Entre la mano dura y los derechos humanos: a dónde va la política migratoria del Gobierno

La escena bien podría haberla protagonizado otro funcionario: si se reemplazara a la actual directora de Migraciones, Florencia Carignano, por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nadie lo notaría demasiado. El propio Miguel Ángel Pichetto se hubiera ofrecido para dirigirla, encantadísimo. La escena se transmitió en vivo y fue organizada por el Gobierno: un supuesto criminal, procesado por narco, nacido en Perú pero radicado –ilegalmente– en el país fue trasladado de la cárcel al aeropuerto de Ezeiza, esposado y con su rostro morocho al descubierto, ofrecido como un triunfo de la mano dura. Se lo subió al avión, de regreso al Perú. Una deportación exitosa, país más seguro, menos vulnerable. Al menos ese fue el mensaje oficial unívoco de la expulsión de John Paul Revilla Estrada, a través de la cual la Secretaría de Migraciones y el Ministerio de Interior dejaron en claro que la derogación del DNU 70, heredado de Mauricio Macri, no ablanda la política migratoria, tal como la propia Bullrich o el propio Pichetto y varios otros dirigentes de la oposición dijeron al unísono. Mas bien todo lo contrario.

Según pudo saber Diagonales, la puesta en escena generó escozor en la intelectualidad y el activismo de las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos de la población migrante y pelearon desde 2017 en adelante para que el DNU de Macri que agilizaba las expulsiones “expres” fuera derogado. Por supuesto que festejaron la decisión del Gobierno de Fernández de voltearlo y restituir la plena vigencia de la ley de Migraciones sancionada durante el mandato de Néstor Kirchner, en 2004, que incluso fue elogiada a nivel internacional. Hasta 2015 Argentina no sólo fue el país de la región que más inmigrantes recibió del Mercosur, sino que además les ofreció un marco normativo y de protección de derechos que incluso había sido, pese a sus puntos flojos, que los tuvo, una política de vanguardia en un mundo que levanta muros y destruye familias enteras en las fronteras. Todo eso cambió con la llegada de Cambiemos al poder, más afín al discurso “xenófobo” de moda en las derechas al norte del globo. Pero, se sabe, si el Frente de Todos quisiera revertir esa mirada aún le queda un largo trecho para recorrer. La derogación del DNU es un primer paso de muchos otros, pero la expulsión televisada de Revilla Estrada generó dudas. “Se puede ser progresista y tener mano dura con la delincuencia”, afirmaron desde el entorno de Carignano a Diagonales.

Hay datos bastante gráficos para entender la situación: Cambiemos dejó el gobierno en 2019 con más de 70 mil trámites de radicación sin resolver, y con un aumento acumulado del costo del papelerío para obtener la ciudadanía argentina del más del mil por ciento. ¿Cuál es la consecuencia? Si un migrante no consigue tener “los papeles en orden” es condenado sin más a la informalidad laboral y a una suerte de “ilegalidad” de hecho. Según números oficiales de la Anses publicados recientemente, casi medio millón de extranjeros en el país fueron rechazados por ese motivo y se quedaron sin cobrar el IFE. Es decir, el Estado no los ayudó en el peor momento de la pandemia. Les causó un daño doble: no les resolvió si situación documental, y, en consecuencia, los discriminó en el peor momento de la crisis del Covid. Para colmo, el 2020, primer año de la nueva gestión, fue el peor en términos de la historia reciente en cuanto a cantidad de trámites resueltos. El problema persiste y la solución está lejos, pese a que hubo un principio de avance a fines del año pasado, cuando volvió con fuerza el programa de abordaje territorial, nacido durante el kirchnerismo y volteado por el macrismo, que permite evitar las largas filas en la sede central de Migraciones y hacerse el DNI en los barrios, sobre todo del conurbano.  

Para colmo, Migraciones tiene otro dilema por delante: Macri, si bien batió todos los récords con 2500 migrantes expulsados en cuatro años, dejó antes de irse otras tres mil órdenes de extradición que por ahora están trabadas en los despachos de la Secretaría y en los juzgados. Pero algo hay que hacer con ellas, tarde o temprano. Y allí entra a tallar una perspectiva política: no es lo mismo expulsar a una familia trabajadora, con lazos establecidos en el país (hijos nacidos acá, por ejemplo) que a “narcos” o delincuentes: para ese segundo grupo, incluso, resulta hasta beneficioso retornar, porque es allí donde tiene su base de relaciones.

