La pandemia de covid-19 que aún estamos vivenciando afectó de manera negativa las condiciones de vida de la población en todo el planeta. En el caso argentino este fenómeno potenció la tendencia hacia la degradación de los indicadores socioeconómicos del país; un proceso de larga data que se agudizó durante los años 2018 y 2019.

Ante este escenario el Estado, en sus diferentes niveles, se constituyó en el receptor de múltiples demandas por parte de la población. Así las políticas sociales cobraron centralidad dentro de las respuestas generadas por parte de las agencias estatales para dar cuenta de la nueva y desfavorable situación. Podemos preguntarnos: ¿qué aspectos caracterizaron a estas políticas?, ¿se trataron de medidas disruptivas o más bien se pueden establecer continuidades con otras intervenciones en el ámbito de lo social? 

Para responder a nuestros interrogantes, repasemos algunas de las políticas y acciones implementadas para paliar los efectos negativos de la crisis. Haremos foco en distintas medidas que pueden agruparse en tres grandes mecanismos: transferencias monetarias, reducción o suspensión del pago de obligaciones fiscales y medidas regulatorias[1]. 

 Transferencias monetarias: Quienes ya percibían ingresos por parte del Estado Nacional -de carácter contributivo o no contributivo- vieron reforzados estos montos. Podemos incluir aquí a perceptores de jubilaciones y pensiones, de la Asignación Universal por Hijo, de la Tarjeta Alimentar y  a beneficiarios y beneficiarias de programas del Ministerio del Desarrollo Social. Por otro lado, se destacan los apoyos monetarios a personas desocupadas u ocupadas que no percibieran salarios: el Ingreso Federal de Emergencia permitió llegar a entre 8 y 9 millones de personas en sus tres ediciones. Aquí también incluimos los créditos a monotributistas con tasas de interés subsidiadas. Finalmente, podemos mencionar transferencias a la población bajo relación salarial: el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el cual en una de sus líneas paga parte del salario de los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia.

Reducción o interrupción de obligaciones fiscales: Aquí podemos reconocer aquellas medidas que permitieron reducir el monto o interrumpir el pago de obligaciones hacia el Estado: aportes patronales, Ingresos Brutos, tasas municipales, cuotas del monotributo, etc. 

Medidas regulatorias: Prohibiciones de corte de servicios (energía eléctrica, gas, luz, internet), de desalojo de viviendas familiares e incremento del precio de alquileres, establecimiento de precios máximos de ciertos productos, etc.

Como vemos, no se presentan instrumentos novedosos en la historia de la política social del país. De hecho, se continúa recurriendo de manera privilegiada a las transferencias monetarias.  A la vez, se trata de medidas donde el Estado nacional tiene un rol protagónico en su formulación e implementación, con un apoyo heterogéneo por parte del sector empresarial y donde la inserción laboral de la población destinataria se constituye en un factor diferencial para acceder a unas políticas o a otras. Al ser iniciativas presentadas como respuesta ante una emergencia, su duración se redujo a unos meses, con excepción del ATP. Es de destacar, dentro de las continuidades detectadas, el papel fundamental que jugó la ANSES tanto para seleccionar a la población destinataria como para alcanzar diversos territorios.

Entonces, ¿nada cambió? Claro que sí. En muchos casos, lo que sobresale es la magnitud cuantitativa de población alcanzada –pensemos en el caso del IFE-  o la rapidez con la que las acciones fueron implementadas. A la vez, ganaron protagonismo problemáticas relacionadas con el género y los cuidados o el acceso a los servicios públicos. Se volvió a debatir sobre las limitaciones del mercado laboral clásico para producir ingresos y condiciones de trabajo dignas, y en diferentes espacios públicos resurgieron diferentes propuestas para pensar un ingreso ciudadano.

No son cambios disruptivos, pero nada hace pensar que desde el gobierno o las fuerzas políticas mayoritarias la pandemia fuera vista como una ventana de oportunidad para reformular la matriz de intervenciones sociales en nuestro país. Y es que la literatura sobre políticas públicas nos enseña que los cambios profundos en las políticas suelen ser el resultado de la combinación de diversos factores, difíciles de alinear en una situación de emergencia.

Como podemos ver, la pandemia nos dejó un mayor conjunto de cuestiones y problemáticas instalados en la agenda de la política social. Esto abre un desafío para formular soluciones novedosas que permitan generar nuevas capacidades al interior de las agencias estatales y promover articulaciones con otros actores. Más aún, en el reciente escenario abierto por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la posibilidad de consolidar una incipiente recuperación económica cuyos beneficios impacten sobre las condiciones de vida de la población.

*Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Miembro del Grupo Política y Gestión. Actualmente se desempeña en la función pública, docencia universitaria y en diversos proyectos de investigación.

[1]Para una enumeración exhaustiva de las diferentes intervenciones sociales producidas por el Estado Nacional y los Estados Subnacionales durante los primeros meses de la pandemia, puede verse el Relevamiento de Intervenciones Sociales del Estado COVID 19. Los primeros 100 días del COVID en la Argentina, coordinado por Silvio Crudo y Vilma Paura: https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1da1da16-3c17-4ac2-afe2-116d4160fd17/page/OG9UB