Las organizaciones del bloque piquetero de izquierda confirmaron que realizarán un nuevo acampe frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social a partir de este miércoles y durante 48 horas, luego de que fracasaran las negociaciones con el ministro Juan Pablo “Juanchi” Zabaleta. “Era la medida prevista y nuestros reclamos no son nada nuevos, por eso nos sorprendió que no hubiera ninguna respuesta concreta, salvo las evasivas de siempre. El Gobierno está aplicando el ajuste que le dicta el FMI y las familias que más necesitan la ayuda del Estado en este contexto de crisis económica siguen esperando. Lamentamos tener que llegar a este punto”, dijo a Diagonales Silvia Saravia, referente de Barrios de Pie, y aseguró que esperan movilizar “un mínimo de 40 mil personas” en lo que será la segunda medida de fuerza de ese tipo de las últimas dos semanas. 

El ministro difundió esta tarde un comunicado asegurando que había llegado a un acuerdo con las organizaciones, pero según pudo reconstruir este medio, no hubo nada cercano a un punto intermedio respecto a los principales planteos de las organizaciones: ampliar el cupo y el monto del plan “Potenciar Trabajo” (hoy está en 16 mil pesos), además de reforzar la asistencia alimentaria para comedores en los barrios más postergados y las ayudas del ministerio para las cooperativas de trabajo, a través de herramientas y fondos. 

“El planteo respecto de los alimentos es urgente y lo venimos planteando desde hace dos años, desde la pandemia misma. Y la ayuda a través de máquinas para emprendimientos viene del año pasado, hace por lo menos nueve meses”, explicó Saravia, en referencia al desgaste de la relación con el ministro. Sin acuerdos en prácticamente ningún punto, las movilizaciones del bloque recientemente bautizado “Unidad Piquetera” se suceden casi todas las semanas, con mayor intensidad desde la segunda mitad del año pasado. 

Hace quince días, las mismas organizaciones decidieron realizar el primer acampe frente al ministerio luego de que Zabaleta, el único interlocutor que consideran válido, decidiera no recibirlas personalmente en la mesa de negociaciones. Esa misma tarde el INDEC publicó el índice de inflación de febrero, que marcó más de 5 puntos de aumentos en general y un 7,5 en alimentos. 

“Reclamaremos la asistencia imprescindible para cientos de miles de familias que se encuentran en situaciones de pobreza, de hambre y de indigencia, y que crecen día a día a lo largo y a lo ancho de todo el país. El Estado tiene la obligación de asistir a las familias que están en emergencia producto de las políticas económicas que sufren las y los trabajadores. Vamos a la reunión con voluntad de encontrar soluciones, pero si no las hay continuaremos con el plan de lucha votado”, habían advertido las organizaciones en la previa. 

“La inflación en alimentos está descontrolada y el Gobierno sabe que se necesita ayuda en los barrios. No es un problema de desconocimiento, Zabaleta fue intendente y varios funcionarios pertenecen a organizaciones sociales oficialistas, así que el problema no pasa por ahí sino por definiciones políticas que tomó la Rosada, de que se tiene que hacer ahorro en el gasto tal como lo marca el acuerdo con el FMI”, dijo la dirigente. 

Además de Zabaleta, que debió irse antes de término a un encuentro con el ministro de Economía, Martín Guzmán, participó también Subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. Duró varias horas y primó un tono de cordialidad, pero las negociaciones fracasaron. 

Otro de los planteos del bloque (Polo Obrero, Barrios de Pie, Frente Darío Santillán y el MAS, entre otras) es que el ministerio dé de baja la resolución 1868/2021, que impide que un beneficiario de un programa social pueda cambiarse de unidad productiva hacia otra organización. Tampoco hubo acuerdo en ese punto. “La resolución está hecha a medida de las organizaciones oficialistas y de los intendentes”, dicen desde las organizaciones. 

Otro de los puntos que estuvieron sobre la mesa fue la quita de los programas de una serie de militantes que figuran en la causa por las piedras que recibió la vicepresidenta Cristina Kirchner en su despacho durante la movilización de hace diez días hacia el Congreso en rechazo al acuerdo con el FMI, que protagonizaron precisamente las organizaciones de ese bloque. Zabaleta decidió eliminarlos del programa. “Fue una sobreactuación”, describió Saravia. “El ministro se arroga el rol de la justicia, ninguna de las personas a las que le quitó la asistencia social está condenada, ni mucho menos procesada. Prometieron que iban a ver en qué está la situación de esas familias, pero no hay que ser perspicaz para darse cuenta de que si reciben un plan es porque lo necesitan”, precisó la dirigente.