En una Argentina que no da respiro, esta semana uno de los mayores escándalos surgió a partir de que se conoció el aumento del 30% en las dietas de senadores y diputados nacionales, llevando sueldos en bruto por encima de los 3 millones de pesos y con un incremento de un millón entre enero y febrero. La denuncia sacudió a la sociedad, que día a día ve desplomarse sus ingresos por la inflación descontrolada y la falta de aumentos salariales acordes, y entró como una piña al mentón de un Gobierno cuyo principal capital político es presentarse como la antítesis de “la casta”.

Tan fuerte fue el impacto de la noticia que el propio Javier Milei tuvo que salir a jugar y poner la cara de alguna manera. El presidente se posicionó en contra del aumento y pidió que se retrotraiga. Pero, en realidad, su movimiento fue una maniobra más en su estrategia de cortina de humo de confrontar todo el tiempo con sectores de la política para mostrarse como algo diferente. Lo cierto es que, si el presidente da la orden, el aumento se retrotrae.

El incremento del 30% en los haberes de diputados y senadores nacionales se efectivizó a partir de una resolución del Congreso firmada por los titulares de ambas cámaras, Victoria Villarruel y  Martín Menem. Milei intentó una explicación falaz, aduciendo que las dietas están enganchadas automáticamente al aumento paritario que consigan los trabajadores del Congreso, que se firmó en esos niveles. Esto es tan cierto como parcial.

Por una disposición del 2011, efectivamente los haberes de los legisladores están enganchados al aumento paritario del Congreso. Sin embargo, la definición de hacer efectivo ese enganche o de desacoplar las dietas de los aumentos de los trabajadores del parlamento recae sobre los presidentes de ambas cámaras, que simplemente con una resolución pueden desengancharse.

Más escándalo por los aumentos a diputados y senadores: la falacia de Milei y el desafío de la oposición

De hecho, esa decisión tomaron en 2022 CFK y Sergio Massa cuando presidían el Senado y Diputados respectivamente, y desacoplaron el primer aumento de un 60% desde que los sueldos habían sido congelados por la pandemia. No fueron los únicos. Durante el macrismo, Emilio Monzó y Gabriela Michetti también lo hicieron en otras oportunidades.

Esto quiere decir que los titulares de los cuerpos legislativos tienen la facultad para determinar que los aumentos de las dietas de diputados y senadores no necesariamente sean iguales a los de los trabajadores del Congreso. A sola firma pueden efectivizar esa decisión, así como lo hicieron al revés autorizando los aumentos del 30%. De esto se desprende que si el presidente Javier Milei baja realmente la orden política a Villarruel y Menem, los aumentos se caen.

Por ahora, y más allá de las declaraciones del diputado y el polémico silencio de la vicepresidenta, nada de eso ocurrió. Pueden inferirse entonces dos cosas: o Milei no dio la orden realmente y actuando una pose en los medios, o sus subordinados políticos no le responden totalmente. Hay elementos para suponer lo primero en la vía que eligió el presidente para abordar el escándalo.

Milei bajó el mensaje de acompañar un proyecto de Diego Santilli que, ni lerdo ni perezoso, se prestó al juego de la Rosada de confiar en el “principio de revelación”. El proyecto del “Colo” para retrotraer los aumentos debería pasar por ambas cámaras, obligando a diputados y senadores a la encrucijada de votar a favor, perdiendo recursos y otorgándole una victoria política a Milei, o votar en contra y quedar como la casta que se resiste a dejar sus privilegios.

Pero la oposición ya supo asestar un fuerte golpe al Ejecutivo con la caída de la ley ómnibus, y justamente en este tema no entrará tan fácilmente al juego de buenos y malos que propone Milei. Este viernes, el bloque de Hacemos Coalición Federal (HCF), presidido por Miguel Ángel Pichetto, presentó un proyecto para equiparar entre sí los haberes de las cabezas de los tres poderes del Estado.

Dicho proyecto establece que el sueldo del presidente será el más alto de la administración pública nacional, y que no puede ser superior a 20 salarios mínimos. A valores de febrero, ese tope serían los 4 millones de pesos en bruto. Pero, además, la iniciativa de HCF determina que el vicepresidente, los diputados y senadores, el procurador general, los miembros del consejo de la magistratura, los auditores generales, y el defensor del pueblo de la nación también se encuentran alcanzados por esa limitación.

Con esta movida la oposición le cantó retruco  al presidente, que quiso enfrentarlos a la sociedad al obligarlos a votar por retrotraer o no sus aumentos, y ahora puede quedar en la difícil situación de tener que posicionarse públicamente sobre los ingresos del único sector con el que por ahora evitó confrontar: la justicia y, particularmente, la Corte Suprema de la Nación.

En definitiva, la política sigue peloteando entre sí como si estuvieran en una mesa de ping pong, mientras los ingresos de las mayorías se desploman día a día sin que el Gobierno tome medida alguna para frenar esa catástrofe. Aunque se esfuerce con monumentales piruetas discursivas y políticas por sostenerlo, el discurso anti casta se le resquebraja en las manos a Milei al ritmo de una crisis económica que no muestra luz alguna al final de ningún túnel. Por ahora, el presidente sigue eligiendo no dedicarse a resolver ese problema, e insiste con su modo tuitero y de campaña. Pero su crédito con aquellos que lo votaron porque prometió arreglar la economía sin ajustarlos se consume vertiginosamente.