Los dueños de la Argentina: las corporaciones que Milei dejó que capturen al Estado y los funcionarios "doble comando" (II)

ESTADO QUE ODIAN, ESTADO QUE USAN EN SU BENEFICIO

El camino hacia un Estado “capturado” que permitió toda clase de ventajas y permisos espurios para los principales grupos económicos de la Argentina, como se detalló en la primera parte de este relevo, incluyó como condición sinequanon la intrusión de funcionarios vinculados a las facciones más concentradas del empresariado. 

Esta condición permitió la definición de medidas políticas y económicas, avaladas por marcos normativos que las amparan, y son la regla básica para la administración nacional, que se resume en “trampa y negociado” arreglado por lo bajo. Los números de las ganancias exorbitantes que se presentaron en la primera parte del informe no se pueden explicar sin tener en cuenta esto.

La receta es simple: la multiposicionalidad de los funcionarios públicos y una puerta giratoria de entrada en el Gabinete nacional. Siguiendo la línea de la presentación que hizo el Observatorio de las Elites (CITRA UMET-CONICET), se recalca que un tercio (29%) de los funcionarios de la Administración Pública Nacional (APN) ocupan cargos de dirección en empresas privadas.

El número es contundente: hasta noviembre del 2024, había 55 funcionarios con 182 participaciones en 171 empresas que operan en 17 sectores de actividad. Y de esas participaciones, las carteras del Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete de Ministros concentran la mayor cantidad de funcionarios con participación en sociedades comerciales de diversos sectores de actividad.

Si se toman en cuenta la información que proveen el Mapa del Estado y la Inspección General de Justicia (IJG), con datos de mediados de 2024, se concluye que de la vinculación directa con el mundo empresarial hay 4 de 8 ministros, 33 de 60 secretarios y 35 de 117 subsecretarios. Contundente.

El propio Caputo tiene representación en dos sociedades extranjeras del sector financiero: Suddeutsche Vermogensverwaltung Gmbh y Deutsche Bank Aktiengesellschaft. El "Messi de las finanzas" de Mauricio Macri durante la gestión CAMBIEMOS debió afrontar diversas investigaciones judiciales por administrar sociedades offshore paralelamente en su rol de funcionario público.

Del ministerio que ocupa Luis "Toto" Caputo son 23 los hombres que asumieron con cargos en los directorios de empresas, principalmente en los sectores de energía e hidrocarburos, tecnología, servicios financieros, de consultoría y de actividad agropecuaria.

Su secretario, José García Hamilton, registra cuatro participaciones en la dirección de empresas del rubro tecnológico, y de servicios inmobiliarios y financieros. Similar situación que el actual subsecretario Legal de Caputo, Alejandro Speroni. A ellos se suman representantes de asociaciones empresariales del sector bancario, energético y primario-exportador, lo que deja el número final en 106 participaciones desde esta cartera.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que tiene 12 funcionarios que también son directivos de "doble" filiación, con 46 casos de participaciones desde su área, también dejó marcada su huella por su vinculación con las entidades bancarias ADEBA y ABAPPRA, y con la Asociación Aeronáutica y Aeroportuaria.

La representación de estos sectores económicos es preponderante no solo desde Economía sino que también se extiende a casi todas las 182 participaciones de los dos lados del mostrador de funcionarios. El 81% de ese total de participaciones son en Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada locales y el 19% en Sociedades Extranjeras.

Cabe resaltar que la jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía cumplen un rol central en la implementación de las reformas del megaDNU 70/2023 y la "Ley de Bases", aprobada en el Congreso. El primero tiene vínculo directo con las provincias y con el resto de los poderes del Estado; y, el área de Economía orienta la coordinación macroeconómica, fiscal y financiera, las actividades productivas en todos los sectores, la obra pública y la privatización de las empresas estatales.

La exposición directa a conflictos de intereses tiene nombres propios. Un funcionario de Caputo, el secretario de Minería de su cartera, Luis Lucero, tiene 37 participaciones en sociedades comerciales, de las cuales 28 de ellas son en el exterior, y que operan en diversos sectores de actividad (energético, financiero, agropecuario).

Otro que responde al ministro Federico Sturzenegger es el subsecretario en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado Héctor Huici, que tiene 13 participaciones en sociedades comerciales vinculadas a los sectores de telecomunicaciones, de energía e hidrocarburos, transporte y logística; y, de tecnología.

Los informes recogidos por Diagonales indican la presencia más fuerte de las asociaciones empresariales con capacidad de lobby para influenciar en las políticas públicas que toma la administración "libertaria". Predominan en este relevo que hizo el Observatorio de las Elites del CITRA (UMET-CONICET) las del sector bancario, energético y primario-exportador.Y se imponen dos asociaciones propias de grupos económicos: Techint y Loma Negra. 

