Javier Milei festejó, desde los Estados Unidos, la confirmación del dictamen para que el Senado trate la Ley Bases, que ya cuenta con media sanción de Diputados y hace semanas deambula por la Cámara alta.

Cuando todavía circulaban rumores de que La Libertad Avanza (LLA) no había llegado al número que se necesitaba para tratar el proyecto en el recinto, el Gobierno pudo destrabar las diferencias con la “oposición dialoguista” y acordar en lo general sobre los puntos más “irreconciliables”.

Fue clave la intervención del flamante jefe de Gabinete Guillermo Francos, en tándem con la titular del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel. El oficialismo se aseguró que los senadores José María Carambia (Por Santa Cruz), Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) y el peronista disidente Edgardo Kueider (Unidad Federal-Entre Ríos) pusieran su firma. En disidencia parcial, para lograr la mayoría necesaria para garantizar el dictamen. 

Dentro de las reformas que el Ejecutivo espera aprobar, en base a los más de 200 artículos que fueron aprobados en la Cámara baja a finales de abril, figuran entre las principales:

-Declaración de emergencia energética, económica y financiera por un año.

-Reforma del Estado: reorganización administrativa de organismos públicos.

-Consolidación de la deuda pública y el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad de ANSES.

-Régimen de defensa de la competencia, con modificaciones para las prácticas que puedan "limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado".

-Privatizaciones de empresas estatales.

-Marco regulatorio para Fondos Fiduciarios.

-Régimen de incentivo para "Grandes Inversiones": "que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial" durante dos años.

-Modificación en el régimen de empleabilidad para trabajadores estatales.

-Unificación de los entes reguladores energéticos.

- Reforma laboral.

Sobre posibilidad de que el presidente Milei tenga a su disposición la emergencia en materia energética, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),  plantean que “esta medida, lejos de garantizar una respuesta eficaz a los desafíos energéticos, climáticos y ambientales en nuestro país, permitiría las decisiones unilaterales e inconsultas, en un sector ya altamente concentrado”.

También se prevé la privatización total de Energía Argentina (ENARSA) y las reformas a Leyes Nº 15.336 y Nº 24.065. Se buscaría, de acuerdo a la iniciativa oficial, “liberar la comercialización, competencia y ampliación del mercado eléctrico, especialmente la libre elección de proveedor de energía eléctrica a los usuarios finales”.

Hay una modificación regulatoria que, junto al RIGI, es de las más prioritarias para el Ejecutivo: la ley de hidrocarburos. Estas dos fueron las apuntadas la semana, de acuerdo a las especulaciones sobre si fracasaba la ley Bases en el Senado, de ser sujetas a sanción vía DNU por el mandatario “libertario”.

LA LETRA CHICA DE UN POTENCIAL GRAN PROBLEMA

El capítulo IV de la Ley Bases, en el apartado de Energía, detalla las modificaciones de la Ley Nº 17.319 de Hidrocarburos y plantea una profunda modificación para el sector.

Como se detalla desde el CELS, la Ley de Hidrocarburos “modifica 51 artículos, deroga 9 e incorpora 2 en formato “bis”; la Ley Gas Natural Nº 24.076 modifica 6 artículos, la Ley de Autoabastecimiento Hidrocarburífero Nº 26.741 en 2 artículos, y también en los entes reguladores de gas y energía, y el régimen de energía eléctrica”.

Los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), ya pudieron modificar 49 artículos de la salida del texto original, ex Ley Ómnibus. Pero el espíritu general “desregulador” se mantiene.

Con la aprobación de las propuestas de reformas en materia energética, el Gobierno buscará  liberar el mercado de los hidrocarburos y confluir hacia precios internacionales. Con esta idea vertebradora, en la nueva normativa queda explicitado el objetivo de la "maximización de la renta empresaria”.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, defendió la Ley Bases en la reunión plenaria de comisiones del Senado.

Esto significaría dejar a un lado la prioridad del autoabastecimiento y también obturaría el desarrollo de la cadena de valor de los hidrocarburos. Se eliminaría la primacía de una mirada sobre el mercado interno y cualquier posibilidad de intervenir en la fijación de precios. “El comercio internacional de hidrocarburos será libre”, se resume en el texto aprobado en Diputados.

A la “libre” exportación de hidrocarburos por parte de los concesionarios y comercializadores se le puede oponer una tibia objeción por parte de la Secretaria de Energía, que solo podrá ser ejecutada “dentro de los 30 días de puesta en su conocimiento”. Se plantea que esa salvedad se debe argumentar en base a “motivos técnicos o económicos que hagan a la seguridad del suministro”.

En medio del faltante de Gas Natural Licuado que afectó en las últimas horas a las industrias y a las estaciones de servicio y le generó un verdadero problema al Gobierno, el exportador, con la aprobación de la normativa, no deberá hacerse cargo de importar GNL o gasoil en el invierno.

Desde la ONG orientada a la elaboración de políticas públicas en el ámbito de la Energía y los Servicios Públicos, Instituto Argentino de Energía "General Mosconi señalaron: “La libertad de comercialización y precios que desea imponer el PEN debería tener como contrapartida en el artículo 6º de la 17.319, una clara indicación de que la reglamentación posterior se deberá instrumentar de forma tal que vender en el mercado interno resulte igual de atractivo que exportar, para evitar que las concesiones esquiven ofertar en el mercado interno concentrándose en la exportación”.

Promueven la “declaración interés público nacional para el abastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de promover el desarrollo económico y la creación de empleo”.

¿QUÉ NEGOCIAN LOS GOBERNADORES PATAGÓNICOS?

Los mandatarios patagónicos -Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Zilliotto (La Pampa)- vienen dando el debate sobre los puntos indispensables para su propia gobernabilidad en sus territorios.

En el primer momento, luego de conocerse el texto en diciembre que fue llevado al Congreso, los gobernadores habían puesto el grito en el cielo por la facultad que se delegaba al Poder Ejecutivo por sobre las atribuciones delegadas a las provincias tras la sanción de la Constitución de 1994 y garantizadas en la Ley 26.197 (Ley Corta).

También afloraron las críticas por las modificaciones de los cánones de exploración y explotación, y la posibilidad de incrementar al 15% las alícuotas de exportación.

Tuvieron algunos avances pero retrocedieron en otros temas importantes. Consiguieron mantener el dominio original sobre sus recursos hidrocarburíferos, y lo mismo sucedió con el Fondo Fiduciario del Régimen de Zona Fría de subsidios al gas natural patagónico.

Como contrapartida, uno de los puntos más festejados por el sector OFEPHI, tras semanas de negociación incansable, había sido el de lograr introducir la reforma al artículo 27 bis de la ley de Hidrocarburos.

Esta modificación les permitía tener la posibilidad de que las formaciones geológicas convencionales que queden dentro de un área reconvertida a no convencional, puedan volver a sus manos y así, volver a incluirlas en nuevas licitaciones. Pero no fue incluida en la media sanción de Diputados. “Así lo dispusieron las fuerzas del cielo”, soltaron ácidamente.

Se especula que será el 12 de junio la fecha en que se tratará la Ley Bases en el Senado. Ahí estarán los gobernadores afectados por la modificación de la normativa hidrocarburífera, más atentos que nunca para no llevar malas noticias a sus provincias.