El Gobierno de Javier Milei dio de baja a alrededor de siete mil empleados que ingresaron a la administración pública a partir del primero de enero de 2023. 

Esta medida se tomó a través del Decreto 84/23, que fue publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente de la Nación, Javier Milei. El artículo 1° de la norma establece que "las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas". 

Esta medida abarca a los empleados transitorios y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023, de toda la administración nacional, así como también de los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la ANSES, el PAMI y la AFIP.

La decisión alcanzaría a cerca de siete mil empleados de distintas áreas del Gobierno, mientras que son excluidos únicamente aquellos que cumplen funciones en empresas o sociedades estatales.

Según el Decreto, quedaron excluidos de este ajuste las contrataciones "derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales". También el personal "que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación". Y, finalmente, quien "resulte indispensable" para el organismo en el que trabaje.

El artículo 3 establece, además, que los contratos de otros 45 mil empleados estatales cuyos contratos fueron firmados antes del primero de enero de 2023 entrarían en revisión por los siguientes 90 días. Desde la seccional porteña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) habían advertido que, como mínimo, unos 7 mil puestos de trabajo estaban en peligro. Habrá que esperar la respuesta de ATE y el resto de los sindicatos de trabajadores estatales al Decreto de los despidos masivos.