El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre del año pasado enfrenta más de 20 presentaciones judiciales que piden la nulidad de artículos, capítulos enteros y hasta la inconstitucional del DNU en su totalidad. 

De esta manera, el 70% del mega decreto de desregulación económica está judicializado y muchas de las reformas, como el caso de las modificaciones laborales, están suspendidas. 

El DNU tiene 15 capítulos, de los cuales 14 introducen reformas o derogan leyes; de ellos, 10 tienen causas judiciales presentadas en su contra. Además, existen un total de 10 pedidos de inconstitucionalidad de todo el texto.  

El Gobierno pretendía que todas las causas fueran derivadas a la Justicia Contenciosa Administrativa y se unificaran en una sola, sin embargo cada una de las presentaciones se tratará por separado y por diferentes tribunales. Esta decisión judicial significó un fuerte revés para el oficialismo porque de esta manera, el decreto enfrenta más chances de ser declarado nulo en su totalidad o en varios de sus artículos.

Sin embargo, desde Casa Rosada minimizaron el rechazo al DNU en un ataque a quienes recurrieron a la Justicia. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este viernes en su habitual conferencia de prensa que “ninguno" de los amparos "fue presentado por quienes dan trabajo en este país”.

Pero lo cierto es que las presentaciones judiciales fueron hechas por una gran diversidad de trabajadores, asociaciones, ONG, gobiernos provinciales, intendentes, empresarios, comerciantes, entre otros. 

Hasta la fecha, Diagonales pudo relevar hasta 24 pedidos de amparo contra el decreto presidencial. En contra de las reformas laborales, la Justicia de Trabajo dictó cinco medidas cautelares que suspendieron dichas modificaciones como respuesta a las presentaciones realizadas por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina, la Asociación del Personal Aeronáutico, y la del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante.

Por su parte, la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA) impulsó un amparo contra los cambios que pretende realizar el DNU en la Ley nacional N° 17.565 para permitir la comercialización de medicamentos de venta libre (sin receta) en kioscos y comercios de cualquier índole.  

Por otro lado, la Justicia también hizo a lugar a dos pedidos de una acción de nulidad respecto de la derogación de la Ley de alquileres realizados por la Asociación de Inquilinos Agrupados y la ONG Por un Hogar en Argentina.

A su vez, el abogado Eduardo Santiago Wilson y el juez de la provincia de Buenos Aires Maximiliano Ceballos hicieron planteos por separado para suspender la liberación de los precios de las empresas de medicina prepaga. 

La Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) pidió la inconstitucionalidad de las reformas a las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital que, por ejemplo, permitirían la acumulación de licencias. 

La Confederación Argentina de Deportes también recurrió a la Justicia para reclamar que se suspenda la posibilidad de que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas y los cambios al Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física. 

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) también presentó un amparo contra de la derogación del régimen general de los agentes de viaje.

Por su parte, la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) presentó un amparo contra la transformación de los medios públicos como la agencia de noticias Télam y Radio Nacional, en sociedades anónimas.

En esa misma línea, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) objetó la modificación del Código Aeronáutico, la derogación de la ley 19030 sobre transporte aerocomercial y la modificación de la Ley 26.412 que establece que el Estado nacional no cederá la mayoría accionaria de Aerolíneas Argentinas.

El Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina también hizo una presentación judicial en contra del DNU para suspender la eliminación del Registro de Despachantes de Aduana y consecuente flexibilización de los controles. 

El diputado nacional de Misiones, Hugo Passalacqua, objetó las reformas al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). En tanto, la legisladora provincial de Río Negro, Magdalena Odarda, junto a organizaciones ambientalistas y comunidades originarias objetaron la derogación de la Ley de Tierras que limitaba la compra de parte de extranjeros.

Hasta aquí se enumeraron las presentación contra capítulos del DNU o artículos puntuales, pero el listado continúa con las presentaciones judiciales que se hicieron en contra del decreto en su conjunto por consdierarlo inconstitucional.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad; el ex presidente del Colegio Público de Abogados Jorge Rizzo, el abogado Andrés Gil Domínguez; el Centro de Estudios Legales y Sociales; la Federación Argentina de Municipios (FAM), compuesta por más de 500 intendentes; la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires; y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recurrieron a la Justicia para anular el DNU completo al considerar que no se cumplió con lo que establece el inciso tres del artículo 99 de la Constitución Nacional que establece los parámetros para dictar un decreto de necesidad y urgencia. 

Incluso, el amparo del gobernador de La Rioja fue presentado directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces del máximo tribunal aceptaron analizar el planteo pero lo harán en febrero, una vez finalizada la feria judicial.