Producto de la abarrotada agenda política diaria, pasaron prácticamente desapercibidas las modificaciones que introdujo el Gobierno Nacional sobre el proyecto de ley de Juicio por Jurados. Esta semana, la redacción oficialista de la iniciativa recibió dictamen favorable en comisiones de Diputados, con lo que quedó lista para su tratamiento en la Cámara Baja. Sin embargo, un detalle de la jornada causó especiales repercusiones: la inclusión, en la propuesta, de la normativa que busca obligar a que los jueces usen toga y martillo… De nuevo.

Es que el proyecto ya había sido introducido por la administración de Javier Milei como parte de la “Ley Bases” original; no obstante, eventualmente quedó afuera del paquete de medidas debido a las críticas que recibió la propuesta, catalogada como innecesaria tanto por la oposición como por parte del oficialismo. Pese a ello, el debate y posible sanción de la Ley de Juicio por Jurados podría traer a existencia la insólita reglamentación que obsesiona al Gobierno libertario.

Así lo establece el artículo 49° de “Facultades del juez técnico” del dictamen aprobado esta semana: “El debate será dirigido por el juez que resulte designado, quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía y disciplina del Código Procesal Penal Federal. El juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva una incidencia”. Los diputados deberán discutir la normativa pronto en el Congreso de la Nación.

Convenientemente, poco dijeron los dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) sobre este extraño punto de la Ley de Juicio por Jurados al debatirla en las Comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda: apenas si se limitaron a hablar de una “política de Estado” y una “manda histórica”, en palabras del diputado Manuel Quintar; o de una “deuda histórica” por la “transformación de la Justicia”, como lo señaló el radical FErnando Carbajal.