Luego de los recientes dichos del jefe de la Aduana, Gómez Centurión negando la existencia de 30 mil desaparecidos y quitandole peso al genocidio que se produjo en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar, se desperó la polémica  y cientos de dirigentes, incluso del propio Cambiemos, salieron a repudiar lo expresado. 

En este contexto, la diputada de la Nación, Nilda Garré es que presentó un proyecto de ley para sancionar con multas y reclusión en prisión a quiénes nieguen cualquier genocidio. Las penas se verán agravadas si fueran funcionarios los que pronuncien esta negación, tal como ocurrió con Gómez Centurión y Darío Lopérfido. 

"Parece haber una campaña orquestada para lograr la libertad de los condenados por crímenes de lesa humanidad", dijo Garré y agregó que "minimizar al genocidio ayuda a crear un clima donde se considere normal lo que se hizo en la última dictadura". 

Cabe señalar que el proyecto, que ingresó el viernes por la Mesa de Entradas de la Cámara Baja, establece que se castigará con prisión de seis meses a dos años y con multa de 10.000 a 200.000 pesos a quien públicamente negara, minimizara o aprobara "cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad". 

Como se señaló anteriormente, en el caso de que el negador o negadora fuera funcionario público, la pena sería de "un año a cuatro años de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo que el de la condena". 

Este proyecto de ley está en línea con lo que sucede en otros países del mundo Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Hungría, Italia, República Checa y Polonia tienen leyes similares.