La cuerda floja del personal del Estado sumó este lunes a más de 3.000 personas que luchan por sus puestos laborales en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sometida al cierre por disposición del presidente Javier Milei. La Casa Rosada ya comunicó que los miles de afectados serán “reubicados” y “pasarán a disponibilidad”, pero el Gobierno deslizó que se trata de trabajadores “irregulares” y no se descarta una ola masiva de despidos. Ante ello, los empleados advierten que “no tolerarán desvinculaciones en base al origen político”.

Tras la conferencia de prensa en la que el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre de la AFIP y la consecuente creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo “simplificado” con una reducción del 34% de la “estructura actual” de la entidad, la comisión directiva de la Unión del Personal Superior (UpsAfip) informó su rechazo a los eventuales despidos, que alcanzarían a 3.155 empleados que “ingresaron durante el último Gobierno de manera irregular”, según afirmó el portavoz.

En ese marco, la agrupación indicó que “no tiene objeciones respecto a la reducción de los cargos políticos -que se llaman altos cargos en el comunicado- entendiendo que se refieren a subdirecciones y direcciones generales”, ya que la disposición de cesanteos “es una facultad del Poder Ejecutivo”. Sin embargo, alertó que “no serán toleradas desvinculaciones en base al origen político, ni por ninguna otra causa que no derive de un sumario administrativo con resolución firme”.

Asimismo, “no será tolerada ninguna forma de afectación” de los haberes del personal, que “está resguardado tanto por la Constitución Nacional como por el convenio colectivo”, precisó la UpsAfip, en virtual pie de guerra por los anuncios del Gobierno libertario. Y agregó: “No dejaremos que se vulneren los derechos de ningún trabajador representado por nuestro gremio, entendiendo que todos gozan de la estabilidad que consagra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.