Las universidades públicas advierten una “situación crítica” y piden al Gobierno que rectifique el rumbo

El ajuste brutal y sin precedentes con el que el gobierno de Milei y Caputo están llevando adelante la fractura planificada del cuerpo social del país afecta sin concesiones a las áreas más estructurales de la vida cotidiana de los argentinos. La educación, el gastado caballito de batalla que las fuerzas neoliberales utilizan siempre para seducir al sentido común de la sociedad y luego destruyen desde el poder, sufre por estos días un ataque tan violento como pocas veces se ha visto bajo gobiernos de la democracia. En el centro de la agenda quedaron la eliminación del Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador, derechos adquiridos hace décadas y plasmados en leyes que el Gobierno decide incumplir, así como también la suspensión de envíos de recursos a los comedores escolares. Tristemente, esos flagelos que afectan principalmente a los niveles primario y medio de la educación argentina no son los únicos castigos del Gobierno para con el sistema educativo nacional.

Las universidades públicas también atraviesan un momento de angustia y desesperación, generado por la fenomenal licuación de sus presupuestos para este año. La prórroga del Presupuesto 2023 por parte del Gobierno sin ninguna actualización de las partidas destinadas al sistema universitario, de ciencia e investigación, plantean un riesgo para el funcionamiento del mismo inédito en décadas. Agotando las instancias de negociación frente a un gobierno insensible y que permanece cerrado en sus mantras de libre mercado, sin abrirse a escuchar y abordar las problemáticas de los sectores a los que su ajuste afecta, las autoridades universitarias comenzaron a plantear en la agenda pública el dramático estado de situación en el que se encuentran sus instituciones.

Este miércoles, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea 71 universidades públicas de todo el país, emitió un comunicado en el que alertó sobre una “situación crítica” que, “de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo”, resultará en que “se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones universitarias públicas”. El CIN, cuyas autoridades mantuvieron una reunión con el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, el pasado 14 de febrero, se vio obligado apenas una semana después a advertir que el sistema no resiste el ajuste actual.

En concreto, el Consejo enfatizó la necesidad de “incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme el proceso inflacionario; actualizar los salarios de docentes y nodocentes; dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas; y garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión”.

En su comunicado, el CIN expresó que “en estos 40 años de democracia las universidades públicas han sido un claro ejemplo de institucionalidad, destacada formación profesional de excelencia, producción de conocimiento comprometido con los grandes problemas nacionales, construcción democrática y respeto por los derechos humanos”, y destacó que el desarrollo productivo del país incluye en todos sus sectores y niveles “investigación y conocimiento generado en las universidades y el sistema científico”.

“Sostener el valor estratégico que la educación universitaria pública tiene, sobre todo para un país que atraviesa tantos problemas estructurales, es responsabilidad de todas y de todos. Todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación y universidad pública, con más y mejor inversión en formación universitaria y ciencia nacional” concluyeron desde el organismo creado en 1985 y del cual participan rectores y rectoras de las principales universidades públicas del país.

LA GRAVEDAD DEL AJUSTE EN NÚMEROS

Un caso significativo para dimensionar la magnitud de la licuación de los recursos destinados al sistema universitario es el de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En un comunicado que lleva la firma de su Decana, Ana Arias, y su Vicedecano, Diego de Charras, la facultad informó la semana pasada a su comunidad las dificultades presupuestarias que atraviesa y la “profunda preocupación por la proyección de gastos para el funcionamiento” de la casa de estudios.

“Durante el 2023 Sociales contó con un presupuesto de 238 millones de pesos, dinero utilizado para la limpieza de los edificios, el mantenimiento de ascensores, la compra de pupitres, la ART de nuestros y nuestras estudiantes, entre otros gastos que hacen al normal desempeño institucional” expresaron las autoridades.

El comunicado continúa informando que “con una proyección de inflación interanual del 250% para este año el funcionamiento de nuestra institución necesita al menos 645 millones de pesos, lo que nos deja un déficit estimado de 406 millones de pesos”, a partir de la prórroga sin actualizaciones del Presupuesto 2023 por parte del Gobierno Nacional.

