En medio de la fuerte embestida del Gobierno contra las universidades públicas, el rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, ratificó que irán a la Justicia para que determine cuál es el organismo que debe auditarla.

Es que desde el Gobierno pretenden que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sea la encargada de realizar el control, sin embargo, el artículo 59 bis de la Ley 24.521 (Ley de Educación Superior) establece que “el control administrativo externo” de las universidades estatales “es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación (AGN)”, que “dispondrá de un área específica (…) para llevar a cabo esta tarea”.

Por ese motivo, en conferencia de prensa, Gelpi señaló que bajo ningún punto de vista se niegan a ser auditados, pero exigió que el proceso se realice conforme a la ley. “Queremos ser auditados todo lo que sea necesario pero dentro del marco de las leyes y las instituciones”, exclamó. 

“Como todos saben, mediante un comunicado, el Poder Ejecutivo informó que por disposición unilateral las universidades nacionales serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación. Nosotros entendemos que no posee las competencias para auditar a las universidades por distintas razones jurídicas de peso, pero eso no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías”, explicó Gelpi en la sede del Rectorado de la UBA.

“Esto es muy importante y lo voy a repetir: de ningún modo nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la Justicia para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el gobierno nacional se encuentra dentro del marco legal vigente", remarcó. Y añadió: "Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida”. 

Leonora Colombo, integrante del Claustro de Graduados del Consejo Superior, explicó que la SIGEN “puede ejercer sus actividades de control respecto a los entes y organismos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional”. Y sentenció: “No es una opinión de la UBA. Esa es la letra de la ley”. 

"En el año 1994, se modificó la Constitución y se incorporó en el artículo 75, inciso 19, de la autonomía universitaria. La Corte Suprema precisó en el año 2003, o sea hace 20 años que está saldada esta discusión, que la autonomía implica que las universidades no dependen del Poder Ejecutivo y que están exentas de cualquier tipo de interferencia o control del Ejecutivo sobre todas sus actividades, incluyendo las económico financieras”, detalló. 

Al mismo tiempo, y para demostrar que no están en contra de las auditorías sino de lo que consideran una violación a la autonomía universitaria, la UBA publicó los últimos trabajos de control y auditorías realizadas sobre su administración por la Auditoría General de la Nación, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo (con informes mensuales de gastos a la Subsecretaría de Políticas Universitarias) y la Auditoría General de la Universidad.