Tras la medida cautelar que presentó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal se declaró competente e intervendrá en el conflicto alrededor de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires.

En medio de la polémica entre el Ejecutivo Nacional y la administración porteña por la suspensión temporal de clases por la segunda ola de coronavirus, la Corte corrió traslado al gobierno de Alberto Fernández para que conteste al amparo interpuesto por Capital Federal y que aporte pruebas.

A partir de ahora, el gobierno tendrá ahora cinco días para responder, a través de la Jefatura de Gabinete, cada uno de los argumentos esbozados por la administración de Rodríguez Larreta. Luego, la Procuración General de la Nación tendrá la posibilidad de expedirse sobre el fondo de la cuestión.

La competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema surge del artículo 117 de la Constitución Nacional, que establece que el tribunal entenderá en forma directa -no por apelación- “en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte”.

Por otro lado, la resolución de la Corte de intervenir en el caso, no invalida el fallo de la la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario porteña que habilitó las clases presenciales. En ese frente, la Procuración del Tesoro de la Nación pidió la inhibitoria de la justicia de la Ciudad y que se mantuviera la aplicación del decreto presencial.

Por su parte, los gremios docentes de Capital Federal realizan un paro de 24 horas para rechazar la decisión del Jefe porteño de abrir las escuelas y no acatar el DNU presidencial.