Los argumentos más fuertes del Gobierno para ampliar la Corte a 25 miembros

El proyecto de ley para ampliar a 25 los miembros de la Corte Suprema comenzará a debatirse en el Senado la semana que viene. El texto, de tan solo cinco artículos, lleva las firmas del presidente y la vicepresidente del interbloque del Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, ambos del riñón de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y ya en sus argumentos plantea las líneas generales que el oficialismo expondrá durante el debate en comisiones y en el propio recinto. 

El proyecto establece que la ampliación se dará de “forma progresiva”, y la integración será respetando a los cuatro supremos vigentes (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti). “El resto de magistrados y magistradas se irán integrando, conforme sean designados y designadas”, aclara el texto. La reforma, además, contará con los fondos necesarios, que serán votados en el presupuesto del próximo año. 

Mientras la ley esté en vigencia y se voten sucesivamente los nuevos integrantes, aclara el artículo 3, la Corte seguirá fallando y funcionando como hasta ahora. Una vez completado el cupo, se abrirá el debate de una segunda norma, “especial”, que “determinará el modo de organización y funcionamiento” de la Corte ampliada. 

El primero de los argumentos del proyecto pega directo en el punto de flotación de una de las críticas más feroces que recibe el poder judicial en todas las encuestas: la lentitud de las causas. “La ampliación propuesta busca dotar de mayor número de magistrados al máximo Tribunal de la Nación que, organizados de una forma más eficiente, revierta la práctica inveterada de la delegación de trabajo en secretarías y funcionarios judiciales, para fortalecer la inmediatez con los expedientes y con el justiciable, además de abreviar los extensos plazos que lleva la tramitación de los recursos y demás presentaciones ante el alto Tribunal”, dice el texto. 

“El aumento de la población argentina refleja en el notorio incremento de la litigiosidad y de expedientes que llegan a la Corte”, reza el proyecto, que además rescata una acordada del máximo tribunal del año 1958 que solicitaba una ampliación a nueve miembros para poder funcionar correctamente, algo que terminó concretando Carlos Menem varias décadas después y que revirtió más tarde Néstor Kirchner. 

“Cuando en 1958 la Corte Suprema solicitó al presidente de la Nación el aumento del número de jueces que la componen a nueve, lo hizo aludiendo al enorme cúmulo de expedientes que le llegaban anualmente, que rondaban los dos mil”, dice el texto, en una estocada directa al argumento de la propia Corte actual y de la oposición, que insisten en que no es necesaria la ampliación. 

“Las estadísticas de los últimos años revelan que el Tribunal viene soportando el peso de una elevada cantidad de causas que no logran ser resueltas —sigue el texto—.Todo esto sólo puede remediarse con una reforma sustancial en la estructura de la Corte que, al mismo tiempo que aumenta el número de los jueces y secretarios, haga posible la división en Salas a fin de dar pronto despacho a un gran número de causas (expropiaciones, cuestiones de crédito o aduanas, etc.) que no constituyen el trabajo realmente propio de una Corte Suprema”. 

“Resulta materialmente imposible para un magistrado siquiera leer veintiún mil expedientes durante un año, y menos aún fallarlos, pues para hacerlo, se deben dictar cerca de dos mil sentencias por mes, algo así como cien sentencias por cada día hábil, lo que deja a las claras el altísimo nivel de delegación existente en personas que no son jueces, es decir, en los secretarios del Tribunal y en los secretarios y prosecretarios letrados de cada una de las secretarías y vocalías”.

En ese mismo argumento había tallado el propio presidente, Alberto Fernández, cuando públicamente dió vía libre al proyecto. "Cuando la Justicia funciona mal, no es que funciona mal para un ex presidente o ex ministro, funciona mal para los ciudadanos. El problema de la Justicia es muy agudo y por eso hay que asumirlo", dijo. El nombramiento de cada nuevo juez deberá ser consensuado con la oposición, dado que cada pliego necesita de los dos tercios de ambas cámaras. 

Otro de los argumentos de peso, que no está en el proyecto, es el federalismo. "Nosotros propiciamos la iniciativa de que la Corte tenga 25 miembros, uno por cada una de las jurisdicciones y del Estado Nacional, y con paridad de género, para conformar una Corte con carácter federal", había dicho en la previa de la presentación del proyecto el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Si bien el carácter federal se dará a partir del debate de cada pliego, los gobernadores del peronismo terminaron apoyando fuertemente el proyecto.

“Tenemos una Corte Suprema de las provincias poderosas”, había dicho en la misma línea el ministro de Justicia, Martín Soria. El voto de los senadores del interior será clave para empujar el proyecto, que se estima pasará sin trabas por el Senado, aunque le espera un futuro incierto en Diputados.