La oposición rechazó el DNU de Milei por considerarlo "inconstitucional"

A las protestas masivas en el Congreso de la Nación y en distintas ciudades del interior del país para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia de Javier Milei, se sumó el repudio generalizado de gran parte de la oposición. El ex presidente Alberto Fernández, gobernadores, dirigentes sociales, legisladores, partidos de izquierda, el peronismo y la Coalición Cívica, todos se manifestaron en contra del accionar del Ejecutivo, acusaron al jefe de Estado de avasallar el Poder Legislativo y aseguraron que el DNU es “inconstitucional”. 

Poco después del anuncio de Milei, el Partido Justicialista consideró que el decreto “es nulo e inconstitucional, avasalla las instituciones de la democracia, destruye las pymes y entrega la soberanía nacional”. En un comunicado,, el PJ aseguró que “el Presidente decretó más angustia, pobreza y desempleo para la Argentina”.

"Su accionar no respeta los mínimos parámetros republicanos. Por eso, en defensa del pueblo trabajador: unidad de acción, responsabilidad y patriotismo”, indicaron desde el Justicialismo. 

El expresidente Alberto Fernández también expresó su rechazo y remarcó que "el espíritu que gobierna el ilegal DNU dictado, provocará graves efectos económicos y sociales: abre indiscriminadamente las importaciones, pone en riesgo el ambiente y nuestros recursos naturales, desregula el sistema de salud, precariza el trabajo y restringe derechos”.

Y añadió: “Semejante cambio deja en evidencia la gravedad institucional que reviste el atropello presidencial. Los problemas de la Argentina pueden y deben resolverse por los canales legales e institucionales previstos en nuestra Constitución Nacional. La República está en riesgo por el desatino que exhibe el Presidente al dictar medidas contrarias a la Constitución y a los intereses de nuestro pueblo. A él le cabe la responsabilidad de vulnerar groseramente las normas del Estado de Derecho”.

Entre los primeros en cuestionar el DNU y su constitucionalidad, estuvieron varios gobernadores de La Liga peronista. Axel Kicillof señaló que el gobierno nacional “propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos”.

"Todo esto, sin pasar por el Congreso que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir ‘democracia: ¡afuera!’”, enfatizó

El mandatario bonaerense, contó que el martes en la reunión a la que asistieron todos los gobernadores a Casa Rosada, el Presidente les pidió “el apoyo para un paquete de leyes que no especificó, aunque se lo pedimos”. Un día después, "a espaldas de la división de poderes, anuncia un decreto que sin necesidad ni urgencia pretende derogar un conjunto de leyes de todo tipo”, criticó Kicillof.

Su par de La Pampa, Sergio Ziliotto, indicó que “a 40 años de su recuperación, la democracia vive hoy uno de los momentos más duros y tristes de su historia" dado que “el Presidente y su equipo de gobierno han decidido subvertir la Constitución Nacional para imponer un régimen que tiene como principal objetivo concentrar aún más la riqueza en los poderosos, y sin interesarle el avasallamiento de los derechos básicos y el empobrecimiento de la enorme mayoría del pueblo argentino”.

"La defensa de los derechos populares no se negocia, el respeto a las reglas democráticas menos aún!”, escribió en su cuenta de X.

En tanto, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella sostuvo que “con su DNU, el Presidente Milei ha equivocado el rumbo". "La situación es compleja y estas medidas la agravan más. Le pido que busque el camino del desarrollo, de la generación de empleo, de la distribución de la riqueza. La quita de derechos nos conduce al abismo”, agregó.

Por otro lado, el diputado y presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, cuestionó que “el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas” y aseguró que el DNU “no cumpliría con los requisitos constitucionales”.

El legislador también adelantó que “un comité presidido por Elisa Carrió, realizará un informe sobre la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales” y “se emitirá un dictamen con el objetivo de preservar derechos subjetivos de los ciudadanos”.

Luego de la cadena nacional de Javier Milei, el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria y dirigente Social, Juan Grabois, participó del programa A dos Voces de TN donde resaltó que "se ha decretado la instalación de una monarquía absoluta en la Argentina”.

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores Christian Castillo, opinó que en el DNU “no hay ni necesidad ni urgencia". “Es una suerte de golpe al Parlamento a lo Fujimori para liquidar derechos de los trabajadores y darles nuevos beneficios a las grandes corporaciones empresarias”, enfatizó.

Además, el legisladores se sumó al pedido de "paro y plan de lucha ya contra el decretazo” que ya muchos sectores comenzaron a exigirle a la CGT y la CTA.

Desde el Congreso, el bloque de diputados de Unión por la Patria consideró que el contenido del decreto es un “brutal avasallamiento de las facultades del Congreso” y consideró que “avalar este DNU significa conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias, prohibidas en el art. 29 de la Constitución”.

“Este DNU es de nulidad insanable. Las y los que lo aprueben serán infames traidores a la Patria. Milei se arroga facultades legislativas. No convoca a Sesiones Extraordinarias. Se lleva puesta a la Constitución. Frente al silencio cómplice de algunos, nuestro bloque va a defender la democracia, la división de poderes y la República. Vamos a exigir que el Congreso funcione; se reúna la Comisión Bicameral de Tratamiento de los DNU; y se convoque a Extraordinarias. Este DNU tiene que ser rechazado por el Congreso con urgencia”, expresaron.

También sentaron su rechazo los senadores de Unión por la Patria, el gobernador Ricardo Quintela, los líderes sindicales Héctor Daer y Hugo Yasky, entre otros. El repudio generalizado de partidos políticos, dirigentes, organizaciones, sindicatos y organismos de Derechos Humanos promete terminar en una judialicación del DNU y en varios pedidos de inconstitucionalidad.