Las propuestas más polémicas de Patricia Bullrich para "ordenar" la Argentina

Los últimos siete días de Patricia Bullrich fueron sin descanso. Buscando mantenerse activa frente a la adversidad que le plantea el horizonte electoral, la referente de los “halcones” de Juntos por el Cambio (JxC) intenta patear el tablero y sobreponerse a lo que significó la victoria en las PASO del líder de La Libertad Avanza (LLI) Javier Milei, que busca confrontar abiertamente con el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UP) Sergio Massa.

Tras oficializar a su equipo de seis especialistas para las principales áreas, en el que se destaca la incorporación de Carlos Melconian y el desembarco de la Fundación Mediterránea para los asuntos económicos, Bullrich buscar marcar la agenda con un documento de 86 páginas en los que enuncia su plan en 22 grandes ejes: Política Económica, Producción, Agroindustria, Energía, Minería, Turismo, Infraestructura y Vivienda, Anticorrupción, Reforma del Estado, Seguridad, Defensa, Justicia, Política Exterior, Políticas laborales, Mujeres, Educación, Políticas Sociales, Salud, Ambiente, Cultura, Deportes, y Jóvenes.

Este es el documento de las propuestas de Bullrich 

Bajo la consigna de “Un país ordenado”, Bullrich y su equipo comienzan haciendo énfasis en los objetivos estratégicos de su política económica, el tema más esperado por la opinión pública para identificar en qué líneas hay puntos en común con el programa de Milei, y en cuáles se presentan “alternativas” a las visiones más ultra ortodoxas que plantea LLA.

“Vamos a reordenar la economía para terminar con la inflación, porque la estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para avanzar en un cambio estructural de la base productiva de la Argentina y darle previsibilidad a los argentinos”, presentan.

En los apartados más resonantes, Bullrich y su tropa proponen un “nuevo régimen cambiario, sin cepos”, un programa de “responsabilidad fiscal” con cero déficit, y la aplicación de un régimen bimonetario. También expresan su definición por la “autonomía” del Banco Central que ya no financiaría a los gobiernos, la eliminación de impuestos de “escasa o nula” capacidad recaudatoria, y una política de quita de retenciones, liberando los cupos de exportación.

Consideran necesaria una “reforma integral del Estado”, algo que concuerda con los postulados de Milei, pero apuntan a diferenciarse en la jerarquía que tendrá su visión “productivista”, que se señala que buscarán “liberar” y “potenciar”, con una “matriz diversificada” en la que articularía el sector público con el privado.  

Las principales propuestas de la política económica, que luego se entrelazan con las restantes áreas, incluyen además:

- Un nuevo acuerdo federal con las provincias, donde se abordan temas institucionales, fiscales, administrativos, compromiso de “limite del gasto corriente” presupuestarios y mecanismos de incentivos para los distritos “competitivos”.

- La eliminación de las “trabas regulatorias” de la economía, derogando leyes y regulaciones “innecesarias”.

- La “modernización” del régimen laboral, enviando leyes al Congreso que apuntan a “generar más empleo formal, terminar con la litigiosidad y darle previsibilidad a las relaciones laborales”.

- Formación de acuerdos de libre comercio con diversos países y regiones del mundo “para potenciar la producción y la capacidad de exportación”.

- Darle “prioridad” al Mercosur, aunque estipulan que “debe ser revisado su funcionamiento para asegurar la agilidad de sus decisiones para establecer nuevos acuerdos con otras regiones o estados”.

- Fomento a la generación de “fuentes alternativas de energía” y de “los procesos de captura de carbono”.

MÁS ALLÁ DE LA MACROECONOMÍA, LAS PRINCIPALES Y POLÉMICAS PROPUESTAS DE JXC

Uno de los temas que mayor complejidad trajo al gobierno de Alberto Fernández en sus cuatro años de mandato es la política energética. Sobre este tema, la coalición que encabeza Bullrich sostiene que “normalizará” los entes regulatorios “intervenidos” por el gobierno. Destacan que esto “contribuyó a destruir la confiabilidad en el sistema y afectó la inversión” y le darán “un rol claro al ENRE y al ENARGAS, con “concursos abiertos de antecedentes”.

Seguirían con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner pero con el esquema de participación público- privada, que fracasó durante el gobierno macrista: “Completaremos las obras de infraestructura de gas para asegurar el abastecimiento en el norte del país y posibilitar así la exportación. Ampliaremos las redes de oleoductos, gasoductos y eléctricas mediante la inversión público-privada”.

