Respuesta inmediata del Gobierno al apoyo de los movimientos sociales

El martes pasado se dio un encuentro al que quizás no se le prestó toda la atención que podría haber tenido. En medio de la interna, los Ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y de Economía, Martín Guzmán, visitaron una cooperativa de reciclado de la UTEP y se reunieron con los principales referentes de los movimientos sociales. El beneficio fue mutuo. Por un lado, los Ministros acercaron al Ejecutivo a un sector que lo apoya pero venía mostrándose muy crítico por la difícil situación económica y social que golpea a su base social. Por el otro, las organizaciones obtuvieron compromisos de palabra que empezaron a concretarse en acciones este jueves, apenas dos días después del encuentro, en una reunión entre altas esferas de la AFIP y Diputados del bloque oficialista para darle impulso al proyecto del Monotributo Productivo.

Las principales críticas del kirchnerismo hacia Martín Guzmán vienen por la caída del poder adquisitivo del salario, su dedicación a los números macro que pretende el FMI y que desde la orilla K plantean que solo cierran “sin la gente adentro”. En parte, esas críticas surgen de una idea de Ministro alejado de las realidades populares y muy concentrado en planillas de Excel, crítica que bien podría caberle a algún economista de Juntos por el Cambio. Juan Grabois lo sintetizó hace poco más de una semana: “No tiene calle ni formación política, vivió demasiado tiempo afuera”.

Justamente a esa idea le respondió el Ministro el martes, en una visita al conurbano profundo en Almirante Brown, donde recorrió una cooperativa de reciclado en la que trabajan jóvenes de los sectores populares, ex convictos y en proceso de reinserción social. Toda “la calle” y la sensibilidad social que se le reclaman a Guzmán, quien recibió ese espaldarazo en plena interna por parte de quienes le abrieron esa jugada: los movimientos sociales que trabajan todos los días en el territorio.

Otro punto pone aún más en valor ese respaldo que obtuvo el Ejecutivo. Hace casi 20 días, los mismos movimientos sociales metieron cientos de miles de personas en la 9 de julio, desde donde lanzaron un potente mensaje de crítica a todo el arco político por la difícil situación que atraviesa el país y de la cual las peleas palaciegas quedan muy lejos. Para el Gobierno resulta fundamental contar con un apoyo explícito de los sectores populares, sobre todo en un momento donde el relato de la recuperación económica no se decodifica en la vida cotidiana de las mayorías, contexto sobre el que explotan las críticas internas.

Pero el espaldarazo de los movimientos sociales oficialistas no fue un cheque en blanco. Tiene una explicación pragmática de primer orden, y una política de segundo orden. Las organizaciones tienen muy claro el sector al que representan, cuáles son sus necesidades, y tienen una agenda bien definida en ese sentido que empujan hace mucho tiempo. En ese sentido supieron negociar hasta con el macrismo, obteniendo grandes conquistas para el sector como la Ley 27345, que creó el Consejo de la Economía Popular (CEP), el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATEP) y el Salario Social Complementario (SSC), o la creación del Registro Nacional De Barrios Populares (ReNaBaP), a la vez que cosecharon fuertes críticas del kirchnerismo por esa actitud negociadora.

Esta vez, tras la demostración de fuerza del primero de mayo y el gesto de acercamiento con el Ejecutivo, los movimientos sociales obtuvieron el martes un compromiso de palabra de los Ministros para darle impulso a dos proyectos centrales para la Economía Popular: el Monotributo Productivo y la Ley de Régimen de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular.

Un día después del encuentro en Almirante Brown, el Ejecutivo activó una reunión que se concretó este jueves entre altas esferas de la AFIP y Diputados del bloque del Frente de Todos para clarificar la información sobre el Monotributo Productivo y empezar a darle rodaje parlamentario al proyecto que fue presentado el pasado 23 de diciembre con las firmas de Guzmán, Manzur y el propio Alberto Fernández. Hasta ahora el proyecto estaba parado, más allá de los movimientos de algunos legisladores que responden a los movimientos sociales, por lo que la reunión de hoy marca el primer empujón en serio del Ejecutivo a la iniciativa en lo que va del año.

Uno de los asistentes en diálogo con Diagonales calificó a la reunión como un primer acercamiento del Ejecutivo con el Congreso para empezar a articular esfuerzos en pos de que la iniciativa avance hacia su tratamiento parlamentario. Desde los movimientos sociales la consideraron una respuesta inmediata por parte del Gobierno a la reunión del martes, y expresaron a este medio un “cambio de ánimo a partir de hechos concretos” para definir el momento actual de la relación con el Ejecutivo. Participaron Diputados como Carlos Heller, Victoria Tolosa Paz, Itai Hagman y Eduardo Toniolli entre otros, y es de esperarse que el tema empiece a moverse en el parlamento.

A su vez, Guzmán también le dijo a las organizaciones que empezaría a estudiar el proyecto de Régimen de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular, o Ley de la Economía Popular, que el sector ya tiene elaborado y comenzó a empujar con fuerza en el acto del primero de mayo. A diferencia del Monotributo Productivo, la Ley de Economía Popular aún no fue presentada en el Congreso pero el martes avanzó un escalón hacia ello. Una posibilidad es que sea presentada en conjunto con el proyecto de ley de Guzmán para captar la renta inesperada, ya que esa sería una de las vías de financiamiento para la iniciativa de la UTEP.

