Sin la asistencia de emergencia que brindó el Estado a través de distintos programas como el IFE o los bolsones para los comedores populares, la indigencia hubiera alcanzado en 2020 al 25 por ciento de la población. La pobreza, al 52 por ciento, diez puntos más que los que relevó el INDEC en Marzo. Las cifras, alarmantes, las presentó sobre el fin de esta semana el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que si bien midió a nivel país, se enfocó en la zona del AMBA, la más afectada por la pandemia, no sólo en términos sanitarios. El 56,6 por ciento de los habitantes del conurbano son pobres, según el estudio, y otro 13 por ciento es indigente; en la Ciudad (la más rica y desigual del país), pobreza e indigencia treparon al 13,6 y al 4,1 por ciento, respectivamente.

Según los investigadores que firmaron el estudio, entre ellos el titular del Observatorio, Agustín Salvia, se llegó a esa situación dado el incremento del desempleo en plena pandemia, que pasó del 10,6 por ciento de fines de 2019, durante el último aliento de Macri en el poder, al 14,2 en el tercer trimestre de 2020. Unos 600 mil nuevos desocupados y desocupadas.

Más allá de los trastornos económicos que genera el Covid, el informe pone el dedo en la yaga y advierte que la pobreza (siempre medida por ingresos) viene creciendo sostenidamente  durante los últimos tres años. Pasó del 33,6 por ciento en 2018 al 39,8 en 2019, y volvió a pegar otra salto importante hasta el 44,7 por ciento durante todo 2020. 

El informe también señala que políticas como la Tarjeta Alimentar, los bonos de la AUH o el IFE salvaron a millones de personas en el AMBA de caer ya no en la pobreza, sino directamente en la indigencia. Y aun así fue insuficiente: la inflación galopante en alimentos y productos básicos (fue del 5,8 por ciento en Marzo y del 3,8 por ciento en Abril, según releva todos los meses el ISEPCi) licua cualquier ingreso, no sólo los planes de ayuda.

En esa disyuntiva se encuentra hoy el Gobierno: no son pocos los funcionarios de primera y segundas líneas que reclaman ampliar el gasto social y correrse de los lineamientos estrictos de contener el déficit que maneja el ministro de Economía, Martín Guzmán, mientras negocia con el FMI la deuda del macrismo. El primero el decirlo explícitamente fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, Andrés Larroque, quien reclamó abiertamente un nuevo IFE; más tarde ratificó la misma línea el propio gobernador Axel Kicillof.

En esa línea de flotación cayeron los anuncios del presidente de ayer. Se ampliará el alcance de la Tarjeta Alimentar “a un millón más de familias”, dijo. Fernández se enfocó en "altísimo nivel de pobreza entre los chicos", con un ojo puesto en el último índice del INDEC, que marcó en marzo que el 57,7 por ciento de los niños y niñas de 0 a 14 años viven en condiciones de miseria.

En el debe, de todos modos, quedó la discusión por el salario mínimo, que quedará al límite de la línea de indigencia, con un aumento hasta el 29 por ciento a inicios de 2022 y en siete cuotas, que fue cuestionado duramente por los movimientos sociales dado que impacta directamente en el valor de los programas de empleo popular como el Potenciar Trabajo.

La pregunta, a esta altura, como lo fue el año pasado en el momento más duro de la cuarentena, es cómo después de un lustro de recortes salariales e inflación galopante “no explota todo”, como se dice. Una respuesta posible la dio ayer el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo: “Hay una gran red que ha sostenido un momento muy crítico el año pasado y que evitó, por ejemplo, que haya saqueos”, dijo.

EL CASO “M” Y LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

A fines de marzo, los llantos de una madre en situación de calle denunciando por televisión que su hija M, de 7 años, había sido secuestrada, sacudió a la opinión pública. El reclamo de sus compañeras de comedor en Lugano hicieron que la búsqueda de la nena sea un tema nacional y la bonaerense dio con ella y el secuestrador, un varón también en situación de calle y con problemas cognitivos, en Luján. El hecho desnudó (otra vez) una problemática íntimamente relacionada con la indigencia y la falta de políticas públicas: las personas que viven en la calle en el AMBA

Según el último Censo Popular, realizado en la Ciudad por organizaciones sociales, en 2019 había más de 7 mil personas en esa situación, de las cuales 871 son niños y niñas menores de edad. De acuerdo a la Defensoría General de la Nación, otros 800 pibes y pibas duermen en instituciones públicas en el mismo territorio.

Pasada la pandemia, las organizaciones calculan que hoy son más de 10 mil las personas que recorren las calles buscando un refugio en la Ciudad. El Gobierno porteño hará su propio censo este martes próximo, pero la última vez que lo hizo barrió a los más pobres bajo la alfombra: contó siete veces menos gente en el peor de los mundos que las organizaciones sociales.

El fenómeno se trasladó en el pico de la crisis, en 2019, a la Provincia. Las organizaciones comenzaron a notar un incremento de personas sin nada que acudían a los comedores. Las restricciones a la circulación mermaron en parte por la cuarentena, pero los comedores siguieron abiertos.

“La gente en calle en el conurbano creció muy fuerte en el último tiempo. En Lanús, donde inauguramos un comedor, llegamos a darle un plato caliente a más de 200 personas. De todos modos, es un fenómeno particular en provincia: no es como la Ciudad que la gente yira y se cobija en las “ranchadas”: acá encuentra un baldío donde sea para resguardarse o tiene algún vínculo familiar que le permite pasar la noche aunque sea precariamente. Pero es gente que está en la calle igual y se pasa el día dando vueltas buscando algún mango como sea”, describió Bárbara, de la ONG Sopa de Letras.

“Vimos otro pico cuando en cuarentena se dieron los desalojos, que igual se concretaban pese al DNU que los prohibía”, agregó.