En el caso del gigante del acero, dirigido por Paolo Rocca, la empresa aportó ejecutivos para la conducción de YPF en toda la primera línea y en otras áreas, como la secretaría de Trabajo.Del vínculo espurio del Estado con Techint sobresale el Convenio entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la “Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal”. Vía libre para la evasión.

Del listado "doble comando" resaltan algunos apellidos que provienen de Techint pero también de otras empresas emblema por ser, en la visión del presidente, "benefactores sociales":

-Horacio Marín, actual presidente de YPF, que fue hasta noviembre de 2023 presidente de Tecpetrol, una de las empresas del grupo Techint en la que se desempeñó por 35 años.

-Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, socio en la Asociación del Personal Superior de la Organización Techint y la Asociación Servicios Sociales Techint.

-Federico Barroetaveña, CFO de YPF, que se desempeñó en el mismo cargo en Tecpetrol hasta diciembre de 2023.-El ahora exsecretario de Energía 

Eduardo Rodríguez Chirillo que trabajó en la petrolera Tecpetrol, del grupo Techint. Fue socio fundador hasta enero de 2024 de ERC Consultores, una consultora en materia de energía con negocios en Argentina, México y España.

-María Tettamanti, que reemplazó a Chirillo tras un acuerdo entre Mauricio Macri y Santiago Caputo, fue Directora General de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur hasta mayo de 2023.

-Luis Giovine, secretario de Obras Públicas del Ministerio de Economía vinculado a ADEERA, la asociación de distribuidores de energía eléctrica

-Luis De Ridder, subsecretario de Combustibles Líquidos del Ministerio de Economía relacionado a la Cámara de Exportadores de la República Argentina

-Agustín Tejeda Rodríguez, subsecretario de Mercados Agropecuarios y Negociaciones Internacionales, socio de la Asociación Argentina de Trigo y de la Asociación Argentina de Maíz y Sorgo.

Pero hay más: en el área de Salud predominan los funcionarios de las prepagas OSDE y el Sanatorio Güemes. De allí provienen:

-El actual ministro de Salud Mario Lugones, antes de asumir en la cartera era el presidente de la Fundación Sanatorio Güemes, uno de los más grandes centros sanitarios de la Ciudad de Buenos Aires.

-Liliana Graciela González, la actual Directora Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos y conocida por los anuncios del cierre del Hospital Laura Bonaparte, también proviene de la Fundación Güemes. 

-Gabriel Oriolo, actual titular de la Superintendencia de Salud, que trabajó durante décadas en OSDE, una de las principales empresas reguladas por el organismo.

En el caso de la ex AFIP, ahora ARCA, se imponen exempleados de los estudios de abogados especializados en liquidación de impuestos. Ese fue el caso de la extitular de ARCA Florencia Misrahi. La experta en impuestos, aduanas y agronegocios era socia del estudio Lisicki Litvin, un bufete que representa a muchos de los argentinos más poderosos en sus embates contra la AFIP o por demandas del fisco.

Hay otro ítem que se marca con preocupación en el informe del Instituto Argentina Grande: el de los funcionarios "off shore" que ejercen la función pública, con "roles homologables a ministros o secretarios pero lo hacen sin una designación que los consagre como tales ni con la atribución de las funciones ejecutivas".

Se señala en este trabajo el problema que representa esta condición de los "no funcionarios" en el Poder Ejecutivo: "En virtud de esta falta de designación no presentan declaraciones juradas patrimoniales ni de conflictos de intereses, no publican sus audiencias, ni registran sus viajes u obsequios". "Por eso no podemos saber cómo tomaron sus decisiones, con quienes se reunieron, con quienes trabajan; desconocemos los expedientes administrativos donde obran los antecedentes de sus proyectos o iniciativas", señalaron. 

Dos de los casos más emblemáticos se encuentran en la primera plana del Gobierno: el asesor integrante del Triángulo de Hierro presidencial Santiago Caputo, y el ahora ministro Sturzenegger.

Pero hay otros casos como el de Úrsula Basset, abogada especializada en derecho de familia, que fue incorporada, sin designación formal, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto incorporó como “fuente de consulta".

Y también se incluye el Consejo de Asesores que preside Damián Reidel e integran los empresarios Alec Oxenford, Eduardo Bastitta Harriet, Sebastián Braun, Ramiro Castiñeira, Miguel Boggiano, Julio Goldstein, Ariel Coremberg, y del que también formaron parte el empresario textil Teddy Karagozian, el economista Fausto Spotorno y el eyectado exlibertario Ramiro Marra.

REGLAMENTACIONES AMIGAS

El Gobierno tiene y tuvo entre sus funcionarios a abogados con pasados tumultuosos y de polémica representación, como el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, dueño de un estudio penalista que asesora a grandes empresas, además de narcotraficantes y acusados de crimen organizado.

Y también tuvo al ahora exprocurador del Tesoro Rodolfo Barra, exjefe de todos los abogados del Estado y dueño del estudio jurídico que lleva su nombre y asesora y litiga contra el Estado para grandes y poderosos clientes.

