Personalidades del ámbito judicial y los derechos humanos impulsan un pedido de juicio político contra Javier Milei debido a su accionar agresivo y discriminatorio en redes sociales, y las violaciones a legislación vigente en cada caso. Figuras como el ex juez federal Carlos Rozanski y la ex diputada Dora Barrancos encabezan la lista de nombres que adhieren e impulsan esta campaña que ya empezó a circular en busca de respaldo.

En el texto que presenta el pedido, se apunta a Milei con acusaciones vinculadas a “situaciones del ámbito político económico, con graves delitos sexuales así como de violación de la legislación vigente en materia de discapacidad”. 

Entre las mencionadas figuras, la presentación lleva la firma también de Liliana Hendel, Bettina Calvi, Natalia Verónica Amatiello, Luisa Kuliok, Nora Schulman, María Beatriz Müller y Enrique Stola. 

El documento hace hincapié en las reiteradas intervenciones del presidente Milei en redes sociales, donde han sido conocidos sus gestos agresivos y discriminatorios ya se de manera directa en su propia cuenta y en su propio discurso, como de manera indirecta replicando agresiones ajenas.

“Resulta igualmente claro que la responsabilidad del presidente es directa y personal en su participación en las redes y difusión de los contenidos en los que interviene. El propio vocero presidencial lo ratificó públicamente. Así, en la conferencia de prensa oficial que da el vocero presidencial Manuel Adorni, afirmó el 26 de febrero pasado que ‘…El Presidente Milei usa sus redes sociales, todo el mundo lo sabe; sin community manager y sin intermediarios, como forma de tener una comunicación directa con la gente’ (SIC)”, detallaron en el documento.

Para los denunciantes, “la recurrencia de ideaciones que refieren a la violencia sexual y a la pedofilia así como a utilizar como insulto condiciones de discapacidad, demuestran una falta de diques anímicos indispensables para la vida en sociedad y en especial para un correcto desempeño institucional” que imponen el pedido de juicio político.

En lo respectivo a la legislación judicial, los firmantes fundan su denuncia en “lo dispuesto en la Constitución Nacional (arts. 53,59 y 60) en lo que respecta al juicio político del presidente de la nación, así como en la normativa internacional (art. 75 inc. 22) respecto de la protección integral a los Derechos Humanos”.