Sin acuerdo por la ley de alquileres: cada cual atiende su juego
El oficialismo impuso su dictamen de mayoría, que mantiene el espíritu de la norma vigente, tal como pedían las organizaciones de inquilinos. La oposición, en minoría, firmó modificaciones que favorecen a las inmobiliarias. El debate seguirá en el recinto, sin fecha a la vista y con resultado abierto.
El consenso tan mentado en torno a una nueva ley de alquileres entre oficialismo y oposición terminó en fracaso. Este martes, al filo del plazo de 30 días hábiles fijado para el debate en la Comisión de Legislación General, cada bloque firmó finalmente su propio dictamen. El acuerdo resultó imposible porque tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio optaron por representar cada uno a los distintos actores e intereses en pugna. Los primeros recogieron los planteos y reivindicaciones de las agrupaciones de inquilinos, mientras que los segundos hicieron lo propio con las Cámaras Inmobiliarias, lo que quedó plasmado en la orientación de cada proyecto.
El texto mayoritario, del oficialismo, deja a trazo grueso las cosas como están: respeta el plazo de tres años de duración de los contratos y el ajuste de los precios vía el Banco Central de la norma vigente, al tiempo que introduce beneficios impositivos para los propietarios con el objetivo de fomentar la oferta.
El Frente de Todos logró así una síntesis que al menos al inicio del debate parecía complicada, sobre todo en un contexto en el que arrecian las diferencias internas. Fue el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, quien llegó primero a un acuerdo con los titulares del bloque del Pro, Cristian Ritondo, y de la UCR, Mario Negri, para evitar que la oposición avanzara en directamente derogar la ley vigente y tomara la iniciativa. Así se estableció que el debate fuera excluyente e inaugural en Legislación General. El acuerdo que se buscaba era mucho más amplio y abarcaba idealmente a todas las fuerzas políticas, dado que en el Ejecutivo la visión mayoritaria era que la ley había “fracasado”, pero no había mucha claridad sobre por dónde avanzar.
Massa le había encomendado a fines del año pasado la tarea de redactar un nuevo texto con alguna de las modificaciones que pedían las inmobiliarias a la diputada Marcela Passo, por lo que de alguna manera la comisión comenzó a trabajar con ese espíritu “regresivo”, según lo definían por lo bajo varios legisladores del oficialismo. Pero al calor de las intervenciones de los actores implicados (más de 130 a lo largo de un mes) el clima se fue modificando. Finalmente se impuso el sector que empujaba la opinión de los inquilinos, con los diputados Federico Fagioli, Paula Penacca, Mara Brawer y Daniel Arroyo a la cabeza.
“Nunca hubo dudas de que íbamos a votar juntos”, bromeaba un legislador en diálogo con Diagonales, en referencia a las tensiones que existieron al menos hasta la semana pasada, cuando se hablaba incluso de estirar los plazos y dejar que la discusión terminara cajoneada.
“Pasaron centenares de especialistas a lo largo de este debate y debo reconocer que, como varios de mis compañeros, modifiqué mi idea inicial de echar para atrás la ley vigente”, arrancó Arroyo en representación del Frente de Todos. “El problema es mucho más el contexto que la norma: tenemos un 60 por ciento de inflación y un 45% de informalidad, así que es muy difícil legislar este mercado. Por lo tanto, creemos que la mejor opción es sostener el plazo de tres años, que aporta estabilidad a propietarios e inquilinos y que el índice que establece los aumentos no quede librado al azar sino atado a parámetros objetivos”, señaló el ex ministro de Desarrollo Social.
En la vereda de enfrente, el dictamen minoritario sí introduce dos cambios fundamentales: retrotraer a 2 años la duración de los contratos, volver a los aumentos semestrales o anuales “según acuerden las partes”, y eliminar la regulación estatal de los aumentos. Ese punto, el más solicitado por las inmobiliarias, se deja abierto, también, a lo que “le resulte conveniente a las partes”.
El tercer dictamen, apoyado por Graciela Camaño (ausente en el debate) recoge el mismo espíritu, pero con matices. Se especulaba con que la titular de Identidad Bonaerense acompañara en su totalidad la iniciativa de JxC, pero prefirió que la desregulación de los aumentos tuviera, al menos, un tope. El que habló por Camaño fue Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro: “Nuestro proyecto incluye medidas que tienden a corregir trabas y desincentivos”, argumentó. Los votos de ese sector serán claves para determinar qué dictamen se impone en el recinto, aunque todavía queda un largo trecho para que eso suceda. El resultado sigue abierto.
“Deberían llamarse juntos por la desregulación”, chicaneó Fagioli al planteo opositor. El diputado, de los más cercanos a las agrupaciones de inquilinos, fue uno de los fervientes defensores de la norma vigente. “Esta es una muy buena ley. Y si hay algo que hay que modificar es aumentar la cantidad de artículos que defienden a los inquilinos que, bajo ningún punto de vista, están en igualdad de condiciones con el mercado", sostuvo.
A su turno, Pablo Tonelli, que había presentado un proyecto aún más ambicioso para desregular el mercado, afirmó que “el problema más importante es el rendimiento económico para los propietarios, que se ha reducido al mínimo histórico. Hoy poner en alquiler una propiedad es un riesgo”. Y calificó de “fascista” la obligatoriedad de blanquear los contratos ante la AFIP, un punto que se mantiene en el proyecto oficialista.
Martín Tetaz, por su parte, protagonizó un paso de comedia cuando intentó dar una clase “de idioma” y le dijo “señora presidente” a Cecilia Moreau, titular de la Comisión, "porque preside un ente". Enseguida se escucharon murmullos y risotadas de las diputadas mujeres. Finalmente, el inconsciente lo traicionó y terminó dirigiéndose a Moreau como “presidenta”. El acting se viralizó rápidamente por las redes sociales.
“Nosotros siempre vamos a estar del lado de los más humildes”, dijo a su turno el sanjuanino José Luis Gioja, uno de los cinco diputados del Frente de Todos que presentó un proyecto por su cuenta. “cualquier proyecto que tiene que ver con la vivienda tiene que mejorar el acceso y las condiciones de los inquilinos. Es mentira eso de la regla del mercado, el que está arriba se va a imponer al de abajo. Por eso el Estado tiene que estar presente para proteger al que menos tienen”, dijo.
“No saben lo lindo que es resolver el problema habitacional de la gente”, dijo el ex gobernador, que aprovechó para recordar que fue “interventor de vivienda” en San Juan antes de la dictadura. El suyo fue uno de los discursos más ideológicos, y más aplaudidos. Alejandro Vilca, del FIT, que estaba a su lado, lo felicitó con un afectuoso apretón de manos.