Por primera vez este año, y por recomendación del FMI, el Gobierno incorporó en el Proyecto de Ley de Presupuesto para 2023 un Anexo que propone revisar el llamado “gasto tributario”, como se conoce al agujero negro de recursos que el fisco deja de percibir en exenciones impositivas a las grandes empresas y corporaciones, en muchos casos sin ningún tipo de control externo efectivo. De acuerdo al último informe de Sergio Massa en el Congreso, representan 2,5 puntos del PBI, unos 3,6 billones de pesos. Supera incluso el déficit de 1,9 por ciento al que el país se comprometió con el Fondo.  

Dicho monto equivale a cinco veces el gasto en la AUH, de acuerdo a un informe reciente realizado por unas 17 Ongs como el CELS, ACIJ, Amnistía Internacional, Fundar y el Center for Economic and Social Rights, entre otras, titulado “Es urgente discutir los gastos tributarios en argentina”. Allí hablan de “privilegios fiscales” para “los grupos concentrados”, que no deberían mantenerse en un contexto de “recorte del gasto público de casi el 9 por ciento” que se busca en concordia con el FMI.

Pese a que el proyecto salió con dictamen este jueves, las organizaciones empujan para que en el Congreso se aproveche la oportunidad abierta y se cambie el enfoque de esa herramienta tributaria. “No podemos dejar que unos pocos se beneficien a costa del resto de la sociedad”, dijeron en un comunicado que se hace eco del Anexo introducido en el texto del presupuesto.

“Los gastos tributarios son exenciones, exoneraciones, tasas diferenciadas u otros tratamientos especiales que el Estado otorga a ciertos sectores económicos a través del marco tributario. Este tipo de gastos reducen la recaudación y son implementados para alcanzar ciertos objetivos económicos y/o sociales. Aunado a que constituyen una excepción del principio general de igualdad que debe regir en las cargas públicas y del costo que significan para el Estado, la falta de previsión de objetivos claros y de transparencia, así como la falta de mecanismos de evaluación adecuados sobre sus ventajas y desventajas, dan lugar a la implementación de privilegios fiscales”, explicaron.

De acuerdo a la propia adenda, “el total de Gastos tributarios para el año 2023 asciende a 2,49% del PIB, que se agrupa en dos componentes principales. Por un lado, se encuentran los derivados de normas impositivas (1,81 % del PIB) y los derivados de Regímenes de Promoción Económica (0,68 del PIB)”. Algunos de ellos son más que regresivos, como los 33,7 mil millones que se pierden por exenciones en bienes personales del sistema financiero, o los 55 mil millones de impuesto a las ganancias que se deja de percibir por los privilegios de la corporación judicial.

“El peso relativo de estos beneficios, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB, es un hecho que ha llamado la atención de las autoridades del Fondo Monetario Internacional”, reconoce el texto mismo del Anexo. De hecho, fue la propia titular del Fondo, Kristalina Georgieva quien puso la lupa sobre ese gasto durante su último encuentro con Massa en Washington.

En esa “separata”, Economía invitaba a debatir solo siete de los gastos tributarios, pero en el debate parlamentario, al menos por ahora, solo se avanzó en dos: el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y las ganancias del sistema judicial. Las organizaciones reclaman que se avance mucho más a fondo.

“Es necesario encarar el debate considerando tanto las actividades que se fomentan a través de exenciones y regímenes tributarios especiales (como industrias extractivas, de energías no renovables, de la economía del conocimiento, de la industria naval, entre muchas otras), como la necesidad de justificar y evaluar estrictamente los efectos económicos, sociales y ambientales de los gastos tributarios”, exigieron.

En los últimos 5 años, Argentina dejó de recaudar un promedio de 470 mil millones de pesos por año en concepto de gastos tributarios, dice otro informe reciente de ACIJ, “monto que equivale a más del 10% 2 del presupuesto total de gastos, representa entre el 2,4% y el 3,3% del PBI y alrededor del 10% de la recaudación proyectada de impuestos nacionales y contribuciones a la seguridad social”.