Pero además abunda la plena influencia de los principales estudios jurídicos, con abogados de las grandes empresas, que son en muchos casos vehículos de la captura del Estado.

Algunos ejemplos preocupantes son el de Lisicki Litvin, principal estudio tributarista del país, que colocó a la extitular de la AFIP Misrahi. También está el caso de Cassagne, especialistas en derecho administrativo, que puso en un lugar destacado en la gestión a María Ibarzabal Murphy como Secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia de la Nación.

En el documento de Argentina Grande se recuerda que "Ibarzabal ya participaba en la redacción de las reformas en las reglas de litigación contra el Estado incorporadas en el DNU 70/2023 y la “Ley Bases”.

Otro amigo del Gobierno, el titular de la UIA Daniel funes de Rioja no quiso quedarse atrás y con su estudio Bruchou & Funes de Rioja fue uno de los artífices de la “Ley Bases”, con la participación intelectual del socio Liban Kusa, que figura como asesor del Ministerio de Justicia en los registros y además apareció como autor del documento de ley de Medidas Fiscales.

Tanto él como otro integrante del bufete de Funes, Sergio Diógenes Arbeleche, entran y salen asiduamente de la Casa Rosada. Y a estos nombres, Funes de Rioja también pudo colocar el del titular de la Aduana Eduardo Mallea, que se desempeñaba como socio del estudio Bruchou & Funes de Rioja en el Departamento de Derecho Aduanero y Comercio Exterior, asesorando a clientes con los que podría tener potenciales conflictos de intereses.

Con este contexto de fondo, tiene total sentido que por cada disposición exista una retribución de favores para los dueños de las principales empresas que ahora juegan de local en el Estado nacional y llevan adelante su "captura". 

Esto se expresa en el vigente megaDNU 70/2023 que recompensa a otros mimados por Milei:

-Starlink (Elon Musk). Beneficiado por la modificación de la ley Argentina Digital (Ley N° 27.078), con la “liberación” del mercado de internet satelital.

-Mercado Libre (Marcos Galperin). Beneficiado por la habilitación a los trabajadores en relación de dependencia a cobrar su salario a través de las billeteras digitales.

-Arcor, Molinos, Procter & Gamble, Unilever y otras grandes compañías locales y extranjeras de consumo masivo. Beneficiadas por la derogación de las leyes de Abastecimiento, de Góndolas y del Observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios.

-Osde, Swiss Medical, Galeno y las restantes prepagas. Beneficiadas por la liberación del precio de la cuota mensual, por la disposición de la libre competencia con las obras sociales de los gremios.

-Establecimiento Las Marías (Víctor Navajas). Beneficiado por la eliminación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que desregula el mercado yerbatero. En los últimos días, y con la cosecha paralizada, los productores yerbateros de Misiones denunciaron penalmente a Javier Milei por no designar un presidente para el INYM.

-Ledesma (familia Blaquier). Se benefició con la derogación del artículo 156 de la ley 18.770 sobre el régimen de entregas de azúcar para el consumo del mercado interno.

-Farmacity (Grupo Pegasus). Se benefició con la modificación de la ley 17.565 de la actividad farmacéutica por la que se desreguló la actividad.

-Grupo Clarín. A pesar de la pelea mediática con el Gobierno por la compra de Telefónica por parte de la empresa Telecom, el holding que dirige Héctor Magnetto se benefició en esta gestión por la derogación de la ley que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diario.

“Lejos de fomentar la tan anunciada libertad y competencia económica, los conflictos de intereses y la captura de las decisiones públicas ponen en pocas manos políticas sectoriales y sus beneficios”, resumieron desde el Instituto Argentina Grande.

"La paralización y el desmantelamiento de la administración pública en paralelo con la implementación de una agresiva política de desregulación económica y con el proceso de ocupación de áreas de la gestión por parte de funcionarios directamente vinculados con empresas privadas conlleva un gran riesgo: el avance de intereses privados sobre áreas deliberadamente debilitadas de la administración de gobierno que tienen relevancia significativa en la orientación de la política pública", aseguró Ana Castellani en el informe del Observatorio de las Elites.

Claudio Lozano, en comunicación con Diagonales, también resumió el alarmante estado del Estado: "Lo que estamos viviendo es la presencia en el control del aparato del Estado, de una alianza depredadora donde confluyen el capital financiero internacional con los principales grupos empresarios locales".

"De hecho, el 30% de los funcionarios de la Administración Central tienen participaciones en 172 empresas con presencia en 17 sectores de actividad. En todos los casos estos funcionarios ocupan funciones relevantes, ya sea como directores, como CEOs, con control accionario o funciones de representación de algún tipo", detalló Lozano a este medio.

"En suma , más que en presencia de un fenómeno de corrupción, a lo que asistimos es a una verdadera colonización del aparato estatal por parte de las clases dominantes, en forma de Esto es lo que sostiene y explica la existencia de Milei", sentenció el exdirector del Banco Nación.