Parecía una sesión tranquila en el Senado, donde se trataba en el recinto una ley en la que había unanimidad para que se diera aprobación a un proyecto de ley que endurecería las penas por “compra y venta” menores. Pero el normal funcionamiento en la Cámara alta quedó empañado por una intromisión tan oportunista como poco feliz.

En medio de la conmoción nacional que suscita el caso Loan en Corrientes, por el que justamente volvió a tomar relieve un proyecto presentado por los radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto en 2022, y que había perdido estado parlamentario, el mayúsculo escándalo lo protagonizó el senador de La Libertad Avanza (LLA) por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, con una polémica propuesta de modificación.  

El texto que se trataba en el Senado planteaba aumentar las penas, de "4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.

Por otra parte, se incorporaba en el artículo 139, que prevé la pena de prisión de "5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos vinculados a la supresión y suposición del estado civil y la identidad". Esto se tiene en cuenta siempre en el caso de que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

Pagotto quiso implantar una versión modificada que no pasó desapercibida por la oposición. El miembro informante de la Comisión de Justicia releyó el texto acordado pero también agregó sus propios cambios. "Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad", sostuvo con el expediente en mano.

“Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dado, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, sostuvo para justificar su intención de modificar el artículo 139 bis del Código Penal.

Esto desembocó en la incredulidad y los cuestionamientos por parte de la bancada de Unión por la Patria (UP). Juliana Di Tullio puso el grito en el cielo: “Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen".

La comisión de Justicia planteaba un abordaje que contenía situaciones propias de contextos de exclusión y marginalidad pero no de la forma escandalosa que lo presentó Pagotto. La eximición en este primer caso se planteaba ante "situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en este Capítulo".

Ante la jugada del riojano, aliado político del titular de la Cámara de Diputados Martin Menem, el Senado dispuso la aprobación en general, y se devolvió el proyecto a la comisión para volver a tratar el texto con detenimiento.

CINISMO DE AHORA, IMPUNIDAD DE AYER

La mira sobre Pagotto se intensificó hace unos meses cuando desde el Congreso y el ámbito de los Derechos Humanos le endilgaban al abogado que no reunía las “las condiciones éticas y morales que requiere el desempeño de una función de tamaña relevancia institucional y de la cual dependen en gran medida los destinos del pueblo argentino", tras ser designado al frente de la Comisión Bicameral que debía encargarse de tratar el megaDNU 70/2023 con el que Javier Milei gobierna desde hace de siete meses.

Los organismos plantearon que Pagotto fue defensor de represores y funcionarios judiciales que fueron sbre los que pesan condenas por su rol en los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en La Rioja durante el último golpe militar.

Su prontuario no admite lugar a dudas.  Algunos de los representados por Pagotto fueron el vicecomodoro Luis Fernando Estrella, segundo jefe de la base aérea de Chamical, y el excomisario Domingo Benito Vera. Ambos fueron condenados por el secuestro y asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. En ese grupo de tareas tenía el mando Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo del Ejército. Pagotto también ejerció la defensa del exalférez Ángel Ricardo Pezzetta durante el proceso residual de esta misma causa.

Por fuera del ámbito castrense, Pagotto también acobijó con su patrocinio a la “casta” judicial y policial de la provincia del noroeste. Trabajó para el exjuez federal Roberto Catalán, y el expolicía Roberto Ganem, que fueron encontrados culpables por los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, homicidio y asociación ilícita en el marco de la Megacausa Menéndez.

De actitudes provocadoras y posturas negacionistas, siguiendo la línea de Ricardo Bussi en Tucumán o de la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, Pagotto calzó como anillo al dedo en el ideario “libertario”, que también incluye expresiones misóginas machistas.

En el llamado “Caso Pioli”, el primer caso de “sextorsion” que llegó a juicio oral en nuestro país, Pagotto defendió al acusado de violencia de género digital. En ese trámite agravió a la víctima llamándola “prostituta”, “exhibicionista”, “deshonesta”, “prima donna”, “mujer objeto”. Se refirió a la violencia de género como una “moda”, “nicho de marketing” y “negocio”, habían recordado los organismos de Derechos Humanos.

Además de defender genocidas, proxenetas, y policías acusados de “gatillo fácil", la cartera de Pagotto incluyó dirigentes de la provincia en el advenimiento democrático. Representó al exgobernador Ángel Maza y sus funcionarios en el enfrentamiento con su vice de aquel momento Luis Beder Herrera. Este proceso culminó con la destitución de Maza y el ascenso de Beder a la Gobernación.

Otro nombre de sus clientes resulta más asombroso por dónde se planta ahora este mandatario provincial frente al gobierno de LLA: el actual gobernador Ricardo Quintela. Además de Quintela, Pagotto estuvo en la representación del intendente de la capital riojana Armando Molina cuando ambos eran intendente y secretario general de la comuna, respectivamente, en el año 2006. Se los acusaba de corrupción en una causa que involucraba al ex secretario de Servicios Públicos Luis Simonetti.

De ese último pasado en su curriculum, Pagotto sí que prefiere no hablar. Todo lo demás lo defiende a capa y espada.