“Les aviso que hay más”, había dicho el presidente Javier Milei como respuesta a las críticas y cacerolazos en contra del Decreto de Necidad y Urgencia, y no mintió. Este martes, el Poder Ejecutivo envió un paquete de leyes represivas, de ajuste y de concentración de poder al Congreso para que sea tratado en sesiones extraordinarias antes del 31 de enero. 

El texto que entregó el ministro del interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem tiene 351 páginas con 664 artículos que, a minutos de conocerse, generaron una fuerte polémica. 

El proyecto se llama Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, pero el título omite mencionar qué entiende por libertad y a qué argentinos se refiere. Con el argumento de que “Argentina está inmersa en una grave y profunda crisis", la iniciativa de Milei pretende que el Poder Legislativo delege poderes claves al Ejecutivo. 

Para ello, el texto propone que el Congreso haga efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional y declare “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social” hasta el 31 de diciembre de 2025. 

Eso implica que hasta esa fecha, el Congreso delegue facultades legislativas al Presidente para que éste “dicte y aplique la normativa que la emergencia requiere”. En otras palabras: el Ejecutivo acumula poder y el Legislativo queda practicamente anulado. 

Por otro lado, el Gobierno promueve la privatización de más de 40 empresas públicas entre las que se encuentran YPF, Aysa, Banco Nación, Enarsa, las centrales nucleares Atucha, Fabricaciones Militares, puertos, Casa de Moneda, Telam, Canal 7, Radio Nacional, ferrocarriles, satélites, entre otras. 

A su vez, el megapaquete comprende una reforma política que elimina las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y establece un nuevo sistema de elección de diputados en base a circunscripciones uninominales. Esto hace que se elimine la representación de las minorías en la Cámara Baja, dado que aquel partido o fuerza política que gana la mayoría de una "circunscripción" se queda con la banca parlamentaria. 

Asimismo, permite que los partidos políticos financien sus campañas con aportes privados millonarios sin límite y eliminan la publicidad gratuita en radio y televisión. De esta manera, sólo podrán llegar a la población con sus propuestas aquellas fuerzas que dispongan de grandes fondos privados.

CONTRA LOS JUBILADOS

El Gobierno también busca eliminar la fórmula vigente para la actualización de las jubilaciones y pensiones. En cambio, asume la potestad de “realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos” pero no brinda ninguna especificación de qué indicadores se tomarán de referencia, ni cada cada cuánto serán los aumentos, quedando a criterio del Ejecutivo. 

Esta medida es clave para el ajuste fiscal que ya lleva adelante el ministro de Economía, Luis Caputo. Es que el “gasto” previsional, tal como lo definen los autollamados liberales libertarios, representa una clave para las cuentas públicas. El Palacio de Hacienda informó que contempla una reducción del 0,4% del PBI en jubilaciones. 

Así, el aumento que reciban los adultos mayores va a depender de la decisión arbitraria del Poder Ejecutivo cuyo leiv motiv es “no hay plata”. Dicho de otra manera: una vez más en Argentina, los jubilados son una variable de ajuste. 

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Otro punto que despertó polémica son los artículos vinculados a la protesta social que cercenan el derecho de manifestación a partir de una modificación del Código Penal. 

El gobierno de Javier Milei sabe que sus medidas de ajuste causan y causarán una fuerte resistencia social con protestas callejeras. En apenas 17 días de gobierno, la gestión nacional ya enfrentó 3 movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales y movimientos sociales, y una gran cantidad de cacerolazos en distintos puntos del país para repudiar el DNU. 

Por ese motivo, el proyecto de ley propone penalizar la protesta social, a la que describe como una “reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas”, y busca que el corte (total o parcial) de una calle sea un “delito no excarcelable”. 

En concreto, estipula de uno a tres años y seis meses de prisión por entorpecer el normal funcionamiento de transportes públicos y servicios públicos; y de dos a cinco años de prisión para los organizadores (convocantes) de la manifestación. 

El texto es interminable y abarca otras reformas del Código Penal que liberan el accionar policial, algo que ya había adelantado la ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando presentó el protocolo antipiquetes. En esa oportunidad, la funcionaria había anticipado que enviarían un proyecto de ley para ampliar la figura de legítima defensa en el caso de las fuerzas de seguridad. Tampoco mentía. 

El megaproyecto de Milei declara "no punible" el homicidio cuando alguien “perciba peligro” y reinstaura la “obediencia debida” en la Sección III de Legítima Defensa.

Además, dictamina que “quien cómete un delito, aún en grado de tentativa, así como sus parientes en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción a impedido la huída, aunque no concurrieren los exigentes de este artículo en favor de quien se defiende u obra en ejercicio de su deber, autoridad o cargo”. 

La abogada y titular de la Cordinadora contra la Represión Policial e Institucional, María del Carmen Verdú, explicó que dicho artículo “declara no punible al policía, gendarme o prefecto que dispara por la espalda al pibe que huye desarmado tras una tentativa de robo frustrada”. 

MEDIO AMBIENTE

El presidente Javier Milei niega el cambio climático y defendió, públicamente, la libertad de empresarios para contaminar los ríos si así lo desearan, por eso no sorprende demasiado que el paquete de leyes que envió al Congreso sea fuertemente regresivo en materia medio ambiental. 

En primer lugar, la Ley Omnibus modifica la Ley de Bosques. Actualmente, la legislación establece que todo desmonte o manejo sostenible de bosques necesita autorización previa y que “en ningún caso se puede autorizar el desmonte de bosques clasificados como Rojo o Amarillo”.

A partir de la reforma que promueve el Gobierno, se permitiría el desmonte en las zonas Amarillas (áreas  zonas que pueden estar degradadas, pero que con adecuadas actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y ser usados para: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica). 

También se desfinancia casi completamente la Ley de Bosques, que apunta a la conservación de los mismos, establece límites al desmonte y tiene en cuenta los intereses de las comunidades indígenas. 

A su vez, la iniciativa modifica la Ley de Glaciares para permitir la actividad minera en ambiente periglaciar, hasta ahora protegido por ser una importante reserva estratégica de agua y contener una gran biodiversidad.

La lista y los subtítulos podrían continuar, pero sería muy difícil que alguien llegue al final de la nota si se analizaran aquí los más de 600 artículos, uno por uno. Además, alcanza con un simple pantallazo para darse cuenta del espíritu del megapaquete de leyes que el gobierno de La Libertad Avanza y aliados intentan aprobar en el Congreso. 

Ahora será los diputados y senadores quienes deberán frenar este atropello a la democracia y a la división de poderes, incluso hasta por su propia conveniencia dado que de aprobarse la Ley Ómnibus, la existencia del Poder Legislativo carecería de sentido al menos por dos años. 

El Parlamento debe impedir que el Presidente se arroje facultades que no le son propias y que avance sobre leyes y derechos que el propio Congreso consagró en el pasado. Los próximos días son cruciales y los legisladores argentinos tienen la posibilidad de pasar a la historia como aquellos que frenaron un avasallamiento de la República o como quienes lo avalaron.