La madre de todas las desigualdades

Si de arbitrariedades se trata, el fallo de la Corte de este miércoles incurre en dos muy específicas y gravosas: no hay una sola explicación técnica a lo largo de sus 28 páginas sobre por qué la Ciudad debería pasar a recibir 2,95 puntos de coparticipación hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo; tampoco hay una sola argumentación sobre cómo y por qué ese número ayudaría a resolver los problemas presupuestarios que según los supremos le generó al Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta y a los porteños la asignación de 1,4 vigente por ley del Congreso.

Son las dos omisiones fundamentales que, pasadas 72 horas desde que se conoció el fallo, siguen dándole al Gobierno nacional —y a los 18 gobernadores y gobernadoras que apoyaron la decisión— el pretexto para no cumplirlo. Las razones para intentar esa jugada son, cuanto menos, atendibles: todavía nadie pudo explicar —ni la oposición, ni la corporación judicial, ni los juristas más opositores— el apuro que motivó a la Corte a darle una cautelar al Jefe de Gobierno en las vísperas de un año electoral sin aportar siquiera una posición sobre la cuestión de fondo, después de dos años de tratar el expediente. Ese apuro y esa desprolijidad aportan sustento a la interpretación de la Rosada de que se trató de un fallo político.

Sobre todo si se tiene en cuenta que la ley sancionada a fines de 2020 por ambas cámaras del Congreso sí contaba con una aproximación matemática sobre cuál es el costo real de los sueldos de los agentes de la Federal traspasados a la Ciudad, una discusión que estaba sobre la mesa desde hacía años y que tenía toda la pinta de haber sido saldada en aquél entonces.

Ese monto, el del costo de la Federal, se transfiere mensualmente a las arcas porteñas independiente del 1,4% de coparticipación. Según distintos cálculos, la Ciudad estaba recibiendo algo así como un 2,3 en total. Todo por ley, luego de un debate legislativo. A todas luces, la posición del Gobierno contaba con mayor espalda institucional y técnica. Pero los cortesanos se arrogaron la facultad de pasar por encima del Poder Legislativo sin discutir una sola coma de los aspectos técnicos de la norma en cuestión, a la que declararon inconstitucional.

En resumen, entonces, el fallo llevaría de un 2,3 real al 2,95 del porcentaje de coparticipación de la Ciudad, siempre y cuando el Gobierno tomase únicamente los fondos coparticipables como único método de financiación de los agentes federales traspasados. Pero, otra vez: ningún renglón de las 28 páginas de la cautelar hace mención a ese tipo de detalles burocráticos, que más que burocráticos pasan a ser, por omisión, absoluta y deliberadamente políticos.

La única explicación que la Corte da sobre el por qué de ese incremento es que la Ciudad se vio afectada, aunque resulte ridículo, en su capacidad de gestionar correctamente. Dicen los cortesanos, textualmente, que fallaron como lo hicieron ante “la necesidad de atenuar, durante el curso del proceso, la alteración que causan las normas impugnadas en el normal desempeño presupuestario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por consiguiente, en la calidad y cantidad de los servicios y bienes públicos que provee a su población”.

Ese tramo de la sentencia explica la explosión de bronca de varios de los gobernadores que salieron con los tapones de punta. En parte por razones históricas, que vienen desde la descentralización menemista de varias de las atribuciones del Estado nacional a las provincias, como la educación. A varios de los mandatarios les gustaría contar con el 100 por ciento de los recursos que suponen esos “servicios y bienes” financiados por la Rosada. A lo que se suma una cuestión coyuntural: a varios les gustaría también competir en las elecciones por venir con un extra de miles de millones por sobre lo que ya presupuestaron para el año próximo, y obtenerlos sin ningún tipo de negociación política más que con un tribunal de cuatro miembros, de los cuales al menos dos de ellos —Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz— poseen una afiliación político-partidaria más que manifiesta.  

