A pocas horas de las audiencias públicas convocadas por el gobierno nacional para definir incrementos en las tarifas de los servicios de gas y electricidad por redes, más de 140 sindicatos que forman parte de la CGT y la CTA emitieron un comunicado en el que piden al Ejecutivo “evitar un nuevo aumento tarifario contra el bolsillo ciudadano". 

“Para determinar el valor de las tarifas primero es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad”, remarcaron en la solicitada. 

Según informó la Secretaría de Energía de la Nación, el 10% de usuarios residenciales de los Servicios de Gas y de Electricidad, con mayor capacidad de pago de la sociedad, dejará de recibir el beneficio de subsidio a la Energía.

En tanto, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur excluidos quienes son beneficiarios de tarifa social, las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17%, mientras que para la mayoría de los usuarios de Gas del país el incremento será del 21,5% con leves variaciones según las regiones.

Ante estos anuncios, los gremios consideraron que “quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino”.

Los sindicatos recordaron Mauricio Macri “aplicó” durante su presidencia “los tristemente célebres tarifazos que consistieron en la dolarización de los precios del gas y la electricidad” y que generaron “una fabulosa transferencia de recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas".

“Todas esas ganancias se generaron mientras se producía un fenomenal deterioro en el poder adquisitivo de las familias, en el entramado productivo PYME y en los niveles de actividad económica en general”, indicaron.

Pero las críticas de los gremios estuvieron dirigidas principalmente a la administración económica actual y cuestionaron el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “En el Memorando de Políticas Económicas Financieras el Estado Argentino se compromete a una reducción significativa de subsidios”, señalaron y que consideraron que “no se aborda la cuestión de los costos ni de las ganancias extraordinarias del sector”.

“El conjunto de las y los argentinos hoy nos vemos obligados a pagar una enorme deuda al FMI. Ese endeudamiento con el Fondo es el que utilizaron las principales empresas del sector energético para formar activos en el exterior, siendo el segundo sector de la economía en girar divisas fuera del país”, agregaron.

En línea con los cuestionamientos de Cristina Fernández de Kirchner al programa económico de Alberto Fernández, las entidades gremiales que “sea el Estado por subsidio, o el ciudadano por tarifa, se debe pagar por la energía un valor razonable, con niveles de ganancias razonables” y sostuvieron que “quienes están en mejores condiciones” son los que “más deben aportar”. 

Finalmente, concluyeron que un nuevo aumento tarifario "significaría un retroceso en la política de recomposición de ingresos a los sectores medios y populares que el Gobierno intenta llevar a cabo para morigerar los efectos de la inflación en los bolsillos de las y los argentinos”.