El ciclo electoral presidencial argentino se asemeja a un torneo deportivo de tres rondas sucesivas y eliminatorias, en las cuales la hinchada debe optar entre los equipos y jugadores que compiten, escogiendo a aquellos que considera más aptos para lograr la consagración final. Se trataría así de una confrontación con tres fases, una de selección (primarias abiertas simultáneas y obligatorias o PASO), otra de elección (comicios generales) y otra de desempate (balotaje).

Esta dinámica trifásica emergió como producto de la combinación de dos reglas electorales formalmente incorporadas en momentos históricos diferentes (las PASO en 2009 y la DV, 15 años antes en 1994). Cabe señalar, también que las dos primeras rondas deben llevarse a cabo ineludiblemente (aun en el caso de que las PASO no operaran como instancia de selección, ya que las fuerzas políticas cuentan con la opción de presentar una única candidatura), mientras que la instancia de desempate es eventual y se celebra en caso de que no se alcanzara la mayoría requerida en los comicios generales. Hasta la fecha, solo en la elección presidencial de 2015 hubo efectivamente una etapa de selección (aún limitada), otra de elección y una tercera de desempate.

En 2019 nos encontramos una vez más ante un ciclo eleccionario complejo y prolongado, con reglas que todavía carecen de familiaridad para los votantes y que aún no han generado comportamientos estandarizados ni conductas previsibles.

En este contexto, emergieron voces críticas demandando la suspensión circunstancial de las PASO. Y la razón es tan irrebatible como insuficiente: los elevados costos del procedimiento electoral, en un contexto de severa crisis económica como la que atraviesa nuestro país, en el que debería primar la austeridad y la reducción de gastos innecesarios. Esto se refuerza con el argumento de que las PASO no se utilizarán con la finalidad para la cual fueron creadas, esto es que la ciudadanía dirima las candidaturas de las diversas fuerzas partidarias.

Sin embargo, el problema con este mecanismo no reside en las vicisitudes puntuales de este proceso específico. De hecho, como se mencionó recién, la “no selección” está prevista por la ley e incluso cuenta con el antecedente de los comicios presidenciales de 2011. Por todo esto, resulta necesario plantear una discusión adecuada respecto de la función originaria de la norma, de las falencias que se procuraba subsanar mediante su incorporación y de la eficacia o ineficacia en la resolución de las mismas.

Procedamos entonces a derribar ciertos mitos relativos a las PASO:

 Las PASO permiten democratizar el proceso electoral con mayor participación ciudadana y menos aparato político.

Entre la participación abierta e indiscriminada que implican las PASO y la imposición arbitraria del aparato político, existe un amplio espectro de métodos alternativos de selección de candidaturas, que pueden dividirse entre “democráticos” (Vg. internas cerradas o elección en convención con delegados electos por las bases) y “no democráticos” (Vg. “dedazo” del líder partidario). Por lo tanto, las PASO no son el único mecanismo democrático, ni siquiera son el más efectivo. Además, su existencia no sustituye el peso del aparato partidario. En efecto, de las 29 coaliciones conformadas para competir en PASO presidenciales, desde que rige esta ley, sólo tres presentaron competencia interna. Por lo tanto, en casi todos los casos la definición de las candidaturas presidenciales ha respondido a decisiones sesgadas de cúpulas o aparatos.

: Las PASO promueven la reducción y racionalización de la oferta electoral.

Luego de la elección general de 2015, se señaló que se había alcanzado la cifra más baja de candidatos presidenciales (6) y de listas a diputados nacionales (110) desde 1983. Sin embargo, a este dato habría que agregar otros dos: uno, en las PASO de ese año se habían postulado 15 precandidatos presidenciales, el segundo número de competidores más alto desde la aprobación de la Ley Sáenz Peña en 1912. Dos, la reducción en las listas legislativas no terminó con la fragmentación parlamentaria; por el contrario, el promedio de bloques partidarios en la Cámara de Diputados pasó de 35,16 (2001-2009) a 42,25 luego de la implementación de la nueva ley electoral.

: Las PASO ofrecen opciones electorales más claras a los votantes.

Se argumenta que con las primarias abiertas se pone fin a la opacidad en la oferta partidaria definitiva. Sin embargo, esta idea encierra una contradicción insalvable: presupone la existencia de una oferta inicialmente opaca que debe ser exhibida ante –y depurada por- los mismos individuos a quienes posteriormente se les brindará una oferta definitiva diáfana y saneada. En efecto, es la multiplicidad de opciones lo que torna opaca, confusa y problemática a la oferta, dificultando que el elector pueda emitir un voto responsable e informado. Y esto vale tanto para la fase de selección como para la de elección.

: Las PASO favorecen la re-estructuración del sistema de partidos.