La razón política de segundo orden, más allá de lo pragmático, del espaldarazo de los movimientos sociales al Ejecutivo, tiene que ver con el distanciamiento desde hace tiempo de las principales organizaciones del sector, particularmente el Movimiento Evita, con el kirchnerismo. En la dinámica de la coalición oficialista, el sector de los movimientos sociales fue desde el inicio del Frente de Todos una de las patas de apoyo del Ejecutivo, junto con la CGT y algunos gobernadores. La difícil marcha de la economía y las energías desperdiciadas en la interna pusieron algo de tensión en esa relación, que a partir de los movimientos de esta semana parece empezar a descomprimirse. De ser así, ello representará un gran activo político para el Ejecutivo que, corrido por el kirchnerismo, necesita mostrar resultados que lleguen a los sectores populares.

LOS PROYECTOS DE LA ECONOMÍA POPULAR

Las dos iniciativas sobre las que discutieron las organizaciones y los Ministros parten de un diagnóstico profundo y apuntan a una solución estructural. El diagnóstico tiene que ver con que el mundo del trabajo se transformó para siempre y ya no puede leerse con las categorías clásicas del empleo formal. Desde esta mirada, existen muchas actividades que los sectores populares se inventaron como formas de trabajo a partir de la exclusión a la que los relegó el sistema formal, y es un error pensar en que la solución se trata de volver a incorporar a los millones que se encuentran en esa situación al empleo formal, sencillamente porque el mercado del trabajo no generará nunca todos los empleos necesarios. La respuesta, entonces, pasa por reconocer a la Economía Popular como un sector particular y específico, y generar tanto los marcos normativos para que sus trabajadores y trabajadoras cuenten con derechos que hoy no tienen como las herramientas financieras y comerciales para potenciar sus proyectos.

En ese sentido, el proyecto del Monotributo Productivo se trata de una iniciativa para reducir los aportes de las categorías más bajas permitiendo la inclusión de millones de trabajadores de la economía popular al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Básicamente estipula que un trabajador de la Economía Popular no tenga que pagar el impuesto a la AFIP por dos años desde su inclusión al sistema, con la posibilidad de extenderlo dos años más. Esto permitiría registrar a unos 7,5 millones de trabajadores de la Economía Popular, recomponiendo el vínculo fiscal entre esa población y el Estado.

El proyecto de Régimen de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular, por su parte, abarca aspectos estructurales para la actividad de la economía popular como un nuevo encuadre legal con una figura propia, posibilidades de financiamiento y un programa de compras gubernamentales. Sus objetivos son promover el trabajo en todo el país, facilitar el acceso del sector como proveedor preferencial de bienes y servicios al Estado, impulsar el financiamiento a proyecto de la Economía Popular e incluirla dentro de la economía formal.

Para todo esto, el proyecto plantea la creación de un nuevo tipo societario, la Asociación Productiva de la Economía Popular (APEP), dentro del cual podrían encuadrarse las actividades del sector con marcos regulatorios y condiciones acordes a sus necesidades. Junto con las APEP, los sujetos inscriptos al RENATEP y las cooperativas inscriptas en el INAES serían los beneficiarios de la ley.

El texto del proyecto estipula también la creación del Programa Apoyo a la Economía Popular en las Compras Gubernamentales (PAEPCG), el cual busca promocionar la compra de bienes y servicios de origen nacional producidos por la Economía Popular. El régimen compromete a la Administración Nacional, la tres poderes de la República, empresas y sociedades del Estado, fondos fiduciarios integrados mayoritariamente con fondos estatales, concesionarios del Estado nacional y sus contratistas a reservar una cuota mínima del 10% de sus adjudicaciones para bienes y servicios de origen nacional producidos por la Economía Popular.

Por último, en materia de financiamiento, el proyecto propone que las entidades bancarias reguladas por el Banco Central destinen como mínimo un 1,5% de sus depósitos en pesos a créditos para proyectos productivos de la Economía Popular. Pero el plato fuerte en este sentido es la propuesta de creación de un Fondo Fiduciario denominado “Fondo Fiduciario para la Promoción del Crédito a la Economía Popular (FEP). El mismo estaría destinado “al otorgamiento de préstamos y adquisición de todo otro instrumento financiero destinado a la ejecución, financiación y otorgamiento de garantías para la realización de proyectos elegibles a fin de promover el acceso al crédito de los emprendimientos de la Economía Popular”, con el Estado Nacional como Fiduciante. Parte de los fondos para esta iniciativa podrían provenir del impuesto a la renta inesperada, por lo que es probable que ambas iniciativas sean presentadas en paralelo y en espejo.

Luego del clima caliente de la semana pasada, en la que el Ejecutivo tuvo que salir a responder al discurso de CFK subiéndose al “debate de ideas” y soportó el duro golpe de un nuevo índice inflacionario altísimo, en estos días el Gobierno se anotó al menos el poroto de la reactualización del apoyo de los movimientos sociales. Dinámica de win-win en la que también los movimientos sociales obtuvieron lo suyo, a partir del compromiso del Ejecutivo para darle impulso a sus proyectos, compromiso que este jueves pasó de las palabras a los hechos concretos.