En un momento de la historia argentina en el que el Gobierno de Javier Milei se ufana de recuperar la figura del liberal Alberdi, no sería de sorprender que otro Juan Bautista irrumpiera con fuerza en uno de los órganos más importantes del Estado.

Más lejos del ruido público que despertó el oficialismo con el nombramiento del polémico juez federal Ariel Lijo y del abogado/catedrático antiabortista Manuel José García-Mansilla para ocupar las vacantes en la Corte Suprema, que deberán contar con la difícil aprobación de dos tercios del Senado, hay otro lugar de relevancia en la administración de la Justicia que sigue vacante hace años: el puesto de Procurador General de la Nación.

El cargo de “jefe de los fiscales”, como se le suele decir a esta función, ya que entre otras atribuciones incluye la de dirigir a todos los funcionarios judiciales de los tribunales nacionales encargados de realizar acusaciones en las causas, se dirime entre tres candidatos que hoy son sondeados por el Gobierno nacional.

A los nombres del camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra, y el del juez de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky, que ingresó a la quinta de Olivos 16 veces para jugar al paddle durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo involucrado en las causas más sensibles contra Cristina Kirchner (Vialidad), se le suma un tercero de peso: Juan Bautista Mahiques.

Si se modifica el eje troncal del sistema procesal, de uno mixto a uno acusatorio, esto significaría mayor potestad para los fiscales ya que los jueces no tendrían en sus manos las investigaciones penales. En el régimen acusatorio, los fiscales, representantes del Ministerio Público, actuarían como investigadores en un proceso oral, dejando de lado la investigación escrita y “secreta” del juez de instrucción.

Por eso quien sea designado como sucesor del actual Procurador General interino, Eduardo Casal, firme en su cargo desde 2017 tras la eyección de Alejandra Gils Carbó, adquiere un relieve hasta mucho mayor que el que podrían tener los nuevos jueces de la Corte Suprema.

HAY EQUIPO

Quien se anotó en la contienda es el hijo más grande en el clan judicial de los Mahiques. Egresado como abogado de la UBA, Juan Bautista es el presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (AIF), y debe articular y coordinar una vastísima red de más de 350 mil fiscales de 177 países en todo el mundo.  

Desde el 2019 es el Fiscal General porteño, a pesar de la resistencia de asociaciones vinculadas a la justicia que plantearon que no satisfacía “el requisito de idoneidad ni ofrecía las garantías de independencia necesarias".

Esta declaración se basaba en el pasado del Mahiques hijo como funcionario del Poder Ejecutivo Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica y su representante ante el Consejo de la Magistratura, todo bajo la órbita de Germán Garavano.

Una vez al frente de su nuevo cargo en la Ciudad de Buenos Aires, tras ser aprobado en la Legislatura porteña, Juan Bautista reacomodó el mapa de fiscalías porteñas durante los cambios de gestión. Tiene como vínculo de estrechisima confianza a su fiscal general adjunto de gestión, Pablo Garcilazo, hombre del operador judicial radical Daniel Angelici.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a Mahiques de presionar a la jueza Ana María Figueroa por la causa del Memorándum con Irán, en la que la exmandataria fue sobreseída junto con todos los restantes acusados en octubre de 2021.  

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X de Cristina Kirchner

Su padre es Carlos Alberto Mahiques y ha ocupado la primera plana del Poder Judicial por décadas. De larga trayectoria como juez de Casación porteña, que investiga delitos ordinarios, con la llegada del fundador del PRO a la presidencia en 2015, y la asunción de María Eugenia Vidal a la Provincia de Buenos Aires, se convirtió en el ministro de Justicia de la exgobernadora.

Para eso, pidió licencia de su cargo como juez, al que volvió diez días antes de vencerse el plazo máximo de permiso, que era de seis meses. En 2017 llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal, sólo inferior a la Corte Suprema. Pero esto no se dio por concurso, sino más bien por la política, con el voto del Concejo de la Magistratura.

“Coco” es especialista en Derecho Penal, con un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y está ligado al Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, organismo que propuso la continuidad de los jueces de la última dictadura militar. En 2006 se opuso al derecho al aborto para una joven con discapacidad mental que, por una violación, quedó embarazada.

El tercero del clan es el hijo más chico, Ignacio Mahiques. Es fiscal de instrucción Nº35 de la Ciudad pero desde 2016 también se desempeñó como adjunto ad-hoc del fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa conocida como “Vialidad” por corrupción en la obra pública de Santa Cruz  contra Cristina Kirchner.

El trabajo de este tándem junto con el del juez Julián Ercolini, le valieron la condena a la exvicepresidenta de Alberto Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de administración fraudulenta.

ENTRE EL LAGO Y LA EMBAJADA

Tanto Carlos, como Juan Bautista estuvieron en el centro de las miradas públicas cuando en octubre de 2022, Página 12 reveló un viaje que realizaron jueces, funcionarios porteños y empresarios mediáticos a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, en Rio Negro.

De esta investigación, en la que se indagó en  fueron imputados otros funcionarios judiciales y políticos, además de los dos miembros del clan familiar, como el juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; el ex ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D'Alessandro; el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y, el titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9, Pablo Gabriel Cayssials,

También se investigó el viaje de Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); de Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y de los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.

Desde ese momento, el proceso judicial apuntó al delito de dádivas y la investigación, además de cotejar los chats entre los integrantes del “heterogéneo” grupo de personas que viajó a la mansión de Lewis, e incluyó apartados sobre el viaje, el acta de vuelo, la validez de las facturas, los movimientos de dinero, los testigos en el lugar, y la información verificable en los registros virtuales.

Se buscaba determinar, en el caso de los magistrados, si mantenían, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos, basados en la independencia y la imparcialidad. Cabe destacar que la Ley de Ética Pública prohíbe a los funcionarios recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones.

La causa Lago Escondido quedó anulada por el juez federal Sebastian Ramos, que consideró que lo que se investigaba como dádivas eran acciones que debían quedar “en el ámbito de la privacidad de los individuos”. Los Mahiques respiraron.

Y esta semana Juan Bautista anotó otro punto a su favor para hacerse con la Procuración. De la mano nada más ni nada menos que de la embajada de los Estados Unidos.

El diplomático Marc Stanley se sacó la foto que el Fiscal General porteño tanto deseaba, durante la presentación de la justicia de la Ciudad en la que se anunció la incorporación de un sistema norteamericano para rastrear usuarios en las investigaciones por explotación sexual infantil.

“Nos alegra anunciar que a partir de hoy el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad contará con acceso a una de las plataformas más importantes del mundo que nos permite obtener datos para generar informes complejos de identificación de usuarios relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”, planteó sonriente Mahiques.