El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak solicitó el registro de visitas de 2017 tanto a la Casa Rosada como a la Quinta de Olivos para rastrear si figura el ingreso de alguno de participantes de la reunión que tuvo lugar en junio de ese año en la sede del Banco Provincia en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de perjudicar legalmente a dirigentes gremiales. 

De esta manera, la Justicia investiga si existieron conexiones entre el exmandatario Mauricio Macri, la exgobernadora María Eugenia Vidal y los imputados en la causa por participar de una mesa judicial bonaerense.

La filmación de ese encuentro del que participaron ex funcionarios de Vidal, ex agentes de la AFI y empresarios bonaerenses motivó primero una denuncia penal presentada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de la interventora Cristina Camaño, y luego, con el avance de la investigación, la imputación de todos los asistentes. 

Ahora el magistrado al frente de la causa quiere saber si alguno de ellos visitó la Casa Rosada o la Quinta de Olivos entre mayo y el 31 de diciembre del 2017. En esta causa están imputados Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia provincial); Roberto Gigante (exministro de Infraestructura); el senador provincial de Juan Pablo Allan; el intendente de La Plata, Julio Garro; Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani; y Juan Sebastián De Stéfano, exjefe del área de Jurídicos de la central de espías.

También estuvieron presentes en la reunión el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Eugenio Villegas; Marcelo Jawroski (director de la empresa Copetro y vicepresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata); Ricardo Alconada (presidente de la empresa Ocsa); y Guillermo Moretto (Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata).

Otros de los asistentes fueron Jorge Oscar Del Río (vicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires Apymeco); Fabián Cusini (constructor inmobiliario, presidente de Agrineco); Fernando Sacrachi (director de ACIP) y Bernardo Zaslascky (director de Acimco, Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción).

En ese encuentro, los participantes habrían acordado avanzar en el armado de causas judiciales para perseguir a dirigentes sindicales, una estrategia que, de acuerdo con los audios que trascendieron, tendría el aval del Procurador bonaerense Julio Conte Grand.

Por su parte, Conte Grand fue citado para este lunes a la subcomisión bicameral de inteligencia del Congreso Nacional.