El Senado de la Nación finalmente sancionó la ley de Financiamiento Universitario tras conseguir mas de dos tercios de los votos. Ante una nueva derrota legislativa, el presidente Javier Milei prepara un nuevo veto.

Al igual que con la reforma jubilatoria, desde Casa Rosada habían anticipado que cualquier ley que “amenazara” el superávit fiscal sería rechazada por el Presidente. Sin embargo, en esta oportunidad, habrá que ver qué hace el Congreso con el veto. 

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto del aumento al presupuesto universitario será de $738.595 millones, es decir apenas un 0,14% del PBI para este año. 

La iniciativa obtuvo con holgura los dos tercios de los votos y obliga al Gobierno a negociar nuevamente con sectores de la oposición si quiere vetar la ley y que el Congreso acompañe el veto presidencial. Hoy, los números no le dan. 

Durante la votación en el Senado, el Presupuesto Universitario obtuvo 57 votos a facor, apenas 10 en contra y una abstención. Incluso, la ley contó con el apoyo de tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri, Beatriz Ávila y el mismísimo jefe de bloque, Luis Juez. 

Ante la perdida del 45% del poder adquisitivo de los salarios de docentes y no docentes desde diciembre hasta ahora, la ley sancionada establece una recomposición desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la aprobación del proyecto. 

Además, la legislación establece que los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las Universidades públicas (a principios de 2024) deben ser actualizados por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. 

De todas maneras, el texto aclara que si una paritaria mejora el incremento que establecería la normativa, prevalecerá la paritaria.