Tras casi tres meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio la imagen positiva del Presidente Alberto Fernández sigue siendo mayor al 70 por ciento, pero también es cierto que temas como la flexibilización de la cuarentena y la decisión de que el Estado intervenga la empresa Vicentin, han generado importantes debates y opiniones contrapuestas.

Las encuestas de consultoras privadas hablan de una caída de entre 5 y 7 puntos en la imagen positiva de Alberto Fernández, pero sigue siendo alta y mantiene un alto consenso. Por su parte, la Consultora CEOP, dirigida por Roberto Bacman, señala que el mandatario alcanza un 74% de imagen positiva y alrededor de un 20%, negativa.

En conversación con Diagonales, Bacman explicó que la percepción positiva de Fernández responde a su administración de la pandemia, “haciendo una rápida cuarentena y evitando el colapso del sistema sanitario, sobre todo en la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, el 79,9% de los encuestados considera que el aislamiento social fue entre “muy” y “bastante” exitoso; mientras que el 18,4% cree que fue “poco” o “nulo”. En estos números se evidencia una gran apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional respecto a la pandemia, pero al mismo tiempo un alto porcentaje cree que es necesaria algún tipo de flexibilización de la cuarentena.

Según el informe de CEOP, el 33,5% le parece bien una flexibilización gradual, el 48% también opina lo mismo pero expresa temor por lo que puede pasar, mientras que sólo el 13,8% del universo consultado opina que no debería hacerse ninguna modificación de la cuarentena.

Frente a estos datos, Bacman señaló que existe una dicotomía entre dos factores: “el más complejo es el económico, que es el que genera más presión sobre una persona que no puede salir a trabajar, a una familia que no llega a fin de mes,y otro que tiene ver con los factores actitudinales y anímicos que surgen durante el aislamiento. El umbral de tolerancia es el mal menor, si uno ve que la medida funciona y que no pasa lo mismo que en Brasil o en Chile, bueno eso te da un impulso para seguir peleándola”.

“El principal problema es la falta de certidumbre sobre qué puede pasar con la enfermedad, por un lado, y cómo se va a reactivar la economía después de la pandemia, por el otro”, contó el analista, y agregó que “a medida que erecen los casos, crece el miedo, eso genera en tu imaginario una contradicción, porque querés salir a trabajar para llevar dinero a tu casa, pero al mismo tiempo tenés miedo a salir y contagiarte. Esto provoca una tensión social”.

Por otro lado, uno de los temas que generó una gran polémica y debate en distintos ámbitos de la política y sociales, fue la intervención de la compañía cerealera Vicentin. La Consultora Zuban-Córdoba y Asociaciados realizó una encuesta sobre el anuncio del Estado Nacional y se encontró con que mucha gente no tenía información sobre el tema, pero que aún así tenía una postura tomada.

“Hay varios aspectos importantes”, describió Gustavo Córdoba en conversación con este medio: “el primero que no toda la sociedad argentina está informada al respecto, nosotros terminamos esta encuesta el 12 de junio y había un 40 por ciento de argentinos que no tenía información al respecto. Pero sí sucedió que cuando le preguntamos a la gente si estaba de acuerdo con la intervención o no, o si era necesaria, ese mismo 40 por ciento que decía no tener información, participaba después de las respuestas.

Ante esta situación, Córdoba aseguró que “hay una posición ideológica tomada a priori de cualquier tema, cuando vos preguntas, ante el desconocimiento lo que aflora automáticamente es la posición ideológica”. Ello se ve claramente reflejado en el informe de la consultora, donde luego de que casi un 40% dijera estar “nada” o “poco” informado sobre la intervención del Grupo Vicentin, un 38,4% dice no estar de acuerdo y un 36,1% que sí lo está.

Sin embargo, ante la consulta sobre si era necesaria o no la intervención estatal, allí afloraron los datos, tal vez, más interesantes. Mientras que un 30,8% aseguró que era innecesario, alrededor de un 47% dijo que sí era necesario, pero con algunos matices.

“La mitad decía que era necesario y urgente, y otra mitad que era necesario pero no urgente, estableciendo que había otras prioridades o que el Estado argentino estaba en una situación económica tal que no podía hacerse cargo del pasivo de la empresa Vicentin” explicó Gustavo Córdoba. .

De todas maneras, la grieta que abrió la medida anunciada por el Presidente Alberto Fernández para con la firma Vicentin, es innegable. “El gobierno subestimó la generación de consenso previo a la toma de decisiones, los gobiernos tienen que tender a ampliar los márgenes de consenso en torno a las medidas que toman y en este caso, eso no se produjo”, opinó el analista.

“Lo que sí se instaló y no cayó demasiado bien en la sociedad es la idea de que la empresa se vio favorecida por el gobierno de Mauricio Macri”, detalló Córdoba, quien señaló que “ahí hay un alto grado de consenso”. Mientras que un 40% no respondió, un 44% dijo compartir dicha afirmación, mientras que sólo un 14% estaba en desacuerdo.

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