Patricia Bullrich y el mito de los planes sociales: representan solo el 0,2% del PBI

"Vamos a eliminar los planes sociales en seis meses", dijo Patricia Bullrich durante el lanzamiento de su campaña presidencial este martes desde el Yacht Club Olivos. “Cuando fue Gobierno, Bullrich aumentó los planes sociales porque fracasaron en sus políticas económicas y sociales”, le contestó el referente de la Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, desde la manifestación que copó la Avenida 9 de Julio apenas 48 horas más tarde y con la que se pedía, precisamente, ampliar la política social.  

El tema vuelve una y otra vez a la agenda de la política, pero casi siempre desde una mirada estigmatizante de la pobreza y con cierta ligereza en cuanto al análisis de los datos duros. Vistos en profundidad, tanto el esquema actual de planes sociales como la situación laboral de quienes son beneficiarios y beneficiarias permitirían ir mucho más a fondo en dar una respuesta eficaz al problema del empleo y el gasto público. 

El primer dato, llamativo, es que durante 2021 crecieron tanto los beneficiarios de planes sociales como la cantidad de trabajadores que volvieron a tener un empleo formal. Según datos del ministerio de Desarrollo Social, unas 12.120.000 personas cobraban el programa Potenciar Trabajo a diciembre del año pasado, contra 760.644 de enero, un aumento de 500 planes. En paralelo, también a diciembre del 21, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registró a casi 12,5 millones de trabajadores, unos 516.600 más que en el mismo mes de 2020. 

Primera falacia desmentida: los planes no son necesariamente una consecuencia directa de la falta de crecimiento económico o de la generación de empleo formal. No compiten necesariamente con el trabajo. O casi. Veamos. 

Para el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que suele expresar en estudios pseudocientíficos la opinión de ciertos empresarios, “los planes sociales son la competencia de las empresas a la hora de contratar”. Así se titula un informe de abril de este año, que insólitamente sostiene que “las empresas están pagando salarios bajos como consecuencia del entorno adverso en el que operan” y que “la mala intervención del Estado, que no se ocupa de mejorar la competitividad de la economía para que las empresas sean más productivas y puedan pagar mejores salarios, crea incentivos perversos, con lo cual no sorprende que la informalidad laboral supere al empleo asalariado registrado”. 

Más allá de que según IDESA la culpa de los bajos salarios del sector privado la tiene el Estado y los “planeros”, el informe demuestra una realidad cruda cuando va a los números. A octubre del año pasado, dice el estudio, el ingreso promedio de un trabajador registrado era de 68 mil pesos por mes. Mientras que el del sector informal ganaba $28.592 por sus changas o trabajo negreado, pero si se le suman los $16.500 y los $18 mil de la Tarjeta Alimentar si tiene tres hijos, la diferencia no es tanta. 

Esa pequeña brecha, que puede ampliarse o achicarse según la época de cada año y los vaivenes de la puja distributiva (paritarias, actualización del salario mínimo e inflación) es leída por los sectores conservadores, como IDESA, como una distorsión de la economía. Pero también puede leerse a la inversa, tal como dijo el propio Belliboni esta semana: “La idea de eliminar los planes sociales es generar una presión contra el salario, porque sin planes sociales los empresarios quisieran pagar aún menos”. 

Otro dato del SIPA a diciembre de 2021 marca otra realidad no tan lateral en la discusión: durante el año pasado crecieron en un 24,6% los monotributistas sociales. Es la categoría más baja del monotributo y expresa el primer paso de los trabajadores autónomos antes en negro para empezar a formalizarse, de a poco. Por lo general se trata de trabajadores de cooperativas. O como suelen decir indistintamente el Papa Francisco, Emilio Pérsico, Juan Grabois y ahora el Presidente: es la Economía Popular, los que “se crean su propio trabajo” luego de ser expulsados del mercado formal.  

Ese universo, de a poco, empieza a ser registrado por el propio Estado. El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) ya superó los 3 millones de inscriptos a febrero de este año. En nueve provincias, dice el último informe del organismo, hay más trabajadores informales que formales que en el sector privado. Son Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Catamarca, Tucumán y La Rioja, en ese orden en función de la brecha. 

Si se tiene en cuenta que ese universo es potencial destinatario de Potenciar Trabajo, que se creó precisamente como “complemento” desde el Estado para los salarios de la informalidad, hay al menos 1.800.000 que se están quedando afuera. La cantidad de planes podría ser mucho mayor y ese es el planteo que las organizaciones que marchan todas las semanas al centro porteño le llevan una y otra vez a los funcionarios del ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta. 

Es decir, todavía queda un universo importante de trabajadores que están por fuera del mercado formal de la economía pero también fuera de la ayuda que puede ofrecerles el Estado. Algo de eso quedó desnudo cuando unas 13 millones de personas solicitaron el IFE en plena pandemia, un número que por entonces dejó boquiabiertos al Gobierno y a las propias organizaciones. 

El 57% de los inscriptos en el Renatep son mujeres. Seis de cada diez se dedican a sostener comedores y merenderos, un trabajo que por primera vez en estos años empieza a ser reconocido como tal por el Estado, ligado a las tareas de cuidado comunitario en los barrios carenciados (y no tanto). El pago que reciben casi siempre es, para escándalo de Patricia Bullrich, un “plan social”.

Otro de los mitos asociados con los planes sociales es el gasto social. Se suele considerar a las jubilaciones, la AUH y los subsidios a la luz y el gas como parte de un solo paquete para pedir un ajuste, basado en que según datos del Ministerio de Economía, al cuarto trimestre de este año representan todos juntos 3 de cada 4 pesos que eroga el Estado. 

Pero si se mira fina, el presupuesto para el Potenciar Trabajo para este año fue de  $83.500 millones, solo el 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Con la aceleración de la inflación se quedó corto: en apenas los primeros cuatro meses del año ya se gastó el 50 por ciento de esos fondos y la cuenta sigue, porque se adelantaron las fechas de aumentos en el Salario Mínimo, que empezó a cobrarse este mes. 

Aún así, otro informe de IDESA remarca que los planes representan “apenas un cuarto” de los ingresos totales de quienes los cobran. El problema sigue siendo el mismo.