartarse que las diferencias de valores entre el precio de adquisición del m2 y su valor real que habrían favorecido a Frigerio, en realidad encubrieron el aporte de una suma de dinero abonada como contraprestación de conductas o influencias del nombrado en la subasta pública mencionada o de otra operación a favor de Koolhaas S.A”, dice la denuncia original. 

Pero eso no es todo. Frigerio también mantenía un negocio desde 2014 en el emprendimiento “Mirabilia Belgrano”, a través de la firma “Arcos 2646 S.A.”, del que además participó la constructora Caputo SA. Los socios de ese emprendimiento son Gustavo Esses y Ariel Naistat, los mismos dueños de Koolhas SA. En “Mirabilia Belgrano” Frigerio declaró un departamento de 150 m2 con cochera. 

“Se podría concluir que Rogelio Frigerio como acreedor de Kollhaas S.A. dependía del éxito económico de dicha firma para obtener la titularidad de la unidad funcional declarada en el edificio Mirabilia 851, circunstancia que genera la sospecha que podría haber intentado asegurar ese resultado desde su posición en la administración pública”, abunda la denuncia de la OA.

“Entiendo que la prueba colectada durante la instrucción de esta causa permite tener por acreditada la hipótesis delictiva denunciada, corroborándose las relaciones e inversiones efectuadas por Rogelio Frigerio y Alejandro Oscar Caldarelli con las firmas “Arcos 2646 S.A.” y “Koolhaas S.A.”, sociedades controladas por Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat, resultando la última de ellas adjudicataria en la Subasta Pública N° 1/2017 de la Agencia Administradora de Bienes del Estado”, resaltó Marijuán en su dictamen de este lunes. 

En su descargo dirigido a los medios, Frigerio descargó la culpa en la conducción de la Administración de Bienes del Estado (AABE). "La denuncia parte de una mentira inicial que es la de plantear que había vinculación entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el Ministerio del Interior, pero el Ministerio del Interior no tiene nada que ver con la AABE, ni competencia ni vinculación, en consecuencia, toda la acusación pierde sustento", dijo el ministro. 

La AABE era por entonces manejada por Ramón Lanús, hoy concejal electo de San Isidro por Juntos por el Cambio y también implicado en causas por la enajenación de patrimonio del Estado durante la gestión de Macri. Frigerio tampoco dio una explicación de sus negocios con esas empresas durante su paso por la Rosada, algo que tendrá que explicarle al fiscal Marijuán.