El contexto actual de la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) es significativo para entender las relaciones entre el Gobierno nacional y los gobernadores de las provincias argentinas. Recientemente, se reportó que el Gobierno redujo en un 73% los fondos discrecionales enviados a los gobernadores, lo que despierta tensiones y complicaciones en las negociaciones del Presupuesto 2025. 

De acuerdo a la información proporcionada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su informe ante el Congreso, se transfirieron un total de $48.300 millones a diez mandatarios, de los cuales nueve son aliados políticos y uno es opositor. 

Esta cifra contrasta drásticamente con los $179.530 millones que se distribuyeron durante la gestión de Alberto Fernández en el año 2023, lo que refleja una caída de $131.230 millones en el envío de estos fondos. 

El presupuesto actual, que está bajo la supervisión del vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán, tiene asignados $224.091 millones para los ATN. Esta reducción en la asignación de fondos ha llevado a varios gobernadores a solicitar montos específicos para atender diversas emergencias en sus provincias. 

Por ejemplo, Hugo Passalacqua de Misiones recibió $13.000 millones para hacer frente a emergencias hídricas y alimentarias, mientras que Rogelio Frigerio de Entre Ríos obtuvo $6.800 millones para cubrir urgencias financieras y climáticas. Otros mandatarios, como Osvaldo Jaldo de Tucumán y Gustavo Sáenz de Salta, también recibieron sumas similares para atender crisis en sus respectivas provincias. 

Es importante destacar que Claudio Vidal, el único gobernador opositor beneficiado, recibió $3.000 millones por urgencias climáticas y agropecuarias. Asimismo, otros gobernadores como Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Gustavo Valdés de Corrientes solicitaron montos menores, de $1.500 millones y $1.000 millones, respectivamente. 

Las transferencias discrecionales se han convertido en un punto de conflicto entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. A pesar de los intentos de negociación, las partes aún no logran llegar a un acuerdo sobre los detalles del Presupuesto 2025. Este conflicto se ve alimentado por el hecho de que el Ejecutivo no ha ejecutado todos los fondos que había previsto para el año actual, lo que ha generado retrasos en el tratamiento de otros proyectos legislativos, incluyendo uno que busca limitar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). 

Históricamente, los ATN han sido más altos en años anteriores, alcanzando cifras de $67.195 millones en 2020, $39.023 millones en 2021 y $33.175 millones en 2022. Para el año 2025, el Ejecutivo tiene previsto asignar $62.989 millones bajo la Secretaría de Provincias y Municipios, según el proyecto de Presupuesto. La distribución de los ATN está regulada por el artículo 5 de la Ley de Coparticipación Federal (23.548), que determina que estos fondos deben ser destinados a situaciones de emergencia y a equilibrar las finanzas de las provincias. 

Además, establece que aquellas provincias que otorguen aumentos salariales superiores al 10% en comparación con los que otorga el Gobierno nacional perderán el acceso a estos beneficios. En conclusión, la situación actual de los Aportes del Tesoro Nacional revela tensiones significativas entre el Gobierno y las provincias, en un contexto donde la asignación de recursos es crucial para la atención de emergencias y la estabilidad financiera provincial.