Como ya lo admitió el propio presidente Javier Milei, el verano y la temporada de vacaciones es el momento apropiado para avanzar con su plan de motosierra recargado. Pero con lo que no contaban en la Casa Rosada es que, a falta de una oposición y una CGT que deambulan entre la impotencia y la convivencia con el Poder Ejecutivo, la Justicia sería la primera piedra en el zapato del ajuste el arranque del año.

Así lo demuestran los fallos que se dieron a conocer en las últimas horas en los que dos áreas que podían significar la punta de lanza de nuevas tandas de despidos, tan festejados por Milei y sus funcionarios, deberán respetar los lineamientos de la Justicia, que los obliga a resguardar las fuentes de trabajo.

LIJO, ¿ALIADO U OPOSITOR?

Una de las resoluciones que trae polémica en el mundo “libertario” es la del juez Ariel Lijo, propuesto por Milei para integrar una banca en la Corte Suprema. El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal nro. 4 de Comodoro Py dio lugar al pedido de la legisladora Victoria Montenegro para que la Nación proteja los sitios y el personal de los cinco lugares que funcionaron centros clandestinos de detención y tortura durante la última dictadura militar, y que dependen del Poder Ejecutivo.

“Requiérase a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación se arbitren los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria que funcionan en los ex CCDT (centros de detención y tortura) 'Olimpo', 'Club Atlético', 'Automotores Orletti' y 'Virrey Cevallos' permanezcan en funcionamiento”, expresó Lijo, que está a cargo de la megacausa sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La determinación de Lijo choca de frente con los planes de fortísimo ajuste que el Gobierno impulsa desde su llegada al poder en la secretaria de Derechos Humanos. Antes de la última ola de despidos del mes de diciembre, esta área contaba con poco menos de 800 trabajadores y ahora quedan menos de 550. Los principales focos de despidos masivos del personal abocado a tareas de conservación, preservación, educación, investigación y limpieza fueron en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y los sitios de memoria.

El juez, que debe congraciarse con la banca peronista en el Senado si quiere alcanzar los dos tercios para que sea aprobado su pliego para la Corte, dispuso también que se realicen tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y limpieza diaria. Además, le requirió a la Nación la fumigación de los espacios.

Por un carril paralelo a esta polémica con el magistrado, el Gobierno publicó en la madrugada del viernes en el Boletín Oficial su propuesta para cubrir las vacantes de la administración pública nacional en juzgados claves. Esto se enmarca en el proceso de negociación por Lijo y por el académico Manuel García- Mansilla para preparar el debate de sus candidaturas en el Senado.

El juez Ariel Lijo

TAMPOCO LA TIENEN FÁCIL EN LA ARCA

A este revés, el Gobierno suma otro episodio también inesperado: el fallo judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que por el momento sí pudo apagar la motosierra en la ExAFIP y Aduanas por los despidos de 3155 personas, del total de más 22 mil trabajadores que había en el organismo cuando llegó La Libertad Avanza al poder.

El tribunal, en un fallo de dos votos contra uno, hizo caso al pedido de los sindicatos del sector y en su resolución le impide al Gobierno vulnerar la estabilidad laboral, ni tampoco aplicar cambios en las condiciones de los trabajadores que se desempeñan en los organismos estatales. Su conclusión fue que existía una amenaza real de despidos masivos, y esto podría violar los convenios colectivos de trabajo.

“La sentencia resuelve hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero se abstengan de adoptar cualquier medida que contraríe o violente la garantía de estabilidad prevista en por el CCT 56/92, Laudo 16/92 y por el CCT aprobado por laudo 15/91 suscriptos por SUPARA y AEFIP”, ratificó el juez Gabriel de Vedia.

Será recién después del receso por vacaciones cuando podrá debatirse nuevamente la cuestión, y allí se sabrá si el Gobierno insistirá con aplicar recortes a la estructura del organismo recaudador.