En la que fue la votación más reñida de la jornada en la Cámara de Diputados, este martes se consiguió incluir en la “Ley Ómnibus” aprobada tras una larga sesión y otorgarle media sanción a la restitución de los impuestos al megaempresario Pablo Otero, conocido como el “Señor Tabaco”, cuya compañía gozaba de un dominio del 33% del mercado de cigarrillos en el país gracias a una exención impositiva que le permitía “salvarse” de alícuotas internas que sí pagaban sus competidores.

La iniciativa fue puesta sobre la mesa por Hacemos Coalición Federal, que exigió el tratamiento de la medida pese a la reticencia de los demás bloques de la Cámara en medio de una maratónica jornada de discusión en Diputados. El escrutinio final fue un retrato justo de esa disputa: 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones, prácticamente una votación de tercios, permitieron darle la luz verde a la reincorporación de la empresa al régimen tributario. La medida fue rechazada por el oficialismo (La Libertad Avanza y el PRO) y por Unión por la Patria (UxP), que evitó votar.

Se trató del punto más “teledirigido” del extenso paquete de medidas a tratar durante la sesión. La propuesta apunta directamente a Otero, dueño de la Tabacalera Sarandí, que logró hacerse con el dominio del 33% del mercado nacional como consecuencia de una serie de ventajas impositivas que le permiten vender sus productos a un menor precio comparativo. En particular, la compañía obtuvo un amparo judicial contra el impuesto mínimo al cigarrillo, que para todos sus competidores es del 73% pero que para el “Señor Tabaco” resulta del 70%.

Cabe destacar que la desactivación de la exención tributaria que beneficiaba a Otero ya había sido incluida en la primera versión de la “Ley de Bases” en el verano último, pero tras el fracaso del proyecto la medida se perdió entre aquellas recortadas del texto con el fin de reencauzar su suerte en Diputados. En tanto, el conflicto con el megaempresario es de larga data y extenso alcance: en declaraciones públicas, afirmó que factura unos 800 millones de dólares anuales producto de la venta de atados; sin embargo, los cálculos dejan ciertas dudas para las autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).