Hay otra serie de datos públicos que están ahí para ser chequeados por aquellos dirigentes que suelen atizar a los y las migrantes de “vagos”, “chorros” y otros latiguillos del estilo como “vienen a usar todo del país y no dejan nada”. Es al revés: en la mayoría de los casos, las familias que llegan del extranjero empiezan a trabajar casi desde el primer día (no tienen “lazos” familiares acá, nadie que les banque un alquiler, nada de lo que dispone y disfruta un “nativo” inserto en una comunidad de origen) por lo que se pasan la vida buscando el mango y gastándolo. Según el último censo, son 2,6 millones de personas, un 4 por ciento del total. Sin embargo, su representación en ayudas sociales como la AUH es menor a esa cantidad sobre el total de la población; y sus aportes de jubilación son incluso mayores. Además, lejos de lo que manifestó en su momento Patricia Bullrich, el número de personas migrantes que están presos por distintas causas se mantiene estable desde 2002. Son estadísticas de Anses y el sistema penitenciario, que no dejan mentir a este cronista pero tampoco debería dejar mentir a funcionarios y ex funcionarios.

Pese a todo, hay una conciencia establecida en el sistema político que aquél discurso de echarle la culpa a ese “otro” que es el extranjero tiene un alto grado de penetración. Bajo esa premisa, Cambiemos radicalizó incluso ese discurso durante el tramo final de la campaña de 2019, cuando ya estaba perdido, pero necesitaba fidelizar a su núcleo duro. En esa disyuntiva estuvo el gobierno de Alberto Fernández durante más de un año: anunció que derogaría el DNU de Macri en enero de 2020, a poco de asumir, pero no lo hizo hasta inicios de este mes. El dilema que tenían funcionarios de Interior y Migraciones tenía que ver precisamente con los efectos discursivos que generaría una medida como la que se tomó en el debate público. Había cierto resquemor con el hecho de ser “corridos por derecha”.

La respuesta política del Gobierno al debate público que le planteó la oposición terminó confundiendo los bandos. Básicamente, las autoridades de Migraciones encontraron un traspié en el DNU en cuestión: como habilitaba las expulsiones “exprés”, el Estado argentino, al contrario de lo que se buscaba, terminaba expulsando criminales peligrosos al exterior sin condenarlos en argentina. Eso generaba dos consecuencias negativas: las víctimas no encontraban justicia y los criminales, una vez llegados a su país de origen, quedaban pronto en libertad, lo que les permitía seguir “operando” y en todo caso reingrando por las porosas fronteras de un país tan extenso como el nuestro.

Como contrapartida, el DNU de Macri generaba además que muchas personas en situación de papelerío frágil, por violar una norma de tránsito, atropellar a alguien o cometer un delito menor estaba a tiro de la decisión de un juez o de Migraciones de ser extraditado sin prácticamente poder ejercer su pleno derecho a la defensa. De hecho, especialistas en la materia coinciden en que el macrismo no persiguió delincuentes, persiguió personas con irregularidad migratoria. La diferencia, como explicamos antes, es bastante notoria.

El Gobierno eligió la primera consecuencia negativa para reafirmar su decisión. El caso de John Paul Revilla Estrada le vino al pelo: fue condenado en el 2015 por liderar una de las organizaciones narco “más peligrosas del país”, según el comunicado oficial. “Había sido expulsado por extrañamiento en 24 de julio de 2017. Por este mecanismo, la gestión anterior de Migraciones hizo efectivo el traslado de Revilla Estrada a Perú, con pasaje pago por el Gobierno de Macri, donde quedó libre. Si no hubiese sido expulsado y liberado, aún estaría preso, cumpliendo su condena en Argentina”, resumió Migraciones.

Así y todo, la expulsión de Revilla Estrada no deja de generar un efecto disciplinador, similar a lo que sucedió cuando Carignano reveló que el Gobierno de Macri dejó entrar al país a miles de venezolanos sin consultar antecedentes. El problema allí es doble: se estigmatiza una procedencia y se desconoce la realidad detrás de las personas que se ven obligadas a migrar. No es una novedad para nadie que más de 6 millones de venezolanos escaparon del país del caribe angustiados por la situación económica y muchas veces sin la aprobación del gobierno de Nicolás Maduro, lo que los coloca en un caso especial de migración. Quizás lo único bueno del gobierno de Macri en materia migratoria quizás haya sido precisamente la decisión de acobijar a miles de venezolanos que escaparon buscando otra realidad.  

Lo de Revilla Estrada hasta puede enmarcarse en una suerte de espectacularización de la criminalización de la migración. Algo a lo que era susceptible Patricia Bullrich durante su gestión en seguridad con otros colectivos estigmatizados, como los pueblos originarios (todavía giran en y+Youtube sus viajes al sur vestida de guerrillera).

Lo que el DNU de Macri generó, además, fue miedo. No sólo en quienes efectivamente operó (los 2500 expulsados) sino en toda la población migrante del país. El rechazo xenófobo se vivió en bares, hospitales, bancos, etc. En la vida misma. A este Gobierno todavía le falta mucho para empezar realmente a revertir esa situación.