Otro de los apartados más polémicos tiene que ver con lo que plantea Bullrich en materia de infraestructura. Allí sostiene que Aerolíneas Argentinas, “luego de un período de transición breve dejará de recibir subsidios estatales”. Destacan: “Implementaremos una auditoría de gestión económica y financiera de la empresa. La empresa presentará un plan de negocios para autosustentarse”.

En cuanto a la administración de la Hidrovía Paraná- Paraguay, por donde se transporta más de la mitad de la producción agrícola del país y que hoy gestiona la Administración General de Puertos, luego del fin del contrato de las empresas concesionarias, el documento expresa: “Debemos volver a contar con un contrato de concesión que sea competitivo, administrado por el sector privado y controlado por la Subsecretaría de Vías Navegables”.

También se incluyen en este apartado, la Derogación del Decreto de Necesidad de Urgencia que estableció el presidente Alberto Fernández para las telecomunicaciones, estableciendo que se trata de “un servicio público esencial”, “recuperar y expandir el sistema ferroviario de carga”, y la expansión de la vivienda (con programas especiales de vivienda para jóvenes) con el esquema de inversión público- privada.

En el eje “Anticorrupcion”, el equipo de JxC promoverá “una ley de integridad que prohíba la contratación de familiares y determine acciones claras para prevenir conflictos de interés”; y, un “acuerdo federal por la transparencia que será requisito para la asignación de recursos”.

En alusión a la situación procesal de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue condenada en la causa Vialidad y hoy afronta la instancia de apelación, se sostiene en el texto la iniciativa de “Ficha Limpia, para que los condenados en segunda instancia por delitos de corrupción estén inhabilitados para ser candidatos o ejercer cargos públicos”. Y complementan: “Llevaremos adelante una política de nula tolerancia. Seremos inflexibles con los funcionarios implicados en casos de corrupción que traicionen la confianza pública. Los bienes decomisados por casos de corrupción serán devueltos a la sociedad y el delito de corrupción será imprescriptible”.

En esta misma sintonía, las propuestas para la Reforma del Estado, bajo la tutela del abogado y exprocurador del Tesoro macrista Bernardo Saravia Frías, apuntan a una mayor austeridad de la estructura estatal: “Se terminan las cajas chicas, los autos, los teléfonos pagos y todos los privilegios y prebendas”, anuncian.

Más profundidad en este achique estatal queda a las claras cuando señalan que buscarán rediseñar “la estructura del Poder Ejecutivo para agilizar y transparentar la toma de decisiones para reducir gastos en áreas solapadas”. A eso le sigue una “baja de ministerios a la mitad”, “reducir a la mínima expresión los cargos políticos” y “eliminar el déficit de todas las empresas públicas”, entre otras medidas.

Una problemática que es de los puntos más fuertes en el discurso de Bullrich es el de la inseguridad. Para afrontarla, la extitular del área durante la presidencia de Macri destaca la necesidad de “combatir el narcotráfico y el crimen organizado, retomando el control del territorio, desplegando fuerzas federales con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas en zonas críticas como Rosario y el Conurbano, y desarticular las organizaciones y mercados ilegales”.

Luego de abordar cómo combatiría el delito en las ciudades, en el transporte público y en las zonas localizadas, aplicó “munición gruesa” contra los cortes de calle y las manifestaciones: “Vamos a terminar con los bloqueos, las ocupaciones y los cortes ilegales, para que los argentinos puedan moverse, trabajar y estudiar sin que les hagan la vida imposible. Definiremos un marco legal para la realización ordenada de manifestaciones; no permitiremos manifestaciones ilegales que bloqueen las actividades y movilidad de los ciudadanos. Vamos a eliminar automáticamente la intermediación de los planes sociales de las organizaciones que fomenten u organicen cortes o bloqueos”.

Además en el documento se arremete contra las “organizaciones extremistas” por las disputas territoriales, como en el caso de la comunidad mapuche en el sur del país, señalando que hay que “resguardar el territorio nacional de ocupaciones, ataques y extorsiones”. Se posiciona en favor del “cuidado” del personal policial, “asegurando el bienestar del personal de Fuerzas Policiales y de Seguridad, y protegerlos frente a abusos judiciales”; y se establece “fortalecer” y “reorganizar” el sistema carcelario para “terminar con el delito organizado desde las cárceles”. En otro de los pasajes de mayor revuelo, se plantea “impulsar la baja de la edad de imputabilidad y modificar el régimen de menores que delinquen”.