Esa desigualdad de recursos llega a niveles risueños si se tiene en cuenta los argumentos esgrimidos por la Ciudad sobre qué aspectos de la gestión se vio supuestamente obligada a postergar en función del recorte. En el propio expediente, el Ejecutivo porteño dice que por la ley vigente no pudo completar “la red de subterráneos, el traslado de la cárcel de Devoto, la construcción de 52 kilómetros de túneles del Plan Hidráulico, la compra de 8.000 cámaras de seguridad, de 700 patrulleros y de 200 motos”, entre otras obras y contrataciones.

Los cortesanos deberían, al menos, revisar el Boletín Oficial de la Ciudad de vez en cuando: se sorprenderían con lo holgado del presupuesto local, que permite desde el arreglo de veredas que no necesitan arreglo hasta un gasto más que oneroso en la construcción de una cancha de golf frente al río en los terrenos cedidos al Tiro Federal en Costa Salguero.

Los supremos no publicaron ni un sólo cálculo matemático que demostrase esa necesidad, a saber: hasta qué punto Buenos Aires puede financiar su Policía sin los recursos que le fueron recortados por ley y, en todo caso, por qué elevar de 1,4 a 2,95 puntos la coparticipación garantizaría revertir ese supuesto daño presupuestario. La excusa es que eso quedará, en todo caso, para cuando se dictamine la cuestión de fondo.

LA TRAMA POLÍTICA

De forma llamativa o arbitraria, según la interpretación política que se le dé, los supremos pasaron por alto juzgar el decreto 194/2016 a través del cual Mauricio Macri elevó el porcentaje porteño del 1,4 (que se mantenía estable desde 2003) al 3,75 por ciento (porcentaje que corrigió a 3,5 tras el pacto fiscal de 2018). Ese fue, y no otro, el origen real del conflicto actual.

Ese que aquél DNU se había firmado para financiar el traspaso de 20 mil efectivos de la policía Federal a la Ciudad, aunque en los considerandos no hace ninguna mención a esa decisión. Tampoco el decreto del traspaso, ni tampoco el convenio firmado entre Nación y Ciudad al mismo fin ofrecieron en su momento un cálculo que explicara.

El primero de enero de 2017, Larreta y Macri presentaron públicamente la Policía de la Ciudad, que debutaba en las calles con unos 22 mil agentes, gracias a la fusión con los más de 6 mil con que ya contaba la Metropolitana según información oficial del Gobierno porteño de aquél entonces. Ambos lograron poner en marcha una de las reivindicaciones históricas del Pro, con raíces en el proceso de autonomía de la Ciudad. Lo que nunca explicaron fue de qué manera financiaron ese sueño, sobre todo teniendo en cuenta que la Metropolitana (un 30 por ciento de la Policía de la Ciudad) se sustentaba hasta ese momento con recursos propios de la Ciudad, y que la “función Seguridad” dentro del presupuesto porteño excedía por mucho el costo de los agentes traspasados.

Esa irregularidad fue aprovechada por el presidente Alberto Fernández para firmar él mismo su propio decreto que revertía aquél aumento y creaba un fondo compensatorio destinado a la Provincia de Buenos Aires para costear el aumento que salarial pedía la Policía Bonaerense, que a mediados de 2020 protagonizó una suerte de levantamiento con ribetes desestabilizadores, incluso patrullando la quinta de Olivos.        

El Gobierno no se quedó con el DNU y logró sancionar en diciembre de ese año la ley que fijó la coparticipación en el 1,4 y añadió un monto fijo mensual que pagaría el Ministerio de Economía para los sueldos de los agentes de la Federal. Una vez sancionada la ley, el Ministerio de Interior convocó a Horacio Rodríguez Larreta a un marco de negociación para enero del 21, que el Jefe de Gobierno rechazó. Prefirió que mediara la Corte y presentó el recurso de amparo que derivó en el fallo de este miércoles.

