En las últimas horas, el Gobierno Nacional confirmó la preadjudicación de las acciones de la empresa estatal IMPSA a las manos del consorcio estadounidense Industrial Acquisition Find, LLC (IAF) y su principal socio ARC Energy. D

“Privatizamos IMPSA. Gran trabajo en equipo de Juan Pazo, Pablo Lavigne y el gobernador, Alfredo Cornejo”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales.

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IMPSA es histórica metalúrgica ubicada en la provincia de Mendoza que realiza trabajos en el país para la represa Yacyretá, YPF, otras petroleras que operan en Vaca Muerta y grandes compañías a nivel local e internacional. La compañía fue fundada en 1907 por la familia Pescarmona y en 2021 fue estatizada por la gestión de Alberto Fernández para evitar su quiebra.

En ese entonces, el Estado nacional se quedó con el 63,7% de las acciones y la provincia de Mendoza con el 21,2%. El resto de las acciones se reparten un fondo de acreedores (9,78%) y la familia Pescarmona (5%).

Este miércoles, el Gobierno nacional y la provincia de Mendoza preadjudicaron sus acciones a empresas norteamericanas vinculadas al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. 

En un comunicado oficial, el Poder Ejecutivo informó que la Comisión Evaluadora, integrada por el Fondep del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza, recomendó que se acepte la oferta de IAF y su socio ARC Energy bajo el argumento de que “potenciará la compañía argentina y garantizará su funcionamiento”.

ARC Energy tiene sede en Luisiana, Estados Unidos. El presidente de la firma es Jason Arceneaux, y tanto él como dos de los directores de la compañía son aportantes a la campaña de Trump. Según el entendimiento alcanzado con el gobierno nacional, la compañía norteamericana hará un pago inmediata de cerca de 7 millones de dólares, cifra que representa el 25% de su propuesta de capitalización que alcanza un total de 27 millones de dólares. 

Sin embargo, la empresa solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener el refinanciamiento de la deuda que guarda con los acreedores de Impsa, que alcanza la cifra de 576 millones de dólares. Por ese motivo, la firma norteamericana primero deberá obtener la conformidad de los acreedores para la renegociación de la deuda para luego redactar y firmar el contrato de compra venta de acciones y su posterior transferencia.

Cuando en octubre del año pasado, el presidente Javier Milei anunció la privatización de Impsa, se recibió tan solo una oferta: la de IAF y ARC. La Comisión Evaluadora analizó la única propuesta recibida y tras varias negociaciones, concluyó que “se acreditaron las condiciones de idoneidad, capacidad económica y financiera de los principales accionistas de IAF para cumplir con la capitalización que requiere Impsa y su gerenciación; que se mantuvo la vigencia del seguro de caución para garantizar la oferta que se realizó; y que la misma se adecua a las necesidades que presenta la empresa para que esté en marcha y operativa”.

Por su parte, desde Casa Rosada explicaron que “la decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno nacional y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado”.