El recorte presupuestario para ciencia y tecnología impulsado por el macrismo y aprobado en la Cámara de Diputados no solo clausura más de una década de crecimiento del sector, sino que también marca el comienzo de un nuevo ciclo de endeudamiento y de fuga de cerebros, dos rasgos que son claros indicadores de los períodos más sombríos de la historia económica, política y cultural de nuestro país.

La propuesta de presupuesto del gobierno de Macri para el sector científico con el adicional de último momento de 1280 millones de pesos , está más de 3000 millones de pesos por debajo de lo mínimo necesario para repetir las condiciones de 2016, sin considerar variables como nuevos ingresos a la carrera de investigador de CONICET o el crecimiento de variables como personal, infraestructura o equipamiento para organismos como INTI, INTA, CNEA, CONAE, etc.  

De esta forma, el desfinanciamiento del Estado con el propósito de transferir recursos públicos a la minería y a los sectores agroexportadores termina impactando mortalmente en el desfinanciamiento del sector científico-tecnológico. Pero además, mientras que la función Ciencia y Técnica del presupuesto 2017 cae 18 por ciento con respecto al mismo ítem de 2016, los servicios de deuda aumentan en más de 130 por ciento. Si a esto sumamos la caída de la actividad industrial en 4,7 por ciento en los primeros ocho meses de 2016 (dato de la UIA), quedan claras las prioridades del actual gobierno la apuesta no es a la producción y a la generación de valor agregado a través de ciencia y tecnología; la apuesta es al endeudamiento y a la producción primaria.  

De esta forma se evapora otra de las promesas de Macri, que era llevar la inversión en CyT a los niveles de países como Irlanda (1,5% del PBI). En el primer presupuesto aprobado durante su gestión se revierte hacia cifras de subdesarrollo. Este retroceso también pone en un lugar complicado al ministro de ciencia Barañao, dado que el recorte clausura el Plan Argentina Innovadora 2020, que él mismo comenzó a impulsar desde 2012. Una de las metas de este Plan era pasar de 3 científicos, tecnólogos y becarios cada 1000 habitantes de la población económicamente activa a 5 en 2020, cifra indispensable para un país en desarrollo.

En un intento de preparar el terreno para el recorte, Barañao sostuvo hace poco que los científicos y tecnólogos rebalsan. También dijo que su situación era cómoda. Pensemos que una beca de CONICET ronda los 15 mil pesos y un investigador, luego de 7 años de beca y un doctorado finalizado, tiene un salario de 21 mil pesos.

Ahora bien, al margen del presupuesto, la baja institucionalidad que promueven los funcionarios-CEOs se combina con un rasgo suicida que el neoliberalismo periférico argentino promueve con ignorancia decimonónica compre importado llave en mano o, lo que es equivalente, industria nacional cero . Un ejemplo notable es la decisión de licitar un cupo inicial de 1000 MW de energías renovables 600 MW de eólica, 300 MW de solar y 100 MW de biomasa, pequeñas hidroeléctricas y biogas , que supone una inversión pública estimada entre 1500 y 2000 millones de dólares, más beneficios impositivos. Además de producir algarabía en las economías centrales y de fragmentar el escenario interno, porque margina al sector público de I+D de las inversiones estatales en energías renovables, la licitación también descarta la compra de equipamiento de industria nacional. La licitación deja afuera a todo el complejo eólico compuesto por más de 70 pymes nacionales. Ni siquiera puede competir la firma IMPSA del grupo Pescarmona , que pudo desarrollar un modelo propio de turbina eólica.

Finalmente, el macrismo está impulsando la clausura de políticas públicas que habían sido consensuadas en democracia con altísimo nivel de legitimidad política. De esta forma, se clausuran trayectorias de compra inteligente del Estado y mientras, se ha comenzado a desmantelar la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), producto de nueve años de trabajo de coordinación del conjunto de laboratorios involucrados y el apoyo de decenas de unidades académicas. Recordemos que la ley Nº 27.113, que crea la ANLAP a fines de 2014 sin votos negativos en diputados y senadores, solo 5 abstenciones en diputados no se está cumpliendo.

El desmantelamiento del sector de producción pública de medicamentos se completa con los objetivos de integrar a la Argentina a la Alianza del Pacífico y, luego, al Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). Los grandes ganadores inmediatos serían las trasnacionales farmacéuticas a costa del encarecimiento de los planes nacionales de salud es decir, las obras sociales y prepagas estarían en condiciones de brindar menor cobertura y de la pérdida de capacidades locales para impulsar una industria farmacéutica nacional en algunos segmentos de mayor demanda.

Otro ejemplo es la violación de la ley 27.208 donde se sientan las bases para el desarrollo de una industria satelital nacional. El nuevo directorio de la empresa pública ArSat contrató a la consultora norteamericana McKinsey para que elabore su plan de negocios aunque en la Argentina sobren capacidades para realizar esta tarea y le paga por dieciséis semanas de trabajo el equivalente a cinco salarios de 50 mil pesos cada uno por cuatro años de trabajo, que podrían pagarse a profesionales locales.

De ninguna forma el actual gobierno puede justificar estas medidas por haber sido elegido por el voto popular. Quienes votaron a la alianza Cambiemos fueron engañados. Las promesas de campaña iban en la dirección opuesta. Por esta razón, para preservar un mínimo de calidad democrática, evitar la dilapidación de fondos públicos mediante la clausura de políticas públicas en marcha y evitar que se consolide un escenario que supone un retroceso de más de una década para científicos y tecnólogos, el único camino es la movilización y la exigencia a los funcionarios del sector, que conservan sus cargos bajo la promesa de preservar lo logrado, para que se pongan al frente del reclamo.