En el ámbito de la Justicia, Bullrich propone poner “a las víctimas como centro de protección del Derecho Penal, dejando atrás el zaffaronismo, que defiende a los delincuentes, brindando patrocinio jurídico gratuito para quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad de todo el país”. Impulsará la reforma del Consejo de la Magistratura, un “sistema de selección transparente y eficiente” para los aspirantes a jueces, una “aceleración de los plazos judiciales, implementando la Reforma del Código Penal y Procesal Penal”, y una “reforma integral del sistema carcelario”. “Derogaremos gran cantidad de leyes que sólo perturban, afectan el derecho de propiedad y traban las actividades”, expresaron en el último ítem.

En lo que hace al marco de las relaciones internacionales, desde el equipo de Bullrich, donde se destaca en esta área de Política Exterior la figura de Federico Pinedo, se manifiestan en favor del “multilateralismo”, confrontando con los postulados de Milei de alianza exclusiva con Estados Unidos e Israel, mientras despotricaba contra la China “comunista”. “Argentina se identifica con los valores occidentales pero tiene relaciones pacíficas y comerciales con todos los países”, plantean. “Concretaremos el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el ingreso de Argentina a la OCDE retomando el proceso que quedó pendiente”, reforzaron, al mismo tiempo que se manifestaron en favor de continuar con “los procesos de integración regionales”.  

Los planteos en el tema Políticas Laborales, para crear empleo formal, siguen en línea con lo que sistemáticamente plantea JxC: buscarán “actualizar” los convenios colectivos de trabajo, “eliminar la industria del juicio”, y se reducirán los “costos laborales no salariales”, donde “se incluyen los aportes “solidarios” y las contribuciones previstas en los convenios actuales, como seguros obligatorios y fondos de capacitación, entre otros”.

Lo más saliente en cuanto a la Política Educativa, área que tiene como referente al radical Fabio Quetglas, tiene que ver con el planteo de declarar la educación como “servicio esencial”, para contrarrestar el peso que tienen los gremios docentes. El documento se explaya al respecto: “El derecho de huelga no debe estar por encima del derecho de los chicos a aprender. Tanto la salud como la seguridad son consideradas actividades esenciales. Vamos a incluir la educación en esta lógica: el servicio esencial es que cada año los chicos aprendan lo que deben aprender, nunca menos de 190 días de clase”.

En cuanto al sistema universitario y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a diferencia de Milei que propuso eliminarlo, JxC sostiene que debería seguir funcionando pero señalan que “ha sufrido cierta partidización y desviación de sus objetivos”. “Vamos a fortalecerlo y vincularlo fuertemente con el sector productivo, mediante asociaciones público privadas para la investigación y desarrollo”, indicaron.

Desde el área de Políticas Sociales que coordina Joaquín De la Torre establecen que la “política social es el empleo”. Y refuerzan: “En un período de 4 años se transformarán los planes sociales con el objetivo de lograr que personas que hoy llevan adelante tareas precarias o están desempleadas se incorporen en una condición más favorable al mercado de trabajo”.

Plantean que el actual Plan Potenciar Trabajo será reformulado en un “seguro de desempleo temporal”. Además van a fondo contra los intermediarios de la ayuda social, expresando que “buena parte de los recursos que el Estado vuelca a la política social se pierden en financiar organizaciones piqueteras y partidos políticos”, y proponen eliminarlos.

En uno de los últimos extractos, el documento hace énfasis en cuanto al área de Salud, en que “la falta de coordinación e integración entre el sistema privado, el público y el de la seguridad social (las obras sociales) generan un servicio de una calidad y universalidad menor a la que podríamos tener”. Proponen “asegurar el cumplimiento del Plan Médico Obligatorio”. “Muchas obras sociales hoy no lo cumplen, por problemas del sistema o porque usan los fondos para otros fines. Las vamos a ayudar a recuperar el equilibrio pero vamos a controlar estrictamente que usen los subsidios para brindar salud y no con fines políticos. Seremos inflexibles con la corrupción”, ratificaron, marcándole la cancha a los sindicatos.