La “Teoría de los dos Demonios” volvió a la carga con un fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal conocido este jueves que ordena reabrir la causa por la voladura de la repartición porteña de la Policía Federal en los albores de la última dictadura militar. La resolución, firmada por los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia (estos últimos dos nombrados por Mauricio Macri), le da un nuevo impulso al pedido de supuestas organizaciones “civiles” que reivindican el golpe del 76 para que la bomba colocada por Montoneros en plena noche represiva sea considerada como un crimen de Lesa Humanidad, es decir, que tenga el mismo estatus jurídico que las torturas en centros clandestinos de detención, el robo de bebés y el plan sistemático de desaparición de 30 mil de personas durante la época más oscura de la historia argentina. Los camaristas contradijeron una decisión de la jueza María Servini, que había rechazado en 2006 “in situ” la demanda, por ridícula, y de la propia Corte Suprema, que también la había desestimado. 

Según el fallo, Servini actuó con “arbitrariedad” al negarse a darle curso a investigar un supuesto delito en todo caso prescripto, sucedido en junio de 1976. Para los camaristas, la magistrada “no ha considerado ni el planteo sobre el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras” y le dieron valor a imaginarios “nuevos elementos propuestos” por la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y otras organizaciones del estilo que todavía sueñan con reivindicar a los dinosaurios juzgados y condenados por masacrar a su propio pueblo y que habían presentado un pedido para reabrir la causa a fines del año pasado.  

Entre los integrantes de esas organizaciones que reclaman la reapertura de la causa y obtuvieron el beneplácito de los camaristas se encuentra nada menos que Eduardo Kalinec, conocido como “el Dr. K”, uno de los represores del centro clandestino de detención Atlético. Tampoco es la primera vez que Llorens, Bruglia y Bertuzzi favorecen a los dinosaurios: en septiembre de 2020 liberaron al último condenado por los asesinatos de la Triple A, Julio Yessi, mano derecha del “brujo” López Rega. 

Algunos de esos “nuevos elementos” aparecieron en el libro “Masacre en el Comedor” publicado este año por el vocero de esos sectores marginales de la sociedad argentina, el inefable Ceferino Reato. La última arremetida del negacionista fue vincular al escritor, periodista y militante popular Rodolfo Walsh como el supuesto autor intelectual de los hechos, para lo cual se basa en informes de inteligencia de la propia dictadura, voces no identificadas y hasta en un ridículo texto publicado en 1985, Confesiones de un Montonero, que a su vez cita un expediente aparentemente titulado “Desaparición y muerte del exagente José María Salgado”, que no existe. El periodista Facundo Pastor, autor del riguroso libro “Emboscada” que trata sobre los últimos meses con vida de Walsh, confirmó con fuentes judiciales que esa causa era un invento y que el autor de aquél documento ya escribía textos sin sustento para jugar en la interna de la dictadura a favor del Ejército, operando contra la Marina. 

José María Salgado, precisamente, es apuntado por la literatura histórica disponible como el aparente autor material de aquella bomba, que mató a una veintena de policías. Sus compañeros de montoneros le decían “Pepe” y estuvo infiltrado en la propia Policía, una táctica típica de las organizaciones revolucionarias y anti-dictadura de todo el mundo durante los años 60s y 70s -y antes y después también-. Podría decirse que la dictadura, en el caso de “Pepe”, hizo justicia por mano propia: fue suya la cita envenenada con la que Walsh cae a manos de los represores para luego, una vez que ya no le servía más a sus captores, fue muerto a pura picana y su cuerpo descuartizado en una sala de torturas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ex ESMA, hoy recuperado como sitio para la Memoria y los Derechos Humanos).

La bomba en cuestión estalló a las 13:02 del 2 de julio de 1976 e hizo volar por los aires a la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno al 1431. A marzo de 1977, cuando Walsh logra difundir su Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar antes de caer en la emboscada y en ocasión del primer aniversario del golpe, ya se contaban “quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados”, como “la cifra desnuda de ese terror”. Todos los estudios serios sobre la represión coinciden en que la bomba estalló nada menos que durante el pico del terror desplegado por el Estado sobre toda la población, con el pico de presos en centros clandestinos de detención y de cadáveres arrojados al mar. Los caídos eran docentes, obreros, estudiantes, periodistas, militantes de base. La mayoría de las organizaciones armadas ya estaban diezmadas antes del golpe y se las utilizó como argumento de una supuesta “guerra” que en realidad se desató contra la sociedad civil para generar terror e instaurar un modelo económico destructivo que nadie hubiera votado y que en condiciones normales se hubiera resistido con métodos “normales”. Las propias organizaciones surgen como respuesta a los “golpes blandos” de mediados de los 60s, con el objetivo de restaurar, precisamente, la democracia.  Parece insólito tener que insistir con esto en pleno Siglo XXI, pero los Bertuzzi, los Bruglia, los Reato y los Macri siguen dando coletazos desesperados para cambiar el signo de la interpretación de la historia que los llena de urticaria. 

Para colmo, entre los supuestos autores intelectuales señalados figuran Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger y Lila Victoria Pastoriza. Casi todos ellos fueron sobrevivientes luego de estar en cautiverio o debieron exiliarse para salvar sus vidas. La reapertura de la causa es otro intento más de convertir a víctimas en victimarios. 

Mientras tanto, la Cámara 2 de Casación le otorgó, en otro fallo vergonzoso con el ADN de Comodoro Py, prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz. La Justicia federal de Jujuy, manejada a dedo por el gobernador Gerardo Morales, garantizó esta semana la impunidad de Carlos Blaquier, uno de los civiles que se puso al frente de la represión en su provincia. Algo -muy nefasto- está pasando en la justicia argentina.