Según la ley actual, las alianzas son agrupaciones políticas de carácter transitorio, constituidas al único efecto de participar en elecciones. Efectivamente, para cada elección se conforman coaliciones ad hoc, muchas de las cuales se disuelven rápidamente. Y lo peor es que para la elección siguiente se establecen otros armados con componentes cruzados.

Este año, durante los meses previos a la conformación de los frentes oficiales, los ideólogos o armadores de cada espacio político hacían referencia a la necesidad de sumar fuerzas con el objeto de incrementar el “volumen”, el “cuerpo” o el “músculo” de la propuesta de cara a las PASO. Es decir, se ha tendido a crear artificialmente entidades aglutinantes y luego a atiborrarlas, incluyendo a los sectores más diversos. Esto está muy lejos de aquella pretensión inicial, que apuntaba a unificar partidos con intereses comunes en pos de configurar una matriz partidaria de pocas fuerzas políticas, internamente homogéneas y consistentes en lo ideológico y/o programático.

 Las PASO posibilitan que varios partidos midan fuerzas y estabilicen y legitimen acuerdos.

Este argumento presupone que existen diversas opciones competitivas dentro de las fuerzas que participan y que las PASO constituyen el procedimiento adecuado para dirimir compulsas y promover un legítimo y consensuado reparto de espacios de poder entre socios. Sin embargo, las PASO por sí mismas no determinan la instauración de mecanismos consensuados y pactados de toma de decisiones entre los integrantes, una vez que la coalición pluripartidista llega al poder. Esto queda claramente ilustrado con el caso de UCR dentro de Cambiemos.

 Las PASO operan como una gran encuesta nacional, con un elevado poder predictivo.

En relación a este punto, cabe hacer un señalamiento: cuanto mayor sea la capacidad predictiva de las PASO respecto del resultado de la elección general, menor será el potencial de modificar el rumbo de la elección con la que cuenta la ciudadanía bajo este sistema. A su vez, los resultados concretos de las PASO no necesariamente operan de insumo para estrategias racionales futuras de los electores, sino que pueden proveer de cierto impacto simbólico subjetivo que termine convirtiéndolos en una profecía autorrealizada o en un boomerang para quienes tenían expectativas desmedidas.

: Las PASO suministran información respecto de los espacios y proporcionan claves para establecer qué candidatos son los más viables, promoviendo el ejercicio de un voto útil en la elección general.

Un sistema de doble vuelta como el que rige en Argentina (con mayoría rebajada o umbral y distancia) genera incentivos para que en la elección general haya dos o tres candidatos viables. La cuestión reside en que con este dispositivo de tres fases, esos candidatos deben ser previamente seleccionados por la ciudadanía en la instancia de las PASO. En ese sentido, este mecanismo fue ideado para que los electores efectuaran esa selección dentro de cada partido político o coalición de partidos. Sin embargo, nuestro sistema se caracteriza por la existencia de partidos débiles, preeminencia de liderazgos individuales y espacios improvisados y poco consistentes. De este modo, si existe competencia interna, es difícil que las PASO proporcionen información fructífera y que pueda preverse una traslación de votos determinada. Y si no la hay, es factible que se adelante el voto útil a la primera fase, propiciando de antemano un consenso negativo alrededor del “mal menor”.

Así, vemos que los problemas que padece hoy el sistema político argentino no son coyunturales ni reductibles al mal uso de las PASO en este proceso eleccionario en particular. Se trata de fallas estructurales, muchas de las cuales se buscó solucionar mediante la implementación de estas reglas, a partir de una caracterización inapropiada y de la confección de ciertos mitos que han servido de justificativos desde sus orígenes.

El escenario político actual no es una eventualidad, sino que es el emergente de la lógica que impone la legislación electoral y de la adecuación de los actores participantes a la competencia estipulada en tres fases. Es decir, la configuración de estos equipos, con estas insignias y con estos jugadores –tanto titulares como suplentes- es producto de los cálculos y especulaciones de los armadores políticos con el objeto de adaptarse a la dinámica existente.

En suma, a diez años de la aprobación de la ley electoral vigente y en su quinta edición consecutiva, queda claro que las PASO pueden coexistir perfectamente bien con las alianzas incongruentes y antinaturales, con la ausencia de participación de la ciudadanía en la determinación de las candidaturas, con la “rosca política” y con las lapiceras y el liquid paper de último minuto. En síntesis, los males que aquejan a la política argentina no han sido erradicados con la incorporación de las PASO, pero tampoco lo serán con su suspensión momentánea. Lo que se necesita en esta instancia es plantear un debate serio que trascienda la coyuntura, que no se base en decisiones “en caliente” y que evite así el raudal de pasos en falso que acumula la política vernácula.

*Doctora  Ciencia Política. Investigadora Adjunta CONICET. Directora del Grupo de Estudio de Reforma Política en América Latina (GERPAL). Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Facultad de Ciencias Sociales, UBA.