Al ataque permanente contra la educación sexual en las escuelas y al recorte de las políticas públicas en materia sanitaria y de prevención que parecen caracterizar al gobierno de Javier Milei, se suma una fuerte caída en la distribución de preservativos y anticonceptivos por parte de la administración nacional. 

Entre el tercer trimestre de 2023 y de 2024, en el marco del programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procración Responsable, hubo un derrumbe del 64% en la distribución de preservativos, anticonceptivos y medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

La oposición (por demás contradictoria) de los libertarios a la libre elección de la mujer o persona gestante sobre su cuerpo no es una novedad, pero el aborto es legal en Argentina y es obligación del Estado garantizar que la ley se cumpla tanto para prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transimisión sexual como para garantizar el acceso a un aborto seguro a aquella persona que decida interrumpir un embarazo. 

Sin embargo, durante el tercer trimestre de 2024, no se cumplió con estas obligaciones ni metas del programa de Desarrollo de la Salud Sexual dado que, según datos relevados por Chequeado en base a los informes de Presupuesto Abierto del propio Poder Ejecutivo sólo se distribuyó el 9,1% de los preservativos del total planificado y no se entregó ningún tratamiento para IVE de los 100.400 programados.

En el transcurso de 2024, el Estado nacional debería entregar más de 26 millones de preservativos en todo el país. Por ahora, sólo entregó un poco más de 2 millones; es decir apenas el 14% de lo pautado. 

Esta decisión afecta directamente a los sectores más vulnerables de la población que no tienen los recursos económicos para acceder a mecanismos e insumos que no sólo previenen embarazos no deseados, sino que evitan y reducen la propagación de enfermedades de transmisión sexual.