En medio de las críticas del gobierno nacional a la Corte Suprema de Justicia por el traslado de jueces federales, la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley anunció que buscarán llevar adelante un juicio político contra el titular del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz. Por su parte, el magistrado sostuvo que “las acusaciones son completamente infundadas” y que es víctima de una “campaña de desprestigio”.

En un texto que envió a medios de comunicación, el presidente de la Corte Suprema aseguró: “Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”.

“Me han imputado ante el Juzgado Federal 4 tener nada menos que 71 cuentas en el exterior, todas a mi nombre, para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales. La imputación no sólo es falsa, tal como lo manifesté en una presentación que hice en marzo de este año en dicho tribunal, sino completamente disparatada”, ejemplificó el juez de la Corte.

Por su parte, la diputada Siley afirmó que “hay una constante de Rosenkrantz para beneficiar genocidas”, al recordar la participación del magistrado en el pedido de “2x1” para represores condenados en 2017. “No es que no nos gustan las sentencias de Rosenkrantz, sino que en los casos de lesa humanidad escribe sentencias contrarias al derecho vigente”, había dicho la legisladora en declaraciones a El Destape.

Frente a dichas acusaciones, Rosenkrantz sostuvo que era “curioso que se me acuse ahora por la sentencia de ‘Muiña’, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces. También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles. En cualquier caso, lo cierto es que, contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el ‘2×1’ (tanto en ‘Muiña’ como en ‘Batalla’) encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos”.

Por otro lado, la diputada había indicado, en una publicación realizada por las redes sociales, que los “compromisos políticos y económicos” de Rosenkrantz “con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”.

Ante ello, Rosenkrantz se defendió y aseguró que no interviene en ninguna causa en la que puedan aparecer conflictos de intereses ya que se había excusado “en todas las causas en las que se configuraban las causales de excusación obligatoria” y “respecto de la excusación voluntaria, adopté como criterio excusarme o abstenerme de participar cuando consideré que mi participación en la causa podía generar dudas sobre mi imparcialidad en una persona razonable y, con ello, afectar la decisión que habría de adoptar la Corte”.

El texto del magistrado, titular de la Corte Suprema de Justicia, es sumamente extenso. En él desestima otras denuncias y sostiene que “las acusaciones son infundadas” y que no ha “incumplido deber funcional alguno”.