El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que el Decreto de Necesidad y Urgencia 241 del presidente Alberto Fernández, por el cual se suspendieron las clases presenciales en el AMBA, es inconstitucional. El funcionario judicial presentó su dictamen ante la Corte Suprema, pero éste no es vinculante por lo que será el máximo tribunal quien termine resolviendo la polémica entre el gobierno de Alberto Fernández y el de Horacio Rodríguez Larreta.

Casal sostuvo que el decreto presidencial no está fundamentado para tomar una medida como la suspensión de las clases que depende la ciudad de Buenos Aires por la autonomía que tiene sobre la educación como todas las provincias del país. "Considero que los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles", afirmó en el escrito.

Por otro lado, el procurador agregó que en su opinión no está demostrado epidemiológicamente que la presencialidad en las escuelas afecte a la salud. "No ha sido debidamente acreditado que el dictado de clases presenciales haya sido la causa del agravamiento de la situación sanitaria a la que aludió el decreto impugnado, en cuyos considerandos se efectúan afirmaciones genéricas acerca de la necesidad de reducir la circulación de personas y el uso del transporte público, sin precisar adecuadamente la supuesta relación directa e inmediata entre las actividades de educación presencial y el crecimiento exponencial de casos en la región", señaló.

Se trata del primer revés para el presidente Alberto Fernández en la Justicia Federal, tras el amparo presentado por la administración porteña. Larreta recurrió al máximo tribunal para no suspender la presencialidad y durante los últimos 15 días mantuvo abiertas las escuelas de la Ciudad.

Sin embargo, en la previa a los anuncios sobre las nuevas medidas para la semana próxima, el gobierno porteño evalúa la posibilidad de suspender temporalmente la presencialidad en el nivel secundario y parece avanzar en un acuerdo con Nación sobre las futuras restricciones.

Tras el dictamen del Procurador General, la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver el amparo presentado por la administración de Larreta y ambas partes esperar con ansias la decisión final del Máximo Tribunal.