En el interín, la Rosada avanzó con otros ítems del período 2016-2019 que daban cuenta de una transferencia de recursos que excedían por mucho el costo de la policía, desde la venta de tierras públicas hasta el financiamiento con deuda externa de Nación de obras como el Paseo del Bajo o los viaductos del Belgrano y el San Martín. Varios ex funcionarios del macrismo han sido procesados por esas decisiones, entre ellos el ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el ex titular de la Agencia de Bienes del Estado, Ramón Lanús, en causas iniciadas por la actual gestión de la Oficina Anticorrupción.  

LA CALCULADORA

Si bien la Ciudad dice que de acuerdo a las Cuentas de Inversión entre 2016 y 2019 presentadas ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI), el gasto en Seguridad “superó al proporcional percibido por coparticipación” después del decreto de Macri, lo cierto es que durante todo el expediente el Ejecutivo porteño toma los gastos de toda la función y no únicamente los federales traspasados. Lo que es peor, sólo compara el gasto con el excedente de coparticipación del decreto de Macri.

Este cuadro del expediente presentado por la propia Ciudad ante la CFI lo demuestra: en 2019, Buenos Aires recibió poco más 84 mil millones de pesos de coparticipación, de los cuales 50 mil millones correspondían al “extra” decretado por Macri. La Ciudad dice que gastó 52 mil millones en todo el ítem Seguridad, es decir, puso de sus propias arcas unos 2 mil millones. Pero ese comparativo toma toda la función en general (no especifica el sueldo de los agentes traspasados) y además excluye a los restantes 34 mil millones que ya le garantizaba el 1,4 histórico.  

Además, en otro tramo del expediente, justifica el aumento decretado por Macri “a la luz de la deuda que el sistema de Coparticipación tenía ya en aquel momento con la Ciudad”. Es decir, explicita que el aumento es una forma de cobrar las viejas supuestas viejas deudas de Nación, dado que el Congreso todavía debe una ley específica de coparticipación para la Ciudad. Para quien quiera interpretarlo de esa manera, se reconoce abiertamente que hay plata de más, algo que solo puede ser enunciado en el marco de un concepto unitario y elitista de país, si se tiene en cuenta que se trata del distrito más rico y plagado de privilegios impositivos dado que es, precisamente, la capital federal.

Por otro lado, la posición del Gobierno es que la Ciudad, en todo caso, debería devolverle plata a Nación por esos cuatro años de “excesos”. A fines de 2020, la ex ministra de Economía y por entonces Secretaria de Relación con las Provincias, Silvina Battakis, había calculado que entre 2016 y 2019, la Ciudad había recibido unos 86 mil millones de pesos de más, por encima del costo de los agentes traspasados.

En retrospectiva, para el actual Gobierno, el gasto de la Federal traspasada fue de  8.047 millones de pesos en 2016, a lo que además hay que restarle otros 1.221 millones en “ingresos” que generó el traspaso gracias a los famosos “adicionales”. La cuenta da unos 6.826 millones de pesos que debió haber recibido el Ejecutivo porteño. Pero en total, ese primer año, recibió 17 mil millones por coparticipación, unos, nada menos que 10 mil millones de pesos. La cuenta final, como se puede ver en el cuadro siguiente tomado de ese estudio, da esos 86 mil millones a fines de 2019. 

Mientras tanto, la Corte decidió postergar el análisis de los datos duros hasta la sentencia de fondo. Pero tampoco hace ninguna referencia a esa situación para apurar la cautelar que duplicó los fondos porteños para un año electoral.

El argumento de mayor peso es que las decisiones respecto a la transferencia de funciones y sus recursos “deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones”, dice el fallo. Lo llamativo es que el acuerdo “conjunto” de mayor peso vigente en ese sentido es el convenio de traspaso de la Federal, firmado por Larreta y Macri en 2016, que para los supremos tiene más valor que la ley que votó el congreso.

Lo que deja asentado, así, es que solamente se podría dar marcha atrás si la Ciudad renuncia a los recursos en disputa. Y eso, está claro, no es lo habitual: ¿Quién se resigna a perder sus privilegios?