“Entendemos que la educación y la ciencia se encuentran en estado de alerta y es nuestra responsabilidad como autoridades velar y defender los derechos de estudiantes, docentes y nodocentes. Exigimos al gobierno nacional revisar las decisiones presupuestarias. La Universidad Pública no es un gasto” sentenciaron.

EL POSICIONAMIENTO DE LA UBA

Este martes, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires mantuvo una sesión extraordinaria de su Consejo Superior, órgano que reúne a Decanas y Decanos de las 13 facultades, Consejeros de los claustros de profesores, graduados y estudiantes, y al Rector de la casa de estudios más importante del país. En la sesión se aprobó una resolución impulsada por las facultades de Sociales, Exactas y Filosofía y Letras que expresó el estado de extrema preocupación de la comunidad universitaria ante el ahogo presupuestario del Gobierno, al vez que reclamó por paritarias docente y nodocente.

“Los gastos de funcionamiento de la Universidad han sufrido un impacto de crecimiento al ritmo de la inflación muy por encima del 200% el último año y un 50% acumulado para el bimestre diciembre - enero; sin perjuicio de aquellos gastos vinculados a la función salud que registran incrementos muy por encima de los valores mencionados, llegando en algunos casos a crecimiento interanual del 1000%” planteó la resolución en sus considerandos, a la vez que alertó sobre “un fuerte deterioro de los ingresos de los docentes y nodocentes de la Universidad”.

Con el objeto de “garantizar la continuidad de sus funciones en docencia, investigación, salud y extensión”, el Consejo Superior de la UBA encomendó a su Rector realizar las gestiones pertinentes con el Ministerio de Capital Humano para lograr las actualizaciones presupuestarias y las paritarias imprescindibles para el normal funcionamiento de la institución. Al mismo tiempo, se solicitó a la Jefatura de Gabinete “la asignación del presupuesto necesario para las actividades de ciencia y tecnología, a fin de sostener un sistema que es pilar esencial del mantenimiento de investigación y docencia de calidad en nuestras universidades públicas”.  

El reclamo llega en medio del ahogo presupuestario y la eliminación de partidas como el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología (FONCyT) y el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento, sumados al recorte de becas y financiamiento para el CONICET. La resolución fue aprobada por unanimidad, lo cual representa todo un signo de la amplitud y la profundidad de la preocupación y del reclamo, ya que en la UBA y su Consejo Superior conviven múltiples actores políticos y los consensos absolutos no resultan nada fáciles de conseguir.

EL AJUSTE A DOCENTES

Los docentes universitarios recibieron recientemente una vergonzosa propuesta de aumento salarial por parte del Gobierno Nacional, agravando aún más el complejo estado de situación en el que se encuentra todo el sistema. La propuesta del oficialismo fue de una recomposición del 6% en febrero, que se sumaría al 10% acordado con el gobierno anterior y firmado para los meses de noviembre y diciembre. De esa forma, el aumento llegaría a un 16% para un período en el que la inflación superó largamente el 50%, profundizando la pérdida de poder adquisitivo del salario.

El Frente de Sindicatos de las Universidades Nacionales rechazó la propuesta del Gobierno, que mantiene su inflexibilidad a la hora de comprender las necesidades de trabajadores y trabajadoras de la educación. Sin atisbos de soluciones a la vista, el conflicto salarial se encamina a agravarse, así como también el presupuestario para las universidades públicas del país, poniendo el riesgo el normal inicio del ciclo lectivo tal como sucede en todo el sistema de educación pública.

Las mentiras de campaña del Presidente quedan cada vez más expuestas a medida que se suman y acumulan los sectores de la sociedad que, agobiados por el ajuste brutal e insensible, se expresan en torno a la imposibilidad de seguir adelante en este rumbo de caos social y miseria planificada. Si el Gobierno se mantiene intransigente frente a una realidad inocultable y que ya no resiste más relato vacío, el mes de marzo encontrará a docentes, nodocentes, estudiantes, investigadores y a toda la comunidad educativa en las calles reclamando y no en las aulas produciendo conocimiento. Así marchan las cosas en la Argentina de la libertad.