Ni el paro del final: la previa de una desesperación guacha
Entre frenéticas reuniones y cabildeos cruzados, se gesta la protesta que podría llegar a ser la última huelga antes del cierre de listas para las próximas elecciones. La conducción de la CGT reniega y la Casa Rosada blande el garrote mientras el Frente Sindical, los movimientos sociales y la CTA pugnan por ganar la calle
Estás desorientado y no sabés
qué trole hay que tomar para seguir.
Y en ese desencuentro con la fe
querés cruzar el mar y no podés.
La araña que salvaste te picó.
¿Qué vas a hacer?
Y el hombre que ayudaste
te hizo mal, dale que va.
Desencuentro
Roberto Goyeneche
Golpe por golpe
Sin conducción política, al movimiento obrero le cuesta mucho más vertebrarse. Para colmo, la precisión y la selectividad con que asesta garrotazos –o carpetazos- el Gobierno nacional empuja a la conducción de la CGT a vacilaciones impugnadas, incluso, por líderes sindicales de fuste al interior de la central.
Luego del city tour narrado aquí, la Casa Rosada dispuso la devolución de los 13 mil millones de pesos para el ítem de obras sociales que demandaban los caciques de los principales gremios. Sin embargo, Cambiemos se reservó el gatillo para la activación de los desembolsos correspondientes al tiempo que acicateó el tratamiento en comisión de la reforma laboral en cuotas, a través de un proyecto que promueve el blanqueo de trabajadores sumidos en la informalidad con indultos para los empleadores. La complacencia del Ejecutivo es, a prior, inédita en la historia de la legislación comparada en materia del derecho laboral.
Así, la iniciativa complicó el silencio táctico de los triunviros de la calle Azopardo, que oscilan entre la prudencia y la inercia. No obstante, las cuitas internas y la falta de una síntesis política que pondere la clase por encima del calce que cada cual se dé conspiran contra el fortalecimiento de los lazos en aras de la unidad.
Según un informe del dentro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETYD) dependiente de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), “la tasa de empleo no registrado volvió a incrementarse desde 2016, quebrando una tendencia de reducción sistemática que se extendió entre 2004 y 2015” y, “desde su asunción, el gobierno nacional no ha tenido ninguna estrategia orientada a combatir la problemática”.
Al dedicarse al análisis de la propuesta oficialista para el blanqueo, el trabajo citado advierte que “el proyecto revierte el esquema de premios y castigos que debería corresponder a un caso de informalidad laboral”, con notable desigualdad en las proporciones. “Mientras que para los empleadores que contrataron trabajadores de manera informal se fijan recompensas, como exención de sanciones, multas y deudas o eliminación de contribuciones patronales, los trabajadores no registrados son penalizados a través de la reducción de la indemnización que les corresponde por haber estado empleados en esa situación irregular y con el mero reconocimiento de sólo cinco años de relación de dependencia para aquellos que tengan mayor antigüedad”, grafica el texto firmado por el ex ministro de Trabajo y actual legislador porteño Carlos Tomada, Diego Schleser y Matías Maito.
En declaraciones a Diagonales, Tomada consideró que sería “muy difícil que pase” el proyecto enviado al Congreso por el macrismo. “No hay margen para los sindicatos y, por otro lado, queda claro que esta iniciativa es para complacer al Fondo Monetario ante sus pedidos de más ajuste”, explicó el diputado porteño cuyo mandato vence a fin de año y figura como uno de los posibles candidatos kirchneristas para integrar el pelotón de representantes de Unidad Ciudadana en el Congreso.
En otro pasaje, el documento académico alerta sobre la esterilidad técnica y política de la propuesta oficial. “Por las propias características del empleo informal, es esperable que las acciones previstas en la normativa propuesta no tengan un impacto relevante sobre la problemática en cuestión”, aseveran los autores del material.
Los especialistas argumentan que los trabajadores que no están regularizados se encuentran, además, sometidos a una inestabilidad mayor. De manera que sería un universo muy restringido el de los empresarios que decidan formalizar la relación de dependencia con personal que termina asimilando las características típicas del temporario, con alta rotación o entrada y salida del mercado laboral. “¿Me querés decir por qué un empresario que no blanqueó a sus empleados en épocas de bonanza o mayor previsibilidad va a blanquear ahora, que no se sabe qué va a pasar pasado mañana?”, le dijo Tomada a este portal.
Roscas
Al cierre de esta nota, todavía no estaba claro si el paro del 30 de abril incluiría movilización y concentración o sería una protesta sin ponerle bulla al espacio público, aunque sobraban bronca popular e indicios de los dirigentes para no repetir la historia de fines de marzo. Para las dos CTA resulta caro un paro sin manifestarse en el ágora, mientras que para los herederos de los socialistas y comunistas que fundaron la CGT en 1930 puede ser más cómodo no exponerse a aprietes judiciales u operaciones de cualquier tipo y tenor.
