Hoy lunes dos comisiones del Congreso de la Nación, la de Presupuesto y Hacienda y la de Legislación del Trabajo, comenzarán a discutir el proyecto de reforma del régimen de ART.

Y aunque esto parezca una simple muestra del funcionamiento del Estado, debe ser remarcado como un logro de todos los sectores que integran el espectro institucional del país.

Es que ante un Ejecutivo que mostró una vez más qué es lo que entiende por la división de Poderes, intentando imponer un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en materia de derecho laboral, es destacable que finalmente el tema se someta a discusión en el ámbito que corresponde, donde los actores involucrados puedan ser escuchados y que todos busquemos llegar a un consenso que, por añadidura, fortalezca la tan invocada calidad institucional.

Sin embargo, la torpeza del Poder Ejecutivo en este tema merece un párrafo aparte. Desde que asumió el gobierno de Cambiemos se tomó atribuciones legislativas que no resisten el más mínimo análisis. Todo empezó con la pretensión de designar dos jueces de la Corte Suprema por DNU, inaugurando su versión de una metodología que se repetiría varias veces durante 2016.

Pero lo curioso del caso ART, es que la Casa Rosada elaboró un DNU sobre un tema que ya tenía media sanción del Senado, lograda en diciembre del año pasado, tras el aporte de la CGT y de abogados laboralistas. De hecho, hay algo más curioso ambos textos prácticamente no tienen diferencia entre sí, salvo por algunas cuestiones que ya abordaremos. Por eso nos pareció un abuso y hasta un capricho intentar resolver el tema mediante un decreto en el que incluso no se logra entender qué necesidad ni qué urgencia viene a atender.

Ante este panorama, iremos a la convocatoria de las dos comisiones parlamentarias para debatir el tema y, si logramos acordar un dictamen, tratarlo el miércoles en el recinto.

A esta altura, es bueno recordar de qué estamos hablando. El proyecto pretende darle más agilidad y acortar el procedimiento de reclamo administrativo que hace el trabajador.

En la ley anterior, el trabajador que se accidentaba debía afrontar un trámite muy engorroso, optando entre la vía judicial o administrativa. Esta modificación establece plazos perentorios para que las Comisiones médicas jurisdiccionales emitan un dictamen sobre el caso y un procedimiento de homologación en su ámbito. Es decir, lo que se pretende es agilizar y hacer más eficaz el procedimiento en las CCMM para que el trabajador no tenga que recurrir a la vía judicial.

Sobre lo que si nos quedan dudas, y será nuestra tarea disiparlas a través del trabajo parlamentario, es que esta ley no aborda ni resuelve el punto débil existente en nuestra legislación la prevención de los accidentes y siniestros laborales.

Por ello, uno de los temas más importantes que debemos discutir inmediatamente, es un proyecto en el que venimos trabajando desde el Frente Renovador, y que apunta a garantizar las condiciones medioambientales de los trabajadores en forma integral y no sólo resuelva el procedimiento pretendiendo con ello acotar la litigiosidad.

¿Qué es esto? La problemática abordada por el proyecto busca atender un hecho consumado, es decir, cuando el accidente o enfermedad laboral ya ha ocurrido. Sin embargo, lo que falta y a ello nos abocaremos- es una legislación que aborde la prevención de los accidentes laborales.

Ese elemento está incluido en el artículo 19 del texto que obtuvo media sanción del Senado, y estableció que en un lapso de tres meses la Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá remitir un anteproyecto de Ley de Protección y prevención de los trabajadores en un todo de acuerdo con las mejores prácticas y normativa internacional con ajuste específico para cada actividad y convenios colectivos de trabajo.

En definitiva, nos preparamos a abordar un cambio en materia de derecho laboral que, por ser de orden público, necesita consensos tanto sectoriales como políticos. Además, es necesario el respeto a las formas si se levanta la bandera de la calidad institucional, no se puede gobernar por decreto y menos en un tema tan sensible como lo es la protección de los derechos de los trabajadores.

No se trata, como pretendió imponer el gobierno, de frenar la "industria del juicio", sino de que haya menos accidentes de trabajo en pos de la protección del trabajador. Ampliar y garantizar derechos, esa es la cuestión.