El gobierno de Javier Milei pudo sortear, no sin trabajo, la depurada pero aun  imponente Ley Bases en la Cámara de Diputados. Pero la carrera hacia la aprobación definitiva en el Senado es un partido nuevo. Desde todos los espacios políticos concuerdan en eso.

Con el apuro de querer tener sancionada la normativa de 232 artículos que vienen de Diputados para la fecha del 25 de mayo, cuando el Gobierno celebrará el alardeado “Pacto de Mayo”, esta semana comenzó el tratamiento en comisiones y se mantienen las dudas por el desenlace en el recinto.

No solo la oposición más dura de Unión por la Patria pidió aumentar el número de expositores, más allá de los representantes confirmados por el Gobierno, sino que también se sumaron a este exigencia referentes de otros bloques que hoy ponen un manto de dudas sobre qué determinación tomarán durante el debate.  

El proyecto incluye la privatización de varias empresas públicas y las desregulaciones en el ámbito laboral. Estos dos temas asoman como los menos controversiales para las aspiraciones del Gobierno de que la oposición denominada “dialoguista” dé el visto bueno.

Más difíciles de aprobar serán otros ítems de la Ley Bases. La delegación de facultades para el Presidente Milei, la reforma del Estado, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) son temas urticantes para algunas provincias y se colará el malestar durante el tratamiento parlamentario. Lo mismo sucede con la incorporación del impuesto al Tabaco, que tuvo su momento de polémica y zozobra en la Cámara baja.  

Otro tema que precupa a La Libertad Avanza (LLA) es el paquete fiscal que acompaña a la megaley, particularmente en un tema donde la geografía importa mucho y divide los votos que parecían estar encaminados: la restitución del impuesto a las Ganancias.

Los gobernadores del norte se expresaron dispuestos al regreso del tributo, para mejorar la recaudación. Pero el grupo de mandatarios patagónicos se inclinan por el rechazo. No quieren pagar el costo político con buena parte de su ciudadanía que está alcanzado por ese impuesto, por abarcar “zonas desfavorables”.

NOMBRE POR NOMBRE, EL POROTEO QUE SE DEFINIRÁ SOBRE EL FINAL

-Martin Lousteau y Pablo Blanco (UCR)

Ambos radicales habían votado en contra del megaDNU. El economista aún sigue en duda y su posición, aseveran en su entorno, será a “último momento”. El fueguino Blanco forma parte de la comisión de Asuntos Constitucionales que comenzó a tratar la normativa esta semana y tampoco se definió aún.

-José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz). Responden directamente al gobernador Claudio Vidal. Votaron en contra del megaDNU, por lo que el capítulo de Ganancias será sustancial para conocer su apoyo.

-Andrea Cristina, Edith Terenzi y Juan Carlos Romero (Cambio Federal). En este bloque el debate está dividido, las dos primeras senadores son de Chubut pero Cristina está alineada con el mandatario provincial Ignacio “Nacho” Torres y Terenzi, no. Esta última votó a favor durante el tratamiento del megaDNU.

Tanto en el caso de Chubut como en el de Santa Cruz se pone en duda si estos legisladores apoyarán la normativa en general y después discutirían en particular algunas partes para intentar desmembrar el proyecto, e imponer alguna preferencialidad geográfica en su favor. Buscarán compensar la reincorporación de la cuarta categoría que se volvería a tributar por el impuesto a las Ganancias.

Lo mismo sucede en los unibloques patagónicos. La neuquina Lucila Crexell, de Comunidad Neuquén y que había ingresado al Senado por Juntos por el Cambio (JxC), votó en contra del megaDNU y tiene buena sintonía con el gobernador Rolando Figueroa. Por su parte, Mónica Silva de Juntos Somos Rio Negro, se ubica cercana al gobernador Alberto Weretilneck. Votó en contra del megaDNU y es de las más efusivas en la crítica por el Impuesto a las Ganancias.

Juan Carlos Romero va por otro carril. El exgobernador salteño votó a favor durante el tratamiento del megaDNU en la Cámara alta. Es pieza fundamental para el acercamiento del oficialismo con los bloques denominados “dialoguistas”, que son quienes finalmente habilitan a la titular de la Cámara, Victoria Villarruel, a destrabar debates, promover iniciativas para LLA, o bloquear los proyectos que el Gobierno busca impedir que se discutan.

El vínculo de Romero con el actual mandatario provincial Gustavo Sáenz es cordial, con idas y vueltas desde su asunción. Hoy se muestra más distante del mandatario. Tanto Sáenz como Romero están a favor de la ley Bases, y la diferencia radica en el pragmatismo o en la concordancia de ideas. El gobernador considera que Milei debe tener a mano esa “herramienta” legislativa; Romero, por su parte, directamente simpatiza con LLA, y suele tener de los discursos más encendidos en favor del oficialismo.

-Edgardo Kueder, Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Unidad Federal): Vigo se abstuvo de votar el megaDNU y Kueder y Espínola lo hicieron en contra.

Kueder, armador del bloque de senadores del interior, preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, y su apoyo le permitió a Victoria Villarruel poner en funcionamiento al Senado en enero. Se distancia del kirchnerismo y de la labor de su titular, el formoseño José Mayans. Hoy se mantiene en silencio. Junto con Lousteau son los dos que más juegan con la duda.

Otro unibloque vital para el resultado final es el de Beatriz Ávila, de Justicia Social, por Tucumán. Ingresó al recinto por JxC en 2021. Votó a favor del megaDNU y todavía no tiene definido su voto en este debate. Sus otros colegas provincianos (Sandra Mendoza y Juan Manzur) lo harán en contra. La posición en favor del Poder Ejecutivo del gobernador peronista Osvaldo Jaldo aquí parece no tener influencia.  

Cabe destacar que si la ley no se ratifica en el Senado deberá volver a la Cámara de Diputados. En la Cámara baja se puede insistir con la misma normativa original aprobada allí, pero para eso deberán contar con la misma cantidad o un número mayor de votos que los que hubiera en la Cámara alta.

La otra opción sería la de aprobar los cambios efectuados en el Senado. La salvedad es que en Diputados no se podrá diseccionar la ley para su tratamiento por capítulos o por artículos. El dictamen se trata entero.

Como en estos meses de gestión, el oficialismo va por todo o nada y le prende velas a la oposición “responsable”.