El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, se trajo de Londres el apoyo internacional de las federaciones de transporte para el paro convocado en Argentina, aunque por el momento su rol sea el de un componedor que contiene a los sindicalistas de la calle Piedras al tiempo que agita a los que no sacan los ojos del timmer de su celular entre los sectores más dinámicos de la central primo hermana. Y muy a su pesar, el otrora lugarteniente de Hugo Moyano en el triunvirato urdido en 2016, el portuario Juan Carlos Schmidt, sacó el paro recién para el 1 de mayo. Leído como “una joda” por sus detractores pero comprendido en sus dificultades por los más indulgentes, el caso revela la enorme fragilidad de las organizaciones sindicales en un contexto de adversidad política.
Fuentes cercanas al dirigente camionero soltaron ante este medio que los Moyano están dispuestos a una buena convocatoria. De hecho, el centro porteño amaneció afichado con piezas fieles a su impronta y la consigna “no se aguanta más”.
Llamó la atención también la arenga del diputado y dirigente curtidor Walter Correa, durante la conferencia de prensa contra los despidos de trabajadores de prensa en Clarín. Uno de los asistentes repuso que apeló a un tono inusual en él y reveló que la previa del acto que por estas horas organizan los bancarios, al cumplirse 100 años de la primera huelga de su sector, traería novedades.
Por lo demás, tampoco a sectores más combativos les va mejor. Desde que asumió la Presidencia Mauricio Macri, los paros del Suteba salen forzosamente, con discusiones álgidas en el seno de un gremio bastardeado históricamente por el Pro pero con una proclividad general a mirar los descuentos por días de paro en el recibo de sueldo –aunque la lucha sindical luego consiga los reintegros pertinentes-. El último acuerdo paritario, que se tradujo como un triunfo de Roberto Baradel sobre la gobernadora María Eugenia Vidal al obtener una compensación del orden del 15 por ciento por el desfasaje de los ingresos contra la inflación del año pasado, no fue tan vitoreado en las bases, renuentes en algunos distritos frente a la posibilidad del paro pero inconformes por costumbre.
Paradójicamente, el jefe del Sindicato de Empleados de Comercio, Armando Cavalieri, evalúa condiciones similares a la paritaria de los docentes bonaerenses para los suyos, entre los cuales crecen los descontentos luego de la reñida elección del 2018 que revalidó su liderazgo por una diferencia de sólo 400 votos. Si bien las cámaras patronales ofrecen 12 por ciento de aumento y el gremio reclama 50 puntos anuales, ambas partes pactarían que la suma que sellen se otorgue en forma de subas salariales mensuales -para relojear de cerca la escalada de precios- y no remunerativas. Contarían para eso con la venia del Gobierno, a través de la figura del secretario de Producción, Dante Sica.
En síntesis, habrá que atender, entre otras cosas, al devenir de la UOM, excusa para que los popes de Azopardo salieran a la calle en un itinerario tan raro como fugaz, para conocer el espesor político que pueda llegar a tener el próximo 30 de abril. Los metalúrgicos constituyen uno de los sectores más golpeados por la política económica del macrismo y muchos dirigentes cifraron la necesidad de marchar el 4 de abril pasado en las demandas de los conducidos por Antonio Caló, quien lanzó un paro para la víspera de Semana Santa, recibió un llamado de la devaluada cartera laboral, acató la conciliación obligatoria y se sentaría a la mesa con las patronales este viernes al mediodía.
En términos legales, el recurso interpuesto por el sucesor de Jorge Triaca, Lucas Fernández Aparicio, eximiría a Caló de cualquier movilización hasta después del 1 de mayo. Su dilema es, a esta altura, karma de una generación de sindicalistas que, al decir de Pablo Moyano en Futürock, “ya cumplieron su ciclo”, pero es probable que todavía tengan que transformar el hervor en potencia los dirigentes que vendrán. Tal disyuntiva habilita al líder de los trabajadores de Sanidad, Héctor Daer, a plantarse en la maceta de que lo que hay que hacer es cambiar al gobierno a través de las urnas, aunque una parte cada vez más gruesa de sus compañeros lo insulte.
A lo mejor, es demasiado pronto para que la desesperación deje de ser guacha pero dicen los sindicalistas más avezados que los paros se trabajan todos los días y la calle se gana con el cuerpo. Si el primer secretario general de la CGT, el ferroviario Luis Cerruti, hubiese esperado en septiembre de 1930 a que la sociedad clamara por otro tipo de gobierno y no hubiera truchado los votos de los sindicatos para que el saldo fuera la unidad de todas las vertientes en una sola central, el militar José Félix Uriburu hubiese sido un dictador más orondo todavía.