La Argentina transita dos caminos desde la revolución de Mayo de 1810, la batalla de Caseros de 1852 y el legado de la victoria de Justo José de Urquiza al porteño Bartolomé Mitre diez años más tarde. Por un lado, está el país que busca más industria, más soberanía, más presencia estatal. Por el otro, está la tierra de uno pocos, la de las vaquitas y la dependencia.

El ex ministro de Trabajo de la Nación y actual legislador porteño, Carlos Tomada sintetiza en directas palabras lo que sucedía en la Argentina pos estallido de la crisis política y económica de 2001 "En mayo de 2003 cuando asumimos el gobierno, con tres movilizaciones en la puerta del Ministerio por día, yo que venía del campo sindical y estaba acostumbrado a discutir convenios y salarios, tuve que aprender a negociar kilos de carne y pan. Todavía tengo guardadas las actas. Ese era el país que existía cuando asumimos. Por eso la importancia de cuidar las paritarias y el movimiento obrero organizado reclamando un aumento salarial".

En ese marco está el conflicto docente cuya paritaria federal se viene llevando a cabo desde hace nueve años. Este acuerdo salarial es tomado como una referencia para las negociaciones provinciales. Su objetivo es establecer un salario por debajo del que no puede quedar excluido ningún maestro del país. Los sueldos docentes están a cargo de las provincias, pero es el gobierno, desde la administración del Estado nacional, quien garantiza un piso de ingresos en todas las escuelas. Históricamente, la Nación viene auxiliando con fondos para llegar a este piso a siete provincias de menores recursos.

La problemática radica que en la negociación nacional del año pasado, las asociaciones sindicales docentes obtuvieron un aumento del 40 por ciento. Esto generó fuertes críticas de los gobernadores, quienes plantearon al gobierno macrista la dificultad de afrontar el costo dinerario. La política de condicionar a los mandatarios provinciales proviene de quien está de manera escurridiza frente a las negociaciones el ministro de Interior y Obra Pública, Rogelio Frigerio. Frigerio, nieto del recordado homónimo pensador desarrollista,  ex presidente del Banco Ciudad y de fugaz paso por la subsecretaria de Relaciones con las Provincias, consciente de la estrategia de poder en su cartera frente a los gobernadores en torno a la repartija de la obra y la coparticipación federal.

Es decir, que por aplicación de la ley de Financiamiento Educativo, normada y sancionada con los ecos de fondo de lo que fue la Carpa Docente, el Estado desde la cartera educativa está obligado a convocar a la paritaria nacional, que además de ordenar el funcionamiento de las escuelas, debe discutir los planes de capacitación docente y encarar los programas socioeducativos. Desde una perspectiva federal, la paritaria agrupa en una misma mesa al Estado, a las provincias  y a los principales gremios de la enseñanza más importantes en relación a la cantidad de afiliados.

La paritaria es el instrumento legal por excelencia no solo de regulación de un conflicto sindical sino que establece el piso salarial docente e institucionaliza un fondo compensador financiado por el gobierno nacional de turno para aquellos estados provinciales ahogados económicamente.  Su incumplimiento debilita a los sindicatos y desarticula los mecanismos naturales que hacen a una nación federal.

Cuando el Estado es cooptado como herramienta para acrecentar únicamente poder propio y así  neutralizar los órganos de control y someter a las provincias, desdibuja la razón de su principal función. Es el Estado el núcleo de todas las peticiones sociales en busca del interés general y el sentido común de la política, aun cuando los portavoces del gobierno, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y Frigerio, sostengan que al no tener escuelas a su cargo el Gobierno nacional no debe intervenir en las paritarias.