Quién es el empresario argentino que logró frenar el impuesto a las grandes fortunas

El viernes pasado, la Jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre otorgó la primera medida cautelar contra el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. A principios de febrero, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, había firmado la reglamentación de la Ley votada el año pasado, estableciendo el 30 de marzo como la fecha para la presentación de las declaraciones juradas de las personas alcanzadas por el aporte y el consecuente pago del saldo resultante. A poco más de una semana de la fecha establecida para la realización del aporte, un importante y poco conocido empresario argentino se convirtió en el primero en lograr frenar la medida, al menos por tres meses.

Se trata de Alejandro Scannapieco, hombre fuerte de Globant, una empresa de servicios y tecnología de la información que forma parte del selecto grupo de los Unicornios argentinos, empresas valuadas en más de US$1.000 millones. Scannapieco tiene un recorrido de más de doce años en la compañía, donde actualmente se desempeña como Co-Partner del Studio de Business Hacking. Entre 2008 y 2018 fue el CFO de la empresa, que bajo su liderazgo se convirtió en la primera de servicios de IT latinoamericana en cotizar en la Bolsa de New York.

Marplatense, Scannapieco se graduó como contador público en la UCA y luego obtuvo un posgrado en mercado de capitales en la misma universidad, y un máster en finanzas en la Universidad Torcuato di Tella. Antes de Globant, fue CFO de Microsoft para el Cono Sur, trabajó para el JP Morgan y Ernest & Young.

Con semejante recorrido, no pareciera que el empresario fuera a tener demasiado “stress financiero” por tener que tributar por única vez el aporte solidario. Más aún si se considera el 2020 que tuvo la compañía de la cual es parte. Globant fue la segunda empresa argentina que más creció en Wall Street el año pasado, sólo por debajo de Mercado Libre. Las acciones en dólares de la empresa crecieron un 155%, y los sus CEDEARs, unos certificados de depósitos de acciones de sociedades extranjeras que se compran en el mercado local y tienen una equivalencia en dólares, aumentaron de $1.252 a $5.385. En suma, la cotización de sus acciones se elevó en 330% durante el 2020, y los ingresos de la compañía cerraron el año con un alza del 23,5%, lo cual representó US$ 814 millones. Además, dentro de este crecimiento, las divisiones de América Latina y Europa pasaron de representar un 25% de la facturación a un 34,1%. Mal no les fue, y proyectan un 2021 aún mejor: la compañía estima una suba de 28,6% en sus ingresos, que superarían este año los US$ 1.000 millones.

Traducido a lenguaje llano, el planteo de adjudicarle al aporte un carácter “confiscatorio”, que afectaría la propiedad privada de quienes se vieran alcanzados por el mismo al producirles una descapitalización, consiste en que una misma persona humana sería afectada por dos impuestos de la misma naturaleza, el aporte en cuestión y bienes personales, cuyas alícuotas sumadas podrían alcanzar en el mayor de los casos el 7,5%, provocando que al pagarlos se vieran afectados los bienes y no solo las ganancias de los aportantes. En este punto es fundamental resaltar el hecho que la base imponible se calcula sobre valores fiscales, que todo el mundo sabe son mucho más bajos que los valores reales de muchos de los bienes en cuestión, fundamentalmente inmuebles. Entonces, quienes declaran tener $200 millones, piso patrimonial para verse afectado por el aporte, se calcula que en realidad tienen más del doble de esa cifra en valor real.

Así, aduciendo un ataque a su derecho de propiedad, negando la naturaleza excepcional de este aporte al plantear que no es voluntario y que en verdad se trata de un impuesto, y amparándose en su supuesto carácter confiscatorio, Scannapieco consiguió lo que los ricos siempre consiguen: un aval de la Justicia para frenar las medidas de los poderes democráticos del Estado (elegidos por el voto popular) que afectan a sus intereses. La firma, esta vez, la puso la Jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 8.

La cautelar tiene una vigencia de tres meses, tiempo en el cual la magistrada debería resolver la cuestión de fondo, es decir, la legitimidad o ilegitimidad del aporte extraordinario sancionado por el Congreso. Scannapieco, por su parte, deberá pagar una caución de $100.000 hasta que se resuelva su amparo. De esta manera, llega finalmente al Poder Judicial una de las disputas políticas más resonantes de la pandemia. Restará por verse cuántos Scannapieco más serán avalados por la Justicia para desoír lo resuelto por el Congreso.

Y siempre será preciso recordar que son sólo unos 12.000 de los 44 millones de argentinos y argentinas quienes deberían aportar, por única vez, una ínfima parte de sus fortunas (nunca superior al 3,50% si sus patrimonios está en el país, o 5,25% si están en el exterior) para ayudar a paliar los efectos de la pandemia. Y que la recaudación de ese aporte tiene destinos ya fijados: un 20% irá a seguir reforzando el sistema de salud; otro 20% a subsidiar y financiar PyMES; un 25%  a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural desde YPF; otro 20%  financiará un próximo Plan Progresar; y el 15% irá a financiar la urbanización de barrios populares.

Hoy, la sociedad se escandaliza (entre otras cosas) por los estragos de la marginalidad, como recientemente con el tristísimo caso M, por la falta de vacunas, por el aumento de la tarifa del gas o precio de la nafta, por las dificultades en la educación relacionadas con la pobreza, o por el cierre de empresas pequeñas y medianas y la pérdida de puestos de trabajo. En gran medida esas demandas son alentadas por los medios opositores al Gobierno, con el único fin de desgastarlo políticamente. Resulta tan necesario como urgente comenzar a identificar en las actitudes egoístas de los Scannapieco y en sus maniobras judiciales una raíz estructural de esos problemas de la Argentina.