En las últimas horas, la jueza Sandra Arroyo Salgado requirió a Paraguay la extradición del exsenador Edgardo Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel Costa. Ambos cumplen prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay por intento de contrabando de divisas.

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Kueider, Arroyo Salgado envió un exhorto a la Justicia del país vecino a través del cual también solicitó un allanamiento a la propiedad donde él y Guinsel Costa cumplen prisión domiciliaria.

Además, pidió el secuestro de sus celulares, equipos electrónicos y otros objetos que tenían en su poder cuando fueron detenidos; medida que no había adoptada la Justicia paraguaya. La megistrada busca determinar, mediante un peritaje, si los teléfonos fueron manipulados, ya sea de manera presencial o remota y tratar de recuperar el contenido si esto sucedió. 

La jueza solicitó el traslado de ambos acusados a su Juzgado Federal de San Isidro para tomarles declaración indagatoria. Sin embargo, al tratarse de un escándalo internacional, deben seguirse una serie de pasos para efectivizar la extradición. 

En primer lugar, la Cancillería debe enviar el exhorto judicial a la Embajada Argentina en Asunción para que se presente vía diplomática a la Cancillería paraguaya. Luego, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay tiene que trasladar el documento al Ministerio Público Fiscal de su país.

Argentina tiene un tratado bilateral de extradición con Paraguay que establece que si el pedido es aceptado por los fiscales paraguayos, se abrirá un nuevo expediente en el que intervendrá un juez de garantías del país vecino. 

Cabe señalar que la extradición requerida por la Justicia argentina se realiza en el marco de una causa aparte de la investigación que lleva adelante la Justicia de Paraguay por intento de contrabando. 

Arroyo Salgado investiga al ex senador kirchnerista devenido en aliado libertario por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públcias, tráfico de influencias y lavado de dinero.