Pese a haber abandonado por el momento la primera plana de la agenda mediática y política nacional, el conflicto presupuestario en la educación pública continúa irresuelto: el plan de ajuste instrumentado por el Gobierno Nacional de Javier Milei empujó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) a declarar por unanimidad la emergencia salarial de docentes, no docentes y personal sanitario de la institución en el marco de una brutal pérdida de poder adquisitivo ubicada “en torno al 40%”, informó la casa de estudios este miércoles.

Así lo precisó el Consejo Superior en una resolución firmada por todos sus integrantes esta tarde, donde expresó su “permanente preocupación por la jerarquización de la actividad incluyendo la justa retribución por la tarea realizada” y brindó su apoyo al “reclamo salarial de los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes de manera permanente” en un contexto de fuerte licuación de sus ingresos con “una pérdida real en torno al 40%” en lo que va de 2024.

El proyecto profundiza la lucha de empleados, alumnos y autoridades de las distintas instituciones de educación pública por mejoras presupuestarias ante el indomable “plan motosierra” de la administración de La Libertad Avanza. En ese sentido, la UBA denunció: “El Gobierno es el responsable en la negociación salarial para los docentes y no docentes, y por lo tanto es quien debe extremar los esfuerzos para garantizar una justa retribución salarial. Promover una educación de calidad en todos los niveles es una obligación indelegable del Estado”.

“Se hace imperioso concretar la recuperación de los salarios a fin de recomponer su valor adquisitivo. Desde el comienzo del presente año las representaciones gremiales docentes y no docentes han venido llevando adelante un reclamo y movilización constante sobre esta preocupación. La UBA requiere de la jerarquización de la función de sus trabajadores para la excelencia en el ejercicio de las funciones de enseñanza, investigación y extensión”, manifestó luego el Consejo Superior.

Frente a esto, el organismo resolvió “declarar la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes de la Universidad en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”. El proyecto fue remitido a la secretaría de Educación de la Nación que funciona bajo la órbita del ministerio de Capital Humano, las áreas apuntadas por el fuerte recorte presupuestario obrado sobre las instituciones públicas del país.