Por estas horas el Gobierno de Javier Milei negocia a contrarreloj para convencer a los aliados de la oposición amistosa para poder pasar la Ley Bases por el Senado sin muchos cambios con respecto al proyecto que llegó con media sanción de Diputados. Pero no le estaría saliendo.

Además de tener que incorporar cambios al menos en el Impuesto a las Ganancias, rechazado por los senadores patagónicos, que plantean la necesidad de que en esas provincias se eleve el piso de cobro por ser “zonas desfavorables”, hay otro punto aún más polémico que no convence ni a los propios legisladores “dialoguistas”.

Es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuestionado por sectores del radicalismo que encabeza Martín Lousteau, y del PRO, con críticas a cargo de la larretista Guadalupe Tagliaferri.

Ni siquiera los sectores colaboracionistas del plan del Ejecutivo pueden tapar el sol con la mano: con el afán de atraer inversiones, se plantea una política contra las Pymes y el desarrollo nacional, y antiambiental, que podría determinar que la Argentina se aboque exclusivamente a la producción sin valor agregado en el mercado internacional.

De aprobarse, sería el único país de la región en conceder privilegios tan altos al gran capital y de tanto costo para las futuras generaciones.

El proyecto del RIGI plantea:

- La atracción de empresas multinacionales para proyectos extractivistas de 200 millones de dólares.

-Se les otorga beneficios fiscales e impositivos.

-Se les reduce el pago por Ganancias del 35 por ciento al 25, con una amortización acelerada.

-Se los exime del pago de aranceles de importación, sin restricción alguna para exportar. Es decir, no deberán pagar retenciones.

-No estarán obligadas a comprar y vender en el mercado local.

-A partir del tercer año de inversiones, no tendrán la obligación de liquidar los dólares que generen en el país.

-Se les da la garantía de inamovilidad de la normativa, que no podrá ser modificada ni siquiera con una nueva legislación, ni a nivel nacional, provincial o municipal.

-No se incluyen a las PyMES en el proyecto, que se ven directamente afectadas por una competencia “desleal” contra los grandes capitales extranjeros que tendrían exenciones impositivas y de aranceles para importar, y que pueden operar o no en el ámbito local.

"EL DIABLO ESTÁ EN LOS DETALLES"

Para el titular de la consultora EPyCA Marín Kalos, de aprobarse este proyecto, habrá daños colosales en términos sectoriales, ambientales y de desincentivos a la producción y al empleo nacional. El economista hizo énfasis en las ventajas tributarias para los grandes capitales foráneos, de las que gozarían por 14 años y beneficios hasta por 30 años.

“La idea de hacer inversiones está bien. El problema es la ejecución, el diablo está en los detalles”, afirmó a Diagonales. ¿“Por qué se les da mejores beneficios fiscales, impositivos y cambiaros que a las compañías que ya están en la Argentina, que hacen inversiones por 50, 100 o 150 millones de dólares y no cuentan con estabilidad? Es un desincentivo para las PyMES”, expresó, cuestionando el régimen de aliento recién a partir de los 200 millones de dólares.

El especialista hizo hincapié en dos grandes sectores que son a los que apunta el Gobierno: las mineras y las hidrocarburíferas. “Las inversiones por esos montos en las automotrices o en la actividad agropecuaria son raras porque son sectores ya maduros que necesitan actualizaciones, pero no semejantes niveles para comenzar desde cero”. El halo de sospecha sobre la orientación del proyecto, diseñado para volver a reprimarizar la economía es importante. “El monto te determina que vos priorizás a esos dos sectores”, apuntó.

En términos concretos, este combo afectará a la producción nacional y al empleo que proveen las pequeñas y medianas empresas. “Las empresas beneficiadas por el RIGI podrán importar maquinaria, bienes de capital o cualquier insumo que necesiten con arancel cero y un montón de otras exenciones impositivas. Entonces, pueden importar más barato que lo que produce una máquina hecha en la Argentina porque esa máquina en nuestro país sí paga los impuestos”.

Pero, según comenta Kalos, las ventajas comparativas para el gran capital foráneo incluyen otros eslabones de la cadena: “Y si además tiene parte de insumos importados, los que no son alcanzados por el régimen sí tienen que importarlos pagando aranceles. Al final del camino, estás trayendo una máquina de afuera para que sea más barata que la nacional. Aun cuando la local fuera perfectamente productiva y produjera al mismo costo, el costo impositivo hace una diferencia”.

El agravante que indica Kalos y no se suele plantear en los medios de comunicación trae una preocupación extra de lo que podría pasar si en la Cámara alta aprueban la normativa: “Esta ley establece que la gran inversora además de poder traer la maquinaria importada puede darse vuelta y venderla en el mercado local. Si la trajo más barata y la vende más barata que la de la producción local, desincentivás la producción nacional y generás un gran negociado. Podrían traer 18 máquinas, para vender 17 y quedarse con una. Nada impide eso. Puede terminar siendo un negocio de importación y reventa de maquinaria colosal”.

“Es una ley mal diseñada, mal ejecutada y mal escrita. Tiene un montón de problemas, con daños sectoriales, ambientales y de desincentivos a la producción y al empleo nacional que si sale como está, generará muchos problemas para los próximos 30